El 2 de mayo, los diputados Alejandro Bodart y Adrián Camps, la Defensora del Pueblo adjunta Graciela Muñiz, comuneros y Vecinos en Defensa del Espacio Público presentaron en la ANSeS una impugnación al concurso de proyectos inmobiliarios para los predios ferroviarios de Palermo, Liniers y Caballito.
Bodart afirmó: “Estos concursos, hijos del pacto PRO-K, son ilegales. Violan la ley nacional 19.549 de procedimiento administrativo y la ley porteña 4.477, que obliga a convocar a las juntas comunales como observadores de los concursos. Ambos gobiernos atropellan todo para imponer sus negocios inmobiliarios.”
Asimismo, Bodart cuestionó al arquitecto Mario Boscoboinik, ganador del concurso para las playas de Palermo y a la vez Director General de Fiscalización y Control de Obras del gobierno porteño: “Para dibujar los planos que presentó al concurso, Boscoboinik hizo trabajar a profesionales de la DGFYCO, o sea del Estado. Incluso imprimió allí sus planos, con los plotter y tintas que son insumos públicos. Todo esto lo denunció dicho personal al jefe de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión. Boscoboinik, quien como funcionario ahora ‘controlará’ sus propias obras -una aberración antiética-, hasta hace poco presidía nada menos que la Comisión de Ética del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.”