Los problemas sociales no se arreglan con el Código Penal

Después de la paliza de las PASO, hay nuevo plan de seguridad. El intendente de Ezeiza, “fuerza bruta” Granados asumió como flamante ministro.
Con fama de hombre duro, se afirmó en la vida política de la mano de Menem para luego convertirse en K. Comenzaría duplicando la planta policial con injerencia de los intendentes, manteniendo los gendarmes y miles de cámaras de seguridad.
En paralelo los 5000 efectivos de Gendarmería que abandonaron la custodia de las fronteras, ya llegaron al conurbano, sin alojamiento, chalecos, y con una total falta de preparación.
Martín Isaurralde, el candidato perdedor K, completa el combo con la propuesta de bajar nuevamente la imputabilidad penal de los menores a 14 años (actualmente está en 16). Con lo cual no solo se violentan los más elementales derechos del niño, sino que se abandona toda la liturgia K anterior en este sentido, coincidiendo con las propuestas de Blumberg y la derecha más retrógrada. Anuncio que generó una mayor crisis en las filas del kirchnerismo.

Mano dura estilo K 

Como muchos analistas en el tema han señalado, estas improvisaciones que se completan con el lanzamiento a la calle de nuevos jóvenes policías sin preparación y el reclutamiento de efectivos de 60 años ya jubilados, no van a cambiar la situación actual del delito.
En primer lugar porque no se atacan sus causas sociales. Por ejemplo la existencia de cerca de 900.000 jóvenes “ni, ni” en la provincia, que no trabajan ni estudian, siendo una parte de ellos víctimas de las redes de la droga y el delito. Ni se ataca seriamente los elevados niveles de pobreza e indigencia, comparables con cifras de los 90, en un país que ha crecido a tasas chinas. Ni la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza que se ha profundizado estos años.
En segundo lugar porque no se ataca a los responsables del delito organizado. La propia corrupción policial, judicial, y de los punteros políticos, que cuentan con la vista gorda y complicidad de intendentes y altos funcionarios para que se pueda seguir sosteniendo la distribución de la droga, los desarmaderos, el juego clandestino, la trata, la piratería del asfalto, etc.
La militarización de la provincia, lo único que van a lograr es que el delito siga desarrollándose y que esas fuerzas represivas se vuelquen contra los trabajadores cuando sus luchas incomoden al intendente de turno, como acaba de producirse en Quilmes, donde la bonaerense con el apoyo de patotas del intendente K, el “progresista” Barba Gutiérrez, reprimió brutalmente a los trabajadores de ATE, el mismo día que Granados asumía en el cargo.

Nuestras propuestas para terminar con la inseguridad 

Atacar las causas sociales del aumento del delito.
Es necesario un plan de becas de estudio, planes de capacitación laboral e inserción en el mercado de trabajo, asistencia en salud y vivienda, para los 900.000 jóvenes que no tienen acceso a nada.
Terminar con la connivencia del aparato policial, judicial y político con el delito organizado. Para ello debe entregarse el control efectivo de las Fuerzas de Seguridad a los vecinos de los barrios:

• Elección vecinal del Comisario, y control popular de las comisarías y el resto del aparato policial.
• Plenos derechos sindicales y políticos a la tropa policial, para que ésta pueda organizarse y no se vea obligada a acatar la disciplina jerárquica cuando se la pretenda comprometer en prácticas delictivas.
• Prohibir a las Fuerzas de Seguridad toda acción represiva contra las luchas de los trabajadores y sectores populares.
• Medidas similares deben también aplicarse a la Gendarmería y Prefectura que deben volver a cubrir las funciones de defensa de nuestras fronteras y vías fluviales y marítimas.
• Democratizar realmente la Justicia.
• Removiendo de inmediato a los jueces que vienen de la época de la dictadura, los corruptos y los cuestionados por su servilismo a las decisiones del Gobierno y los grandes empresarios.
• Elección de los jueces por voto popular, con mandato determinado de tiempo y la posibilidad de ser revocados si no cumplen con sus funciones.
• Instaurar en forma obligatoria los Juicios por Jurado, como lo establece la Constitución Nacional.

Gustavo Giménez