La crisis social que vive el país ha ocupado, naturalmente, el centro de la agenda política, desplazando a un segundo lugar el debate sobre los 30 años de democracia. La conmemoración oficial, al ponerse al servicio de tapar los grandes problemas que estallan, quedó completamente fuera de lugar y también impidió el debate profundo sobre lo que pasó de aquellos días hasta hoy. Sobre todo para hacer un balance y poder analizar cuál es la situación actual.
Hay un primer debate sobre la caída de la dictadura. Para nuestra corriente se trató de un extraordinario triunfo popular, tal vez el más importante del siglo pasado. Luego de años de resistencia atomizada, clandestinidad, torturas y muerte, el movimiento de masas fue golpeando al régimen genocida con movilizaciones, paros y reclamos. El 30 de marzo se realizó una movilización gigantesca de la CGT a Plaza de Mayo que fue reprimida. A los tres días, la junta decide lanzarse a la aventura de recuperar las Islas Malvinas, buscando recuperar base social. Pero se terminó de abrir la caja de Pandora y cuando la traición de los militares se hizo evidente y llegó la rendición comenzó una revolución democrática con la que el movimiento de masas echó a los dueños de la vida y la muerte. Tan grande fue la derrota de las FF.AA. que quedaron descartadas como opción de gobierno para el establishment y hasta el día de hoy gozan de un profundo descrédito. Así las cosas, si se quiere buscar un padre de la democracia no es otro que el pueblo argentino, que puso la carne y la sangre para conquistarla.
Aquella revolución dejó tareas planteadas, en primer lugar castigar a los genocidas y sus cómplices y desmantelar el aparato represivo cívico-militar. Alfonsín comenzó el histórico juicio a las juntas, pero su política de conciliación se terminó imponiendo. Luego de los levantamientos “carapintada” de Semana Santa, se avanzó en el Punto Final y la Obediencia Debida, congelando los juicios y garantizando la impunidad para miles de represores.
Por otro lado, la matriz entreguista del modelo de Martínez de Hoz siguió vigente. Se renegoció la deuda mediante el Plan Brady y se mantuvieron los pactos con el FMI y el Banco Mundial. Aunque no tuvo la fuerza para imponerlo, el gobierno de la UCR comenzó a preparar el terreno para la privatización de los servicios públicos y recursos naturales.
Los ajustes contra los trabajadores fueron respondidos con fortísimos paros generales. En estos años se dio el Maestrazo, una huelga docente de más de un mes. Finalmente, una hiperinflación que licuaba los salarios de millones en cuestión de horas, encendió la mecha del estallido social en Rosario y aceleró la retirada de un gobierno que no podía sostenerse en pie.
Se fue Alfonsín y vino Menem con el salariazo y la revolución productiva. El espejismo del “uno a uno” se pagó con la entrega de los trenes, los aviones, el petróleo, el sistema de jubilación estatal. La deuda externa tuvo un crecimiento exponencial. La pérdida de puestos de trabajo y la destrucción del aparato productivo nacional convivió con el ascenso del capital financiero, los fondos buitres y los bonistas. El neoliberalismo con todas las letras. Yabrán y el asesinato del periodista Cabezas, María Soledad, la Ferrari, la pizza con champagne, postales de corrupción, impunidad y frivolidad que fueron marcas de origen de un gobierno que en su segundo mandato enfrentó paros, movilizaciones, estallidos provinciales (Santiagueñazo, Riojanazo, etc.) y el surgimiento de los movimientos piqueteros, pasando a la historia como uno de los más repudiados por los trabajadores y el pueblo.
Terminado el período menemista llegó el turno de la Alianza. Amplios sectores progresistas se esperanzaban con la posibilidad de un gobierno distinto. De la Rúa rápidamente echó por tierra cualquier expectativa. Machinea, López Murphy y finalmente el retorno de Cavallo al ministerio de economía, ajuste clásico, recortes presupuestarios y, por supuesto, más deuda externa (ahora con el megacanje). Todas las contradicciones se acumularon y terminaron por estallar en diciembre de 2001. Una nueva revolución popular golpeaba al capitalismo argentina, esta vez dirigiendo su impacto contra los partidos tradicionales que gobernaron por dos décadas aplicando planes de entrega, ajuste y miseria. Vino el efímero Rodríguez Saa y siguió Duhalde hasta que el asesinato de Kosteki y Santillán lo obligó a renunciar.
Esos fueron veinte años, los restantes diez –hasta hoy- gobernó el kirchnerismo.
Treinta años. Y aquella conquista popular ha sido confiscada por el bipartidismo y los políticos del sistema. Regidas por los planes capitalistas, todas las instituciones trabajan diariamente contra los intereses de las mayorías. Los parlamentos aprueban leyes contra el pueblo a cambio de cargos y privilegios para quienes las votan. Los jueces defienden a los empresarios y políticos corruptos, pero persiguen a los que reclaman una vida digna. Las fuerzas de seguridad son parte del crimen organizado y el narcotráfico. Los medios sólo hablan a favor del que les paga, sea un gobierno o una corporación empresaria.
Mientras tanto se deteriora la salud y la educación pública y crece una generación con cientos de miles que no estudian ni trabajan, marginados completamente de todo. El trabajo en negro es una realidad para casi la mitad de los ocupados y la inmensa mayoría de los jubilados cobra una miseria.
Hoy, con esta democracia no se come, ni se cura, ni se educa.
Para que sea el pueblo el que marca el rumbo del país, hace falta una democracia completamente distinta a la que tenemos. Eso sólo será posible si deja de estar al servicio de las grandes corporaciones, terratenientes y banqueros. Para democratizar la democracia, hace falta que sea el pueblo trabajador el que lleva las riendas del estado. Esa nueva democracia sólo vendrá si ponemos en pie país al servicio de los de abajo, una Argentina Socialista.
