Las derivaciones de la brutal represión en el Hospital Borda siguen. A la interpelación del ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro el 27 de abril le siguió la de su par, el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín, quien el 7 de mayo también tuvo que concurrir a la Legislatura porteña a dar explicaciones.
Si Montenegro dijo que el operativo lo había pedido Chaín, éste a su vez dijo que las órdenes fueron exclusivas de Montenegro. Como en el juego del “gran bonete”… ¡pero con 50 personas heridas y un taller de salud mental derrumbado de por medio!
Igual que Montenegro, ante los diputados y las organizaciones gremiales y sociales presentes Chaín no pudo defender lo indefendible. Fue un operativo claramente ilegal: con palos, balas y gases, Mauricio Macri y su Policía Metropolitana reprimieron violentamente y violaron la cautelar que mantiene suspendidas las obras del Centro Cívico.
Pedidos de informes y denuncia penal
En la sesión del jueves 9, el PRO tuvo que aceptar la aprobación de varios pedidos de informe sobre los hechos del Borda. Entre ellos se incluyó uno de nuestro diputado Alejandro Bodart por la cuestión del asbesto: un material cancerígeno contenido en los techos del Taller 19. Según el gobierno macrista, se derribó el taller para proteger del asbesto a los trabajadores y pacientes. ¡Pero no hizo el manejo de riesgo que las leyes exigen para ese material y, encima, con el derrumbe, esparcieron todo por el aire!
Por esta irresponsabilidad con el asbesto, Bodart amplió su denuncia penal contra Macri, Montenegro, Chaín y el jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace. A la acusación por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, daños y lesiones, le sumó entonces el delito de estrago doloso.
Proyecto de ley: no al Centro Cívico en el Borda
Como nuestros lectores saben, la ley de Macri para vender el ex Mercado del Plata y usar ese dinero para el Centro Cívico fue aprobada por el PRO y los K. A raíz de una pregunta de Bodart, en la interpelación a Chaín salió a luz que, como parte del pacto PRO-K, dicha ley fue acordada por ambos sectores en dos reuniones -una en la Legislatura y otra en la ANSeS- entre los kirchneristas Axel Kiciloff, Diego Bossio, Juan Cabandié, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti y Aníbal Ibarra junto a Cristian Ritondo y otros macristas.
Bodart continuó: “Esa ley es una barbaridad porque todos sabíamos que el objetivo del PRO era construir el centro cívico en el Borda. Esto se discutió en las audiencias públicas y en cuanto lugar hubo. Todos los que quieran, tienen una forma de rectificarse de lo que pasó en aquel momento. Ya mismo armemos una ley en la que quede clara la zonificación. Es ilegal todo lo que han hecho y por todo lo que se explicó aquí no pueden avanzar en el Borda. El cambio de zonificación tendría que venir a la Legislatura; si no, no lo pueden hacer. Pero teniendo en cuenta lo que es este gobierno, pueden intentarlo. Dejemos establecido que no puedan hacerlo: hagamos entre los 31 (diputados opositores) una ley y tratemos de pechar para que prohíba de manera clara y contundente hacer algo que no sea construcción hospitalaria en el Borda. Esto es lo que hay que hacer para pararles la mano.”
Precisamente, ese proyecto de ley protectivo fue presentado el martes 14 por el Taller Pan del Borda, el Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, la radio La Colifata, la Comisión del Nodo de Salud, La Cueva, la Asamblea en Defensa de lo Público y otras organizaciones sociales. Al cierre de esta edición ya lo han hecho propio 14 diputados: Alejandro Bodart, Virginia González Gass, María América González, Rocío Sánchez Andía, Laura García Tuñón, Fabio Basteiro, Adrián Campos, Pablo Bergel, Maximiliano Ferraro, María Elena Naddeo, Julio Raffo, Susana Rinaldi, Aníbal Ibarra y María José Lubertino. Se siguen juntando firmas…
Macri, a juicio político
En la reunión con Chaín, Bodart también fue claro sobre este tema: “Hay una responsabilidad muy grande, no sólo del PRO sino de toda la oposición: que esto quede impune o actuar con las medidas que tenemos como oposición. Si un funcionario no quiere renunciar y creemos que debe renunciar, tenemos una medida para actuar: el juicio político. Esa atribución es constitucional. Si todos los diputados que hemos dicho oponernos a esto -la cifra me da 31- nos juntamos y presentamos el juicio político, es posible avanzar. Si no se presenta el juicio político, quiere decir que nuevamente se dice una cosa y se hace otra. Llamo a la oposición a que no sea cómplice, que no permita que esto vuelva a ocurrir, porque mañana habrá un muerto. El que no avanza ahora y le pone freno a esta gente (el PRO), mañana no tendrá cara para hablar cuando esta gente actúe de esta forma.
“Para iniciar el proceso de juicio político se requieren 31 votos. Para el final del juicio político hacen falta 40 votos, pero para iniciarlo se requieren 31 votos como cualquier resolución o ley. Eso lo establece el Reglamento. No nos excusemos en cuestiones reglamentarias. Si no queremos darlo, digamos que no lo vamos a dar, pero no argumentemos cosas que no son.
“Discutamos la posibilidad de avanzar en el juicio político, muchachos. Si no lo instrumentamos, venimos acá a hacer una reunión de catarsis, pero a los efectos conducentes de aquí a 15 días no se va a hablar más del tema y esto va a quedar impune. La forma de que no quede impune es que lo que se dice con el pico se lleve a cabo en los hechos y se avance con un proyecto de ley que realmente juzgue lo que pasó. (Aplausos)”
Pablo Vasco
III Jornada de salud mental
El miércoles 15, en la Legislatura, la Mesa Permanente Intersectorial de Salud Mental -integrada por numerosas organizaciones del área- desarrolla la jornada denominada “De la letra de las leyes a la realidad. Construcción colectiva de un plan de salud mental”.
Abren el evento los diputados González Gass, Selser, Naddeo, Sánchez Andía y Bodart. Luego de las disertaciones de los especialistas Emiliano Galende, Mario Rovere y Alicia Stolkiner, se realizan varios talleres y un plenario de cierre.
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