Con el ampuloso título de «democratizar» la justicia, el gobierno de Cristina Kirchner pretende en realidad, avanzar hacia una manipulación y control absoluto del poder judicial. Por supuesto, el actual sistema judicial es un recurso del poder político y económico en defensa de sus intereses particulares. La derecha más reaccionaria no es salida frente al kirchnerismo. Desde el MST queremos plantear claramente cómo democratizar en serio la justicia
La afirmación con la cual titulamos este artículo sintetiza nuestra ubicación política frente al debate de la justicia. Y en primer lugar, queremos caracterizar la naturaleza reaccionaria del proyecto K en materia de reforma judicial. Las razones son evidentes, si se abordan los tres pilares del proyecto oficialista:
- Consejo de la Magistratura: la continuidad de este órgano que designa y remueve los jueces, en el proyecto oficialista ya contradice el presupuesto «democratizador» K toda vez que consiste en una instancia de mediación reaccionaria frente a la intervención popular directa en la justicia. El kirchnerismo, por tanto, no solo mantiene este instituto antidemocrático, sino que además, establece cambios a favor de un manejo discrecional por la mayoría gobernante de turno para poner y sacar jueces.
- Cautelares: El proyecto del ejecutivo cercena el derecho democrático a presentar recursos de amparo y lograr cautelares protectivas ya que limita su alcance y habilita a los jueces a permitir el accionar cuestionado sin esperar la resolución de fondo.
- Más burocracia para dilatar las sentencias: Crea nuevas cámaras de casación para aplazar los fallos que le son contrarios, fundamentalmente los que tienen que ver con reclamos sociales y populares, por ejemplo los reclamos previsionales de miles de jubilados.
La cobertura cosmética de acceso por concurso y las publicaciones en internet no significan nada más que artificios sin efecto práctico a favor del pueblo. Por lo tanto, un primer análisis de la propuesta «democratizadora» del kirchnerismo da como resultado que favorece la designación de jueces adictos, recorta las cautelares y obtura las sentencias adversas al poder de turno, con lo cual la ecuación da menos derechos para la gente y más impunidad para el gobierno y su modelo corrupto. Por eso rechazamos de plano esta reforma antidemocrática del gobierno nacional.
El sistema judicial actual no sirve
Está claro asimismo -y lo decimos categóricamente- que si la propuesta oficial es antidemocrática, la posición política de los sectores que critican el proyecto oficialista desde la «defensa de la independencia judicial», es tan o más reaccionaria todavía. Tanto el oficialismo al que critican como ellos mismos, son expresiones de continuismo en la ligazón orgánica de la justicia con el poder político y económico del modelo capitalista de nuestro país. Y unos y otros coinciden en un punto: la oposición a que los jueces sean elegidos de manera directa por el voto popular sin maniobras de ningún tipo. La actual justicia es cómplice de negocios corruptos, protegiendo criminales, narcos y tratantes de personas. Es la misma institución que «salva» de culpa y cargo a los funcionarios señalados por comisión de negocios espurios. Es la justicia que actuó para intentar garantizar impunidad para el poder de turno en los casos de Cromañón, Marita Verón u Once. Por eso, de lo que se trata es de provocar una reorganización transformadora de este andamiaje a favor de los intereses populares.
El macrismo en la Ciudad, igual que la reforma K
El doble discurso y la caradurez política no son rasgos privativos del gobierno nacional. El jefe de gobierno de la CABA también tiene lo suyo. Mientras posa para la foto en las escalinatas de tribunales «en defensa de la justicia», su partido igual que el FPV pretende cercenar las medidas cautelares en la ciudad. Los amparos que prosperaron como recurso auxiliar importante de la lucha social, son un obstáculo para la avanzada privatista del macrismo –el kirchnerismo que pacta en la Capital. De hecho, nuestro diputado Alejandro Bodart logró con este recurso frenar el tarifazo del subte que había dispuesto el PRO. Por eso es fundamental clarificar: Cristina y Macri atropellan los derechos del pueblo, por eso así como pactaron negocios inmobiliarios comunes en la legislatura porteña, también se dividen la tarea de apretar el torniquete sobre la justicia para recortar amparos y el acceso a la justicia para la población. Ninguno de los dos gobiernos es salida.
Nuestras propuestas para una real democratización
En resumen de lo dicho, a los jueces los ponía, los pone y con el proyecto del kirchnerismo los seguirá poniendo el poder político mediante componendas. Lo nuevo es que los K pretenden avanzar en poder controlar más a fondo ese mecanismo para enfrentar la etapa de «ciclo descendente» que transita el proyecto de gobierno y garantizarse impunidad en el próximo período. La realidad es que para tener una justicia realmente independiente del poder político, los jueces deben ser elegidos mediante el voto del pueblo como en cualquier otra elección. Y lógicamente, también deben poder ser revocables por el mismo método: el sufragio universal. Este dispositivo no es una novedad, ni estamos por eso inventando nada. En Bolivia se aplica desde el 2009. En primera instancia la Asamblea Legislativa elige un pool de candidatos que despliegan una campaña de información y finalmente la población los vota. Así es para los jueces de los tribunales más importantes. En los EE.UU., la mayoría de los Estados tiene alguna forma de selección popular de jueces, incluso los de la Corte Suprema en 12 Estados. En Japón, los jueces de la Corte son objetivo de mecanismos plebiscitarios de ratificación o remoción.
Por lo tanto, desde el MST queremos enumerar una serie de propuestas positivas para avanzar en una real democratización judicial:
- Elección de los jueces por voto popular, con mandato limitado y revocable.
- Implementación de los juicios por jurados populares, previstos en la Constitución nacional desde 1853 pero nunca puestos en práctica a nivel nacional.
- Pleno respeto al derecho de amparo, sin restricciones de ningún tipo.
- Remoción inmediata de los jueces federales nombrados por la dictadura militar que aún hoy siguen en funciones.
Sólo con un conjunto de medidas de reorganización y cambio estructural como éstas, es posible empezar a construir una justicia independiente del gobierno de turno y al servicio de los intereses sociales del pueblo.
Mariano Rosa
