«Amenazas coactivas». Ésa era la acusación montada contra Adriana Agüero, Gustavo Lerer, Eduardo García y Marcelo Mansilla, delegados de ATE del Hospital Garrahan, por un conflicto del 2005. El juez de primera instancia los aboslvió, pero la cámara penal reabrió la causa.
En defensa de los cuatro compañeros se desarrolló una campaña de la que fuimos parte. Vilma Ripoll, el diputado Bodart y Sergio García (CTA Capital) estuvieron en el juicio y llevaron el pronunciamiento solidario de 10 diputados porteños.
Tan burda era la acusación que el fiscal Horacio Fornaciari planteó que había sido armada por la dirección del Hospital y la viceministra de Trabajo Noemí Rial, la misma que aconsejaba a Pedraza. El tribunal finalmente resolvió el sobreseimiento. Saludamos esta victoria contra la criminalización de las luchas sociales y los luchadores.