Esta semana conocí en directo la desidia de la Nación y la Ciudad hacia las mujeres que son víctimas de violencia de género.
Entré en contacto con V., una mujer de la Comuna 10 que valientemente se animó a hacer la denuncia contra su marido golpeador.
Como sabemos, el gobierno porteño apenas tiene un refugio. Pero como el área de Mujer tampoco cuenta con equipos de asesoramiento jurídico adecuados, a V. la derivaron a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.
Las primeras dos veces que V. fue a la OVD, le sugirieron «volver mañana, porque hay mucha gente». La tercera vez fuimos juntas, y decididas a no irnos sin el certificado de exclusión del hogar.
Llegamos temprano y sacamos número. A las dos horas, recién le hicieron una «admisión». Como seguía la demora, tuvimos que hacer presión. Aun así, sólo tres horas después pudimos radicar la denuncia. El trámite de declaración de V. duró otras cuatro horas. Al salir era tan de noche como cuando llegamos.
Además, como la exclusión la debe dictar un juez y los juzgados sólo atienden hasta mediodía, hubo que volver al otro día…
Tantas horas y maltrato terminan por frustrar a la mujer golpeada: muchas no vuelven. Por responsabilidad del gobierno, el personal no está capacitado para contener a las mujeres y ayudarlas a sobrellevar el trámite. En el juzgado, pasó lo mismo que en la OVD: frialdad y burocratismo.
La Nación y la Ciudad deben habilitar más áreas de atención a las mujeres víctimas de violencia, con más equipos de profesionales y personal especializado, todos formados en perspectiva de género, y que la entrega del certificado provisorio de exclusión sea inmediata.
Maru Lopes, comunera
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