Mientras cerramos esta edición se pudo saber que la Corte Suprema aceptó el recurso de per saltum interpuesto por el kirchnerismo para el tratamiento de la constitucionalidad o no de la convocatoria a elecciones para la integración de ese órgano. Este hecho se da después de que la jueza Servini de Cubría fallara por la inconstitucionalidad de esa elección. El gobierno nacional se aproxima a recibir otro cachetazo político.

La coyuntura electoral acumula problemas para el kirchnerismo. Por un lado, los problemas de la economía que horadan la situación social y alimentan el malestar de la población; por otro, las grietas políticas que se profundizan al interior del propio oficialismo y además la realidad que no para de golpearlos: lo último es un nuevo choque de trenes en el Sarmiento con muertos y heridos. Los problemas de la economía, la inflación, fuga de dólares y nula inversión con su secuela de entancamiento. Suma el explosivo factor del reagrupamiento en provincia de Buenos Aires de intendentes y el aparato del PJ alrededor del sciolismo y Massa, que acaba de inscribir su propio partido en el cierre del plazo electoral, presentan un cuadro complejo para los K. No tienen candidatos de peso en la provincia de Buenos Aires y así como el desastre social de las inundaciones sepultó a Alicia Kirchner, posiblemente el nuevo choque en el Sarmiento haya terminado con Randazzo como candidato expectable. En ese contexto, la carta que el kirchnerismo se jugó con la elección de consejeros de la magistratura es indispensable para su proyecto. Frente al casi seguro escenario adverso en las PASO de agosto en distritos fundamentales del país, el oficialismo diseñó un esquema para la elección de consejeros con el objetivo de nacionalizar la elección en esa categoría –sería el único cuerpo de la boleta que se repetiría en todo el país- y a través de candidaturas tales como las de Susana Trimarco o Estela de Carlotto busca diluir políticamente o por lo menos intentar disimular el chubasco electoral. Sin elecciones al consejo de la magistratura, el panorama para el FPV es muy complicado.

La corporación judicial se abroquela reaccionariamente

Hay una orientación política inequívoca de toda la oposición de derecha -desde el PRO hasta Carrió, la UCR y el propio Pino- que se ubicaron ante el debate de la reforma judicial en defensa del statu quo. Clarín y La Nación están operando furiosamente para que naufrague la elección de consejeros por dos razones: para que el kichnerismo no logre ser la fracción hegemónica en el control del aparato judicial; y que además, reciba el golpe político de que la propia corte suprema que Néstor Kirchner armó le impida con un fallo esta elección. Doble al kirchnerismo. Cuentan para eso con el abroquelamiento de todo el aparato judicial que defiende sus privilegios: cargos a perpetuidad, virtualmente derecho de herencia para cargos en los juzgados y reparto de cuotapartes de poder al interior de este eslabón estatal entre los principales estudios jurídicos. Desde ahí se ubican los fallos que distintos jueces están sustanciando. Por eso, ni los K que quieren imponer su propio control hegemónico de la justicia ni la derecha más retrógrada que defiende los privilegios feudales de esta institución oscurantista son una opción en esta disputa para el pueblo.
Seguramente la corte fallará contra la elección de consejeros y el kirchnerismo recibirá un golpe político. Sin embargo, se mantendrá como está un aparato decadente que defiende intereses económicos y políticos de las corporaciones capitalistas.

El MST – Nueva Izquierda presenta lista para consejeros de la magistratura

Nuestra posición sobre la falsa democratización judicial K ha sido clara: esta justicia como está no le sirve a los intereses sociales de las grandes mayorías y por eso es súper reaccionaria la defensa encendida que hacen de este aparato estamental los sectores de oposición conservadora. Por eso, frente a la posibilidad de que realicen elecciones para la integración del consejo presentan una alianza entre el MST y Nueva Izquierda para ser una alternativa también en este terreno al oficialismo y la derecha patronal. Con presencia en 20 distritos del país nuestra fuerza nacional no regala ningún espacio a los partidos tradicionales: peleamos en todos los terrenos. Y en este, el de la necesaria reorganización de la justicia, también.

Plataforma del MST-Nueva Izquierda para el Consejo de la Magistratura

Consideramos que democratizar la Justicia es una tarea pendiente desde hace mucho tiempo. El juicio por jurados significa que un grupo de ciudadanos y ciudadanas, designados por sorteo dentro del padrón electoral, se encargan de establecer si el acusado es inocente o culpable y en ese caso a posteriori el juez dicta la pena. Es una forma parcial de participación popular en la tarea de hacer justicia, en el caso de los juicios penales, ya vigente en numerosos países del mundo. Sin embargo en Argentina la implementación de este dispositivo democratizador sigue demorado, no obstante estar incluido en la Constitución Nacional de 1853. Por lo tanto, consideramos que de hecho el pueblo sufre en este punto ciento sesenta años de retraso.
Pero si bien resulta imprescindible, la principal medida de democratización que creemos necesaria tampoco se agota en el sistema de juicios por jurados.
Los jueces son nombrados y removidos mediante un complejo mecanismo a través de los Consejos de la Magistratura, integrados en su mayoría por representantes del poder político. Por eso, consideramos fundamental modificar el actual statu quo a favor de una real democratización judicial que habilite canales de participación popular que de forma integral subordine el poder judicial no al gobierno circunstancial del Poder Ejecutivo, sino a la soberanía popular.
Para tener una justicia realmente independiente del poder político y de las corporaciones económicas, los jueces deben ser elegidos mediante el voto popular, como en cualquier otra elección. Y lógicamente, también deben poder ser revocables por el mismo método: el sufragio universal.
Este mecanismo se aplica en varios países. En Bolivia, por ejemplo, desde la reforma constitucional de 2009. Primero la Asamblea Legislativa elige a los precandidatos a jueces. Una vez aprobados por la Cámara, los candidatos despliegan un tipo de campaña de naturaleza informativa. Así se votan los miembros de los principales tribunales. En los EE.UU., la mayoría de los Estados presenta alguna forma de selección popular de jueces, incluso los de la Corte Suprema en 12 Estados. En otros 21 Estados, los jueces se votan en elecciones simultáneas con las generales o separadas. En otros 16 Estados a los jueces los nombran el gobernador o la Legislatura y cada 12 años la población plebiscita si continúan en su cargo o no. En Japón, los jueces de la Corte son sometidos al mismo mecanismo de ratificación. En la ex URSS se votan los jueces de los tribunales inferiores, así como en algunos cantones de Suiza y municipios de Francia. En Colombia, Perú y Venezuela se votan los jueces de paz.
Como parte de democratizar el actual sistema político, y como un paso hacia un cambio más integral que viabilice una real soberanía popular, desde el Frente del Pueblo proponemos las siguientes medidas como plataforma programática para la elección de Consejeros de la Magistratura con el compromiso de impulsar el debate en el sentido señalado más arriba:

• Elección de los jueces por voto popular, con mandato limitado y revocable.
• Implementación de los juicios por jurados populares, previstos en la Constitución nacional desde 1853 pero nunca puestos en práctica a nivel nacional.
• Pleno respeto al derecho de amparo y medidas cautelares, sin restricciones de ningún tipo.
• Remoción inmediata de los jueces federales nombrados por la dictadura militar que aún hoy siguen en funciones.
• Sólo con un conjunto de medidas de reorganización y cambio estructural como éstas, es posible empezar a construir una justicia independiente del gobierno de turno y al servicio de los intereses sociales del pueblo.