A mediados de julio, mediante su Decreto 272, Mauricio Macri ordenó desarticular el Cuerpo de Inspectores del Trabajo, órgano que controla la aplicación de las leyes y normas de seguridad e higiene laboral en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso instruyó a los jefes de la Dirección General de Protección del Trabajo (DGDPT) y de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Ezequiel Sabor y Juan José Gómez Centurión respectivamente, a traspasar dicho Cuerpo desde la primera a la segunda área.
Esta decisión ha abierto un doble conflicto, como nos lo explica el ingeniero Edgardo Castro, inspector del trabajo, militante del MST y delegado general de ATE en dicho organismo: “La medida de Macri afecta nuestra seguridad jurídica como trabajadores y a la vez la seguridad pública porque desmantela los controles del Estado sobre el trabajo en negro y esclavo, que incluye la trata para explotación sexual o en talleres clandestinos, así como el trabajo infantil y la seguridad en las obras e industrias para evitar derrumbes, incendios y accidentes de trabajo.”
“La excusa macrista fue la ‘eficiencia’ y hacer una misma inspección por establecimiento. Pero la Agencia y Trabajo controlan cuestiones totalmente distintas y en base a leyes distintas. Según la Ley 2.624, la AGC inspecciona obras, habilitaciones e higiene alimentaria. Nada más. En cambio nosotros nos regimos por el Convenio 81 de la OIT, utilizamos como herramienta la Ley 265 y aplicamos leyes y decretos específicos en materia laboral.”
Castro nos comenta la actualidad del conflicto: “Estamos presentando recursos de amparo, tanto individuales como colectivos junto a otros organismos. El martes 6 hicimos una radio abierta ante la Subsecretaría de Trabajo para denunciar el desmantelamiento y tuvimos apoyo de muchas comisiones internas de ATE. El martes 20 haremos una conferencia de prensa en la Legislatura y el jueves 22 convocamos a una movilización a la Subsecretaría coordinada con la CTA Capital.”
El diputado Alejandro Bodart, que junto a Sergio García (CTA) acompañó la radio abierta, presentó el mismo día 6 en la Cámara Nacional de Apelaciones una denuncia penal contra Sabor y Gómez Centurión por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que con su resolución violaron leyes de la Ciudad, nacionales e internacionales1 . Como dijo Bodart, “con este ataque Macri le da vía libre a la inseguridad laboral, el empleo en negro y la trata de personas.”

¿Y los controles de instalaciones? 

La explosión de Rosario obliga a rever cómo funcionan otros controles públicos. Además de sus propios inspectores, para ejercer estos controles la Ciudad apela a un cuerpo externo de profesionales peritos verificadores. Estos peritos verifican las obras (PVO), habilitaciones (PVH) y ascensores (PVA), pero no las instalaciones:

En agosto de 2001 se creó por decreto la figura del verificador de instalaciones sanitarias (PVIS) y su registro, pero hasta el día de hoy no se aplica.
En cuanto a la electricidad, Edenor y Edesur sólo hacen un control al instalar sus medidores. Y la Ciudad únicamente inspecciona las grandes instalaciones (ascensores, ventilación forzada, maquinarias), pero no las redes domésticas.
El caso del gas es peor: Metrogas sólo controla al instalar su medidor. Supuestamente, a esas tres privatizadas las controlan los entes reguladores nacionales (ENRE y ENARGAS), pero es sabido que no lo hacen. Y el Estado porteño, salvo que haya una denuncia, no inspecciona ni verifica nada.

¿Y los controles de obras?

Cuando se inicia una obra en la Ciudad se debe registrar en la DGROC2. Esa área está a cargo del arquitecto Guillermo García Fahler y su segundo es Sergio Trovato, ligado a la conducción burocrática del Sutecba… Una vez registrada la obra, la DGROC pasa el trámite a la DGFyCO3. El jefe de ese área es Osvaldo Alonso, un ingeniero químico…
La DGFyCO debe mandar por sorteo a los verificadores en cuatro etapas de la obra, según lo ordena la ley de Código de Edificación de la Ciudad. La cuarta etapa es la llamada final de obra. Pero no todo funciona en forma cristalina.
La arquitecta Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Profesionales Peritos Verificadores y miembro del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo4 nos decía: “Para que el sistema de control público no sea cosmético y brinde seguridad es imprescindible hacer cumplir la normativa al pie de la letra. Si en cada etapa de obra no se designa al verificador en tiempo y forma, no se cumple el rol de prevención y se corre el riesgo de llegar tarde, cuando ya hay cosas mal hechas. A su vez el negocio inmobiliario presiona para que el Estado permita subdividir y comercializar en la etapa 3, sin final de obra. Habría que impedir esas presiones y facilitar la final de obra cuando realmente estén cumplidos todos los requisitos.”
Para “acelerar” el trámite de registro y la final de obra no son raras las prácticas de coimas. Como hay “caja” de por medio, la DGROC y la DGFYCO se disputan las potestades de control.
En tiempos en que la corrupción y el descontrol estatal tienen un costo en vidas, Macri no solo no revierte todas estas falencias en el control de las obras e instalaciones sino que desmantela la inspección laboral agregando nuevos riesgos a los ya existentes. La solución es la opuesta: transparentar y fortalecer todo el sistema de control público, empezando por defender a los compañeros de inspección del Trabajo contra el traspaso.

1. La causa Nº 40.336/13 recayó en el Juzgado Correccional Nº 12, a cargo del juez Sergio Torres.

2. Dirección General de Registro de Obras y Catastro, que depende del Ministerio de Desarrollo Urbano.

3. Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, que depende de la AGC.

4. Electa por minoría, por la Lista Blanca opositora.

Pablo Vasco, dirigente del MST