El Estado nacional y los estados provinciales y municipales otorgan a la Iglesia Católica enormes privilegios económicos, sin los cuales no podría solventar su funcionamiento. Obviamente, en todos los casos se trata de dineros públicos, que provienen de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos del país, seamos o no católicos. La Iglesia recibe beneficios tanto directos como indirectos.
Los aportes directos son de dos tipos:
1) Las transferencias de fondos del gobierno nacional -a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- a la Conferencia Episcopal Argentina, el pago de sueldos y jubilaciones a obispos y curas, las asignaciones por seminaristas y organización de seminarios, los subsidios a parroquias y refacciones de iglesias, el pago de pasajes al exterior y otros similares. La última dictadura militar amplió estos privilegios mediante varias “leyes”, que en realidad son ilegítimas porque el Congreso estaba disuelto.
Ley 21.950, firmada por el dictador Videla. Los obispos y arzobispos titulares reciben un sueldo mensual equivalente al 80% de lo que cobra un juez nacional de primera instancia. Los obispos auxiliares cobran un 70% del mismo importe.
Ley 21.540, firmada por Videla. Los obispos jubilados por razones de edad o invalidez reciben un sueldo mensual vitalicio equivalente al 70% de lo que cobra el presidente de la Nación.
Ley 22.162, firmada por Videla. Los curas de parroquias en zonas de frontera o desfavorables reciben un sueldo mensual igual al de la categoría 16 del escalafón de la administración pública nacional.
Ley 22.430, firmada por Videla. Los curas de 65 años o incapacitados que hayan desempeñado 5 años su ministerio cobran una jubilación mínima así no hayan hecho aportes. Esta asignación no impide que cobren otras, salvo que excedan el doble de la mínima
Ley 22.552, firmada por el dictador Galtieri. En casos de vacancia de los titulares de arquidiócesis, diócesis y otros distritos, los vicarios cobran un sueldo igual al de un obispo titular.
Ley 22.950, firmada por el dictador Bignone. Por cada alumno seminarista, el respectivo obispado recibe un sueldo igual al de la categoría 10 del escalafón de la administración pública nacional.
Según el Presupuesto nacional 2013, estos aportes anuales suman 63 millones de pesos.
2) Mucho más significativos son los cuantiosos subsidios estatales asignados a las escuelas privadas y religiosas de todo el país, que en su mayoría son católicas. Como es sabido, estas escuelas confesionales. El total de subsidios a escuelas de la Iglesia pagados este año por el gobierno porteño y sus pares provinciales asciende a casi 4.500 millones de pesos.
Aparte de los directos, la Iglesia percibe aportes indirectos: las exenciones impositivas. Entre ellas, la principal es la exención de pagar el Impuesto Inmobiliario -el ABL, en el caso porteño- por todas sus propiedades en el país, sean catedrales, basílicas, iglesias, abadías, capillas, conventos, monasterios, colegios, retiros, terrenos y demás inmuebles. Estas exenciones fiscales también rigen para otros credos. En plata, se estima que la suma de estos impuestos no pagados supera el monto que la Iglesia recibe por transferencias (o sea, al menos son otros 63 millones de pesos más).
En resumen, e incluyendo las ayudas municipales, el Estado en su conjunto le otorga casi 5.000 millones de pesos por año a una institución de carácter privado y confesional. A costa de plata que paga todo el pueblo viven los 131 arzobispos y obispos de la Iglesia Católica, más sus 640 curas y sus 1.600 seminaristas, se arreglan sus centenares de iglesias -que a su vez no pagan impuestos-, y se mantienen sus casi 5.000 escuelas, que encima incumplen las leyes vigentes sobre educación sexual e inculcan sus propios dogmas y prejuicios.
Es hora ya de separar de una vez por todas la Iglesia del Estado, que debe ser totalmente laico.
Pablo Vasco
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