Cuando todavía se debatían (y se seguirá haciendo) las conclusiones del resultado electoral, la Corte Suprema emitió un fallo declarando la constitucionalidad de los cuatro artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales -más conocida como Ley de Medios- que el Grupo Clarín venía objetando. Por esta causa había un fallo en contra en primera instancia y otro favorable en la Cámara de Apelaciones. Con este fallo cae la medida cautelar que impedía al gobierno obligar al Grupo Clarín a desprenderse de una parte de la empresa. El multimedios encabezado por Magneto anunció que aunque respeta las decisiones judiciales está analizando la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales.
La decisión de la Corte es una bocanada de aire para el gobierno luego del golpazo electoral que recibió. Hubo festejos de algunos grupos kirchneristas y hasta un acto encabezado por Boudou en la Casa Rosada.
Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (AFSCA), dijo que iba a hacer la transferencia de oficio, rechazando cualquier plan de desinversión presentado por Clarín, ya que los plazos se habían cumplido. Sin embargo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, salió a decir que él sería prudente, esperaría la reunión de directorio del AFSCA para ajustar a derecho a todos los titulares de medios y poder llevar adelante lo que indica la ley, contradiciendo a Sabatella.
Hay que combatir a los monopolios mediáticos pero esta ley no lo hace, ya que el Grupo Clarín puede hacer lo mismo que el de Vila Manzano y mantener su poder. Tampoco vemos que esta ley democratice los medios. Esto se ve con claridad en que jamás se concedió el 33% del total de frecuencias y espacios que debían entregarse a las organizaciones populares. Mientras tanto, en estos años se ha consolidado una importante red de canales de TV y radios completamente afines al gobierno a lo largo y ancho del país. Es decir, se achica un monopolio opositor para construir un fuerte monopolio oficialista, pero los sectores que nunca tuvieron espacio para expresar sus opiniones en los medios siguieron fuera del reparto. No se debe olvidar que fue Néstor Kirchner el que extendió las licencias al Grupo Clarín cuando fue presidente. Así las cosas, el resultado final de la disputa entre el gobierno y Clarín, sea cual fuere, no va a significar un mayor acceso a la información para las mayorías populares.
Si se quiere avanzar en la democratización real de la comunicación hay que acabar con todos los monopolios, sean oficialistas u opositores. En los canales estatales deben tener espacio los distintos sectores políticos y no sólo el gobierno de turno. Lo mismo en las radios, agencias de noticias y páginas de Internet a cargo del estado. También se debe garantizar el acceso a las frecuencias y al papel prensa a las organizaciones políticas, gremiales y sociales de los trabajadores, la juventud, las mujeres, los pueblos originarios para que puedan tener sus emisoras, canales y/o programas, diarios, revistas, folletos barriales, etc. Debe haber un fuerte control social de la utilización del dinero para la pauta publicitaria oficial, evitando el reparto discrecional para premiar amigos o castigar a los críticos.
Es claro que el kirchnerismo, que fomenta multimedios oficialista, no quiere avanzar por este camino, como tampoco lo harán los Macri, Massa o Carrió que se postulan como defensores del Grupo Clarín.
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