El martes 12 de marzo, la compañera Vilma Ripoll se presentó y fue aceptada por el Juez Casanello, como parte querellante en la llamada causa Proyecto X. Patrocinada por el CADHU (Centro de Abogados por los Derechos Humanos) y junto a otros organismos de Derechos Humanos intervinientes en la querella, Vilma exigió se cite en forma urgente a indagatoria a la Ministra de Seguridad Nilda Garré y al senador nacional Aníbal Fernández, ex Jefe de Gabinete y Ministro de Justicia a cargo de la Gendarmería, por el delito de espionaje político y violación de la ley de Seguridad Interior y de las más elementales garantías constitucionales.
Este plan sistemático de espionaje a centenares de personas y organizaciones sociales, de los más diversos orígenes, instrumentado por la Gendarmería desde el año 2005, fue reconocido en su momento por el ex Jefe de la fuerza,  Héctor Schenone. La olla podrida, se destapó a partir de los informes irregulares vertidos en contra de los trabajadores y de los dirigentes y organizaciones que fueron a apoyarlos en la mega causa Kraft. Vilma Ripoll fue una de las dirigentes procesadas por el «délito» de apoyar el reclamo de los trabajadores de la fábrica.
En un primer momento la causa que quedó en manos del Juez ultra K Oyarbide, no llegó a ninguna prueba contundente, lo que le permitió a la ministra Garré decir que se trataba de un inocente software de datos. Sin embargo, y a partir del peritaje de la UBA, encargado por el nuevo Juez Casanello, surgieron pruebas taxativas del espionaje que desmienten a la Ministra. Y estas pruebas encontradas, son solo una pequeña parte de un enorme back up realizado por la Gendarmería antes de borrar los archivos comprometedores.
El gobierno tiene que liberar estos archivos secretos y los funcionarios responsables deben abandonar sus cargos de manera inmediata y someterse a la Justicia.