La educación está cruzada por infinidad de problemas. Hoy cobra fuerza el de la violencia social que se expresa en las escuelas. El lunes 23, más de 3.500 docentes volvimos a marchar en La Plata, reclamando a los funcionarios que culpan fácil al docente para ocultar su responsabilidad en que siga la crisis educativa y se agrave la violencia social. Igual que Sileoni nos dice que la «crisis educativa viene de 1810…».
Al no haber una «década ganada», todo hecho de violencia en la escuela debe transformarse, de algo que parece individual, en un problema social e institucional. Paralizando las actividades si es necesario y uniéndose a otras escuelas para reclamando que el gobierno se haga cargo.
Porque es responsabilidad de la DGCyE el garantizar las condiciones laborales donde se proteja la integridad física y psicológica de todos, niños y docentes. No deben privilegiarse las denuncias por sobre los derechos de los docentes, sino que, ante una denuncia, convocar a los implicados junto a los sindicatos para garantizar seriamente su investigación y celeridad.
Preservar a los chicos a partir de la sospecha, siguiendo un riguroso Protocolo que dé garantías a los padres, docentes y la institución. Sin mancillar tampoco al adulto sobre quien pudiera recaer una presunción.
No separar del cargo (Art. 139 del Estatuto) de manera apresurada y automática, sin consentimiento de los involucrados. Sólo se logra estigmatizar al docente, de quien se debe preservar su identidad.
Desarrollar la capacitación necesaria e implementar la Ley de Educación Sexual integral. Avanzando en la prevención antes que en la sanción. Exigir también mayor presupuesto educativo ante ámbitos escolares que denotan violencia. Y el salario docente que desjerarquiza al docente.
El Estado es responsable de generar consensos para establecer una normativa clara o Protocolo para actuar, garantizando los puntos reclamados con la movilización. La «Guía para la Intervención en Situaciones Conflictivas…» y demás normativa, al no surgir del debate y la elaboración de docentes y la comunidad, son impotentes para estos casos. Se instrumentan arbitrariamente y con la rigidez que deviene del Artículo 139 del Estatuto. Sin poner tampoco el acento en la prevención.
SUTEBA Provincia y el Frente Gremial deben convocar a medida provincial. Exigiéndoles que llamen al paro y movilización del 10 de octubre con la CTA Bonaerense.
Son pasos para abordar la violencia de una sociedad partida, la que seguirá en aumento si no superamos el «modelo» social vigente.

Guillermo García Sec. Gral. Adjunto SUTEBA La Plata