Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación se anunció que se dará tratamiento en el Congreso antes de fin de año a una nueva Ley de Semillas. Este proyecto supone privatizar la utilización de semillas y otorga prerrogativas totales a multinacionales como Monsanto. Esta ofensiva de despojo hace parte de la consolidación de un modelo económico de matriz extractivista en nuestro país.
La modificación de la actual Ley de Semillas, supone la privatización de las semillas, e implica el pago de regalías por parte de los productores a las empresas biotecnoló-gicas por la utilización de las mismas modificadas genéticamente y patentadas. Implica en el mismo sentido la prohibición de reutilizar las semillas que los productores obtienen de sus propias cosechas. De este modo se viola un derecho fundamental de los agricultores de seleccionar, mejorar e intercambiar las semillas libremente. Según se sabe, el proyecto de ley en cuestión pretende someter la orientación nacional en materia de semillas a las exigencias de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) y las corporaciones transnacionales. La UPOV es la institución internacional que dicta la normativa mundial en materia de agroin-dustria y principal lobbysta de las corporaciones. Argentina es firmante de esa Unión desde 1994. Ahora se trata de ajustar la legislación nacional a los parámetros de las del agronegocio planetario.

El anteproyecto del despojo

1. El borrador que circuló de esta ley que impulsa el kirchne-rismo ofrece los rasgos centrales de su orientación:
2. Privatiza las semillas, prohíbe su libre intercambio y por esa vía otorga un poder decisivo sobre la producción de alimentos a corporaciones tales como Monsanto, Cargill o Bayer
3. De aplicarse la ley a las especies vegetales, se permitiría que toda especie nativa pueda transformarse en propiedad de empresas nacionales o extranjeras con solo comercializarla ampliamente o inscribirla en registros de propiedad intelectual
4. El proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta a la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de patentes hará posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas.
5. La experiencia mundial ha demostrado que las leyes de propiedad industrial sobre las plantas han provocado un proceso de concentración extrema de la producción de semillas a nivel mundial, restringiendo así el acceso a nuevas variedades
6. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad.
7. Otorga a las empresas semilleras el «poder de policía», ya que deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngen-ta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen lo que ellos consideran su propiedad.

En síntesis: esta ley significa terminar de consolidar la alianza estratégica con Monsanto y garantizar la tan exigida «seguridad jurídica» por esta multinacional.
Frente a esto hay que construir un movimiento de carácter nacional que impida la aprobación de esta legislación nefasta.

Consulta popular para decidir sí o no a la Ley Monsanto 

En primer lugar es fundamental poner en pie una amplia articulación política, social y ambiental de organizaciones que se oponga a esta pretensión del gobierno nacional. Este es el punto de partida: clarificar la naturaleza de esta orientación política y denunciar la consolidación de un modelo extrac-tivista de saqueo en nuestro país. La megaminería en la cordillera, el fracking en materia hidrocarburífera, la especulación inmobiliaria y la cementación avanzada sobre los espacios públicos en las ciudades, tienen su contracara en el avance de la frontera sojera en el campo. Es todo un esquema: una Argentina ocupada por las corporaciones del despojo y la contaminación. Queremos discutir entonces otro modelo agroalimentario fundado en el principio de la soberanía alimentaria y el derecho a comer de los pueblos. Para eso hay que discutir otra salida en el campo y a escala de todo el país.
Una alternativa que supere el extractivismo capitalista por una opción agroecológica que priorice las necesidades sociales y no la rentabilidad empresaria. Pero en lo inmediato esta pelea arranca por desplegar una iniciativa de carácter nacional con el objetivo de exigir la habilitación a un proceso democrático real para decidir convocando a una consulta popular que resuelva de forma vinculante por sí o por no a la aprobación de la nueva Ley Monsanto.
¡Qué el pueblo decida sobre su futuro!