En la sesión del jueves 11 en la Legislatura porteña, y después de cacarear largamente contra la reforma judicial del gobierno K, a la hora de votar el PRO hizo salir del recinto a varios de sus diputados. Así hizo caer el quórum e impidió que la declaración en danza fuera aprobada.
Esa maniobra no es casual. Tal como el gobierno nacional, Mauricio Macri también pretende cercenar en la Ciudad el derecho constitucional a los recursos de amparo y las posibles medidas cautelares protectivas que dicten los jueces. Es que le molestan profundamente los amparos que trabajadores y vecinos presentan en defensa de sus derechos o que enfrentan medidas privatistas y de ajuste del gobierno macrista, como el amparo presentado por nuestro diputado Alejandro Bodart que le frenó su tarifazo del subte.
Macri, su vicejefa y sus ministros no sólo se quejan de una supuesta «industria del amparo» que le pone «palos en la rueda» a su gestión, sino que diputados del PRO como Martín Ocampo y Cristian Ritondo tienen presentados proyectos de ley para recortar las cautelares en la justicia porteña. Es decir, tienen la misma pretensión antidemocrática que Cristina.
Es más: cuando el 7 de noviembre de 2011 la Legislatura votó sus tres representantes en el Consejo de la Magistratura, el PRO y los K pactaron repartirse dos y uno respectivamente, desplazando al candidato propuesto por Proyecto Sur -el jurista Beinusz Szmukler-, a quien le correspondía ese cargo por ser entonces la tercera fuerza política porteña.
¿Con qué cara cuestiona Macri la reforma judicial K si él, igual que Cristina, busca recortar los amparos y las cautelares porque su gobierno avasalla derechos de la gente? ¿Con qué cara se sube a la marcha del 18A si él, igual que Cristina Kirchner, quiere control político sobre el Consejo de la Magistratura para digitar y repartirse el nombramiento de jueces con los K? Criticar en público una medida mientras por lo bajo se la sostiene es una impostura política completa.
Pablo Vasco
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