¿Qué se trae entre manos el gobierno?
Pasado el efecto inicial del anuncio presidencial de modificación al impuesto al salario, se van conociendo nuevas limitaciones a su efecto concreto en el bolsillo de los trabajadores.
Luego de negar ridículamente la derrota, el gobierno dio señales de que había sentido el tremendo golpe que significó la pérdida de más de 4 millones de votos. Se reunió con sus amigos los empresarios, banqueros y la burocracia sindical que aún la acompaña. Era lógico, tenía que comunicarles a sus socios que imperiosamente tenían que modificar, aunque sea hasta octubre, algunas direcciones del plan. Obviamente asegurando que nada cambiaría de fondo, que los banqueros seguirían siendo los más beneficiados por el plan, que a los industriales los apoyaría con una más acelerada devaluación del peso frente al dólar, que tanto reclaman (se habla de acercar el oficial a los $7) y a los sindicalistas los precisa para que en la medida de sus posibilidades frenen los reclamos, a pesar de la bronca creciente de las bases.
Seguramente de esa reunión salieron las bases y consensos para los anuncios que hizo Cristina el 27 de agosto, donde con bombos y platillos anunció, que el Estado haría un «enorme sacrificio» fiscal, elevando el piso del mínimo a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia pagan «ganancias» a $15.000, sin distinción si son solteros o casados y un aumento del mínimo no imponible del 20% para los que ganen entre 15 y 25 mil pesos. Según la presidente, esto significaría $4.500 millones «menos» que el Estado percibiría y que sólo el 10% de los trabajadores y el 0,7% de los jubilados estaría alcanzado por el impuesto. Finalizó diciendo que este déficit sería parcialmente cubierto por un impuesto del 15% a las acciones de empresas que no cotizan en bolsa y a la liquidación de dividendos. Luego vino el autobombo de siempre, que esto es altamente «progresivo» porque elimina impuestos a los trabajadores y grava a los accionistas y empresarios. Veamos los alcances reales de los anuncios y los motivos de fondo de los mismos.
Un poco de realidad para las cuentas de Cristina
Aclaremos primero que con las manipulaciones que hace este gobierno de los indicadores económicos (empezando por inflación, INDEK, recaudación real, etc.), es bastante complicado conocer con certeza los números finos.
Pero insistamos una vez más en que el principal ingreso fiscal (que en 2012 recaudó más de $425 mil millones) es el IVA, que pagamos todos por igual y que luego veremos cómo interviene también en estos anuncios actuales.
Ganancias en general, recaudó en 2012 $138 mil millones y de esto probablemente más de $20.000 millones los aportamos los trabajadores a través del impuesto al salario!! Si compañeros, nosotros pagamos mientras los banqueros que tiene una ganancia real (ellos sí) superior al 20-23%, no!!
En segundo lugar, al subir el piso por igual solteros y casados, es evidente que el beneficio es mayor para los primeros porque la suba porcentual es más significativa.
En tercer lugar la medida rige a partir de setiembre y hasta el 31 de diciembre, ya que al ser un impuesto «anualizado», lo que te van reteniendo todos los meses son anticipos de lo que habría que tributar hasta fin de año. De manera que el impacto sobre nuestros sueldos es sólo en el 4º trimestre del año, casualmente el que corresponde al cronograma electoral.
En cuarto lugar la medida afecta a los asalariados en blanco o relación de dependencia formal. Quiere decir que los mono-tributistas que suman 1.618.888 según el gobierno, si ganan $11.900 pagan $700 por mes y si ganan tan solo $300 más, es decir $12.200 por mes ya pagan $1.600 mensuales. Y todos sabemos que gran parte de estos «monotributistas» no son más que trabajadores precarizados, donde las empresas y el propio Estado, los hace facturar en vez de ponerlos en relación de dependencia para ahorrarse pagar jubilación, salud y demás cargas sociales. El proyecto no abarca a ninguno de ellos, ni hablar de los trabajadores en negro que ni siquiera están en el monotributo.
En quinto lugar está el tema que como se trata de un decreto del ejecutivo (y no de una Ley que lo haga permanente e independiente del humor presidencial y electoral), no existe ningún mecanismo predeterminado de continuidad luego del 31 de diciembre y tampoco de actualización de los valores, de manera que nuevamente la inflación galopante se comerá este beneficio, en por lo menos un 25% en el próximo año.
En sexto lugar es más que dudoso el impacto real en las arcas recaudadoras del gobierno, primero porque este año tuvieron un excedente de ingreso de $24.000 millones, mucho más que los $4.500 anunciados de déficit. Pero sobre todo porque la gran esperanza del gobierno, y lo más probable, es que la inmensa mayoría de esta quita de impuesto al salario vaya al consumo, por lo que el Estado terminaría percibiendo el 21% de esto en función del IVA.
Los empresarios son doblemente beneficiados, por el aumento de las ventas y porque al tener los trabajadores más plata en el bolsillo (que no pagan ellos) ven que puede disminuir aunque sea coyunturalmente la bronca y los reclamos de los trabajadores por aumento salarial. Cosa que también beneficia a la burocracia sindical adicta al kirchne-rismo que se ve menos presionada por las bases.
Finalmente digamos que no tenemos que perder de vista que estas medidas anunciadas, más allá de que sean acotadas, manipuladas, mentirosas en los números van a significar una mejora relativa y pasajera en una franja de los salarios. Representa las concesiones que tiene que realizar el Gobierno ante la presión y bronca de los trabajadores y el pueblo, que esta vez se manifestaron contundentemente con el «voto castigo» a la oposición, con gran crecimiento de la izquierda, pero que ya viene manifestándose desde hace meses en paros, movilizaciones y diversos reclamos por la eliminación del impuesto al salario.
Gerardo Uceda
Eliminar definitivamente el impuesto al salario
Desde hace años, producto de la inflación creciente, la no actualización del piso a partir del cual se tributa, y que millones de trabajadores pasaron a pagar el mal llamado Impuesto a las Ganancias de los trabajadores, el tema ha estado en debate. Los anuncios presidenciales de hace días sobre subirlo a $15.000 y la votación hecha en Diputados, que contó con el voto de sectores de la oposición, han reflotado la polémica.
Más allá del objetivo electoral que persigue el gobierno de reposicionarse antes de octubre con un tema sensible, que seguramente influyó mucho en los más de 4 millones de personas que le retiraron su voto, es evidente que hay sectores que se ven presionados o confundidos con el discurso presidencial de que de esta forma están «redistribuyendo» la riqueza y haciendo justicia de modo que los que más ganan aporten a los que menos ganan.
Estamos totalmente en desacuerdo con este punto de vista. Y no es sólo una cuestión teórico-ideológica sobre que el salario no constituye ninguna ganancia sino que es la parte que recibe el trabajador para poder subsistir, luego que le deja ganancia (esta sí real y concreta) al empresario. Ni tampoco es una cuestión legal (la propia legislación argentina sostiene que el salario no es ganancia). Sino que se trata de una cuestión concreta, básica, numérica.
En nuestro país de toda la riqueza generada y acumulada cerca del 80% se la apropia menos del 21% de la población, que corresponden a los empresarios, terratenientes, banqueros, sus familias y socios menores. Mientras que el 79% de la población (donde están los trabajadores en blanco, negro, monotributistas, jubilados, desocupados, etc.) vive con el 20% restante. De tal manera que matemáticamente, el discurso kicrh-nerista no se sostiene, es imposible solucionar el problema de pobreza, indigencia, salud, educación de los sectores más desprotegidos y sumergidos de la población, sacándole una parte de sus ingresos a otra parte de la misma así esta gane un poco más. Porque en términos prácticos no alcanza, así de sencillo.
Pero sobre todo es imposible «redistribuir la riqueza» si no se van a tocar los intereses y fabulosas ganancias precisamente…de los ricos, de esos que viven con el 80% de lo generado. Estos fueron y son los grandes beneficiados de este modelo (y de todos los anteriores también digámoslo en honor a la verdad). Son los banqueros que ganan más que en ningún lado del planeta, son las mineras que se llevan todo el oro y decenas de minerales más pagando solo un 3%, son las empresas de servicios y transporte privatizadas por Menem y subsidiadas por Néstor y Cristina, son las petroleras, las pesqueras y los grandes pulpos sojeros y terratenientes que están exentos de ganancias o tienen mil formas de evadir; los que tienen que pagar impuestos progresivos a sus grandes fortunas y ganancias. Es también imprescindible que se deje de pagar la Deuda Externa, que la propia presidente reconoce haber pagado más de 173.000 millones en su gobierno: qué es el pago de la Deuda, sino el reconocimiento de un gobierno servil a la ganancia usuraria internacional y de sus socios nacionales??
Nosotros no tenemos ninguna confusión y lo repetimos, el salario no es ganancia y por lo tanto hay que eliminar todo impuesto al mismo. Otra cosa es que haya sectores de trabajadores que ganen más, mucho más, pero esto es responsabilidad del propio sistema capitalista (y que está más allá del alcance de este artículo desarrollar) que necesita establecer capas de aristocracia obrera o por cuestiones de oferta y demanda de fuerza laboral se ve obligado o impulsado a pagar mejores salarios en determinados segmentos o ramas. Pero de ningún modo es responsabilidad de los trabajadores.
Por eso afirmamos que tanto desde el punto de vista teórico político, como desde el práctico-legal, si se quiere realmente redistribuir la riqueza, hay que dejar de pagar la Deuda Externa y poner impuestos progresivos a las grandes ganancias y riquezas, de la mano de eliminar el impuesto al salario.