En el año 2005 se produce un hecho aparentemente de robo y huida criminal de un ladrón en el sur de la Capital, en el barrio de Pompeya. La versión policial -que los medios reproducen- indica que después de robar en la localidad bonaerense de San Martín, Fernando Carrera huyó en su auto. Identificado por un comando policial intentó volver a escaparse y en su loca carrera delictiva circulando a gran velocidad por una avenida atropelló a varias personas matando a tres de ellas. Esta fue la versión oficial de la policía federal. A partir de ahí la justicia lo condenó a 30 años de prisión. Sin embargo, 5 años después el cineasta Enrique Piñeyro difunde en una película -El Rati Horror Show- su investigación independiente y demuestra que todo se trató de una gran farsa montada por la complicidad policial-judicial. La corte suprema ordenó la revisión de su caso y quedó en libertad. Ahora, nuevamente otro tribunal lo volvió a condenar y de no mediar cambios volvería a la cárcel.

El caso conocido como la “Masacre de Pompeya” es una prueba categórica de violencia institucional contra inocentes. Tal como la defensa de Fernando Carrera demostró y a partir del contundente alegato cinematográfico de Enrique Piñeyro en su película “El Rati …”, toda la causa que condenó a Carrera está montada para encubrir responsabilidades policiales, judiciales y finalmente políticas. Algunos ejemplos de esta causa armada:

• El marco de todo el fallo condenatorio esta cruzado por la “inversión de la carga de la prueba” ya que se le impone a Carrera la culpabilidad de hecho y por sentado que el testimonio de la comisaría 34° -la misma que mató a Ezequiel Demonty- es veraz
• No fueron tenidos en cuenta dos testimonios aportados por la defensa después del estreno de “El Rati …”. Son los que prueban que el Peugeot 504 negro de la policía que se abalanzó sobre Carrera no tenía identificación y que los policías dispararon contra Carrera y que éste jamás disparó un solo tiro. A su vez, uno de esos testigos aseguró que vio y escuchó al auto de Carrera transitar con el motor forzado, a muchas revoluciones y haciendo mucho ruido -o sea que no utilizó la caja de cambios-, descartando así la teoría de los jueces que Carrera efectuó maniobras luego de comenzar su huída y que no quedó inconsciente por el disparo en la mandíbula
• Carrera no fue reconocido como el autor del robo que se le imputa y del que supuestamente venía escapando por ningún testigo
• El fallo de la justicia asegura que Carrera robó con un cómplice. Sin embargo, este compañero “fantasma” de Carrera nunca fue identificado por nadie

Más de 7 años preso por un delito que no cometió y víctimas muertas que siguen sin justicia. Una barbaridad que tiene explicación. La complicidad de la justicia y la policía es un frente único en defensa propia, ya que si se reconoce la verdad, policías, comisario y jueces tendrían que terminar en la cárcel.

Medidas contra la impunidad judicial 

Pruebas plantadas, testigos falsos, inconsistencias argumentales en el fallo condenatorio, amparo mediático. En fin: los recursos a los que siempre apela la violencia institucional del gatillo fácil. Este caso no fue la excepción. Por eso, es fundamental empezar por ampliar la respuesta social de movilización que exija la absolución de Fernando, pero también discutir las causas de fondo de tanta impunidad. Hace poco se debatió en el congreso una propuesta de reforma judicial. La falsa polarización entre oficialismo y oposición reaccionaria postergó el debate crucial: como reorganizar todo el sistema judicial sobre nuevas bases que incorporen como centro mecanismos de verdadero control social sobre la justicia. Ningún sector político planteó tres medidas elementales de democratización real:

• Que todos los jueces -sin consejo de la magistratura- sean electos de forma directa por el conjunto del pueblo.
• Abolir el carácter vitalicio de sus cargos e incorporar mecanismos de revocatoria.
• Reglamentar el juicio por jurados.
• Sin avanzar en cambios estructurales como estos, difícilmente se modifique la impunidad actual. 

Desmantelar el aparato represivo

Todo el aparato represivo del estado está montado como un vértice del triángulo de impunidad. Por eso, también se impone discutir el desmantelamiento del sistema represivo actual y provocar cambios de fondo hacia otro modelo de seguridad social. Son centrales por lo menos 2 medidas:

• Que todo el personal policial tenga derecho a sindicalizarse y organizarse políticamente para romper con la lógica de la verticalidad y la obediencia debida
• Que los comisarios sean electos por el voto popular y que exista un mecanismo de rotación cada cuatro años de seccional en seccional

Sobre la base de estos cambios en el sistema judicial y policial en el camino de una reorganización social más integral es posible atacar la violencia institucional del poder contra el pueblo. Este es un debate de fondo pendiente

Multiplicar la solidaridad con Fernando 

En lo inmediato es fundamental intensificar las iniciativas de movilización social y política para lograr la libertad de Fernando. En esto nos sumamos a todo el esfuerzo que sus abogados, organizaciones amigas, el propio Piñeyro y tantos otros vienen llevando adelante. Porque al gatillo fácil y la violencia estatal que mató a Darío y Maxi, a Luciano Arruga, a Mariano Ferreyra y a una larga lista de víctimas sociales de la criminalización institucionalizada hay que plantarle la lucha organizada de todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales y estudiantiles. Ese es nuestro compromiso.

Mariano Rosa