Como sucedió el año pasado cuando la huelga de prefectos y gendarmes, se abrió nuevamente la polémica. Desde el gobierno K se verificó que había un plan conspirativo que “extorsionaba” al poder, por lo tanto había que enfrentarlo y encuadrar nuevamente a la policía en los “marcos legales y del estado de derecho”. Desde el MST, mediante una declaración, interpretamos la protesta como un reclamo salarial que abrió una fuerte crisis en las filas policiales, que tomaron métodos de lucha típicos de la clase trabajadora y llamamos a apoyar el reclamo –junto con medidas de emergencia para responder a la crisis social- al tiempo que planteamos la necesidad de democratizar y sindicalizar la fuerza.

Dividiendo aguas

Con la posición del gobierno además de su corte de bufones, cerró filas casi la totalidad de la oposición. La UCR, Carrió, Binner y el “frente progresista”, Massa, el PJ disidente y el macrismo, a través de una declaración que firmaron todos los jefes de bloque, condenando la protesta y llamando a “apoyar la gestión de los gobernadores”. No sólo para sostener la gobernabilidad nacional y en cada provincia sino para bregar por la vuelta a la disciplina en la “fuerza”. Equivocadamente, este documento fue suscripto por Claudio Lozano de Unidad Popular, lo cual es una posición contradictoria con el planteo de De Gennaro que presentó un proyecto favorable a la sindicalización de las fuerzas de seguridad y con la posición de la CTA.
Las fuerzas del FIT además de no tener una posición en común estuvieron, otra vez, lejos de una política revolucionaria. El PO sin pronunciarse sobre el reclamo salarial y criticando un supuesto “estado de sitio”. Y el PTS explícitamente lanzó una campaña diciendo que “no apoya las huelgas policiales”. Continúan rechazando el derecho a la sindicalización de la policía, con lo cual en los hechos favorecen su carácter profesionalista al servicio del rol represivo de defensa de las políticas de los gobiernos capitalistas y alejando a los sectores subalternos del pueblo y sus reclamos. Y su llamado a “desmantelar el aparato represivo” se transforma en un saludo a la bandera. Más aún: el PTS planteó que luego de los aumentos conseguidos, se abría una “coyuntura reaccionaria” y que se fortalecía un “partido policial”, cuando lo que sucede es lo opuesto: se abrió un escenario más favorable para la pelea por un aumento general de salarios.

Herramienta para la dominación

En el sistema capitalista, la clase dominante que detenta el poder, al ser absolutamente minoritaria respecto de las clases explotadas y oprimidas, además de otros resortes del aparato estatal, necesita fundamentalmente de las instituciones represivas para ejercer esa dominación. Y de tres condiciones para ello: a) que se comporten como cuerpos “profesionales”, subordinados, con disciplina vertical y obediencia debida; b) que estén separados del pueblo y sus vivencias sociales y c) que tengan el monopolio de las armas.
Quienes fueron funcionales a ese bloque del gobierno y el régimen, que combatió la rebelión policial, lamentablemente apuntaron fortalecer esas tres características que abonan al carácter reaccionario de la institución.

Contradicciones que no se pueden desconocer

Pese a esta estructura rígida, al interior de la policía y demás instituciones del “aparato represivo” se refleja el conjunto de la sociedad, su estructura de clases y contradicciones. Porque el estado las recluta de las filas del pueblo. Agentes y suboficiales provienen de las clases bajas con menor desarrollo de organización y conciencia obrera, política y sindical. Y tratando de reservar un origen más acomodado para la oficialidad, cuestión que incluso se fue relativizando desde hace ya algunos años.
Para contrarrestar este reflejo, desde los gobiernos se aplica una política unívoca tendiente a mantener a rajatabla la organización “de casta”. Fomentando la división tajante de carácter social y profesional, que se refleja en escalas salariales y hasta privilegios diferenciales, entre oficiales, suboficiales y agentes. Y además una política de pensamiento único para que cultiven una ideología reaccionaria.
Sin embargo la crisis capitalista y del modelo ha llevado a que se recorten salarios y se ajuste a estos sectores, sobre todo los estratos bajos, como a cualquier asalariado. Y ello ha llevado a que se intensifique la lucha de clases al interior. Por eso el fenómeno creciente de las huelgas policiales, con algunas asociaciones de carácter sindical en formación y distinto grado de desarrollo, la rebelión de gendarmes y prefectos del año pasado y ahora esta oleada inédita de conflictos en la policía. En todos ellos un común denominador: apelar a los métodos de los trabajadores en el reclamo y la lucha.

Democratizar y sindicalizar: una política revolucionaria

Una política de “democratización” apunta a estimular estas contradicciones, a separar la base popular y oponerla a la cúpula más reaccionaria y al gobierno que la manda a reprimir. Justamente para que pueda rebelarse contra su función de “gendarme” o brazo armado de los de arriba y se vuelque al campo de la clase obrera.
Desde las organizaciones obreras y populares hay que plantearles que sus problemas tienen la misma base que los problemas que afectan al conjunto del pueblo trabajador. Si ello es así, deberemos pensar en articular un programa de democratización alrededor de tres ejes. Primeramente, depurar a los elementos residuales de la dictadura y todos los ligados al gatillo fácil, la represión, la corrupción, el narcotráfico, la trata y el delito.
Luego, lejos de abroquelarlos contra el pueblo, hay que otorgarles plenos derechos políticos y gremiales al personal subalterno. Para que se puedan organizar, reclamar por sus ideas y derechos como cualquier trabajador; que puedan denunciar a los superiores por corruptelas y negarse a reprimir; que puedan tener pleno debate libre de ideas y no solamente las idolologías “de derecha” que hoy son las “oficiales” en la institución.
En tercer lugar, fomentar un cambio cultural hacia el acervo popular en las fuerzas y derogar toda la legislación reaccionaria que hoy rige la estructura de los diferentes cuerpos policiales. Luego se debería trabajar en un programa más integral y una nueva legislación para el sector, que incluya una reforma para que los suboficiales puedan ascender a oficiales, rompiendo el espíritu de casta, entre otras medidas de democratización.
Es por todo esto que, ante nuevos conflictos que seguramente se sucederán, toda organización obrera y popular debería apoyar sus protestas y demandas, al tiempo que se llama a esos sectores de las fuerzas de seguridad o policiales en lucha, a que se pronuncien en contra de reprimir.
Los procesos de organización sindical que se han comenzado en diversas provincias así como los proyectos de sindicalización en curso son pasos positivos y signos de los tiempos que se vienen. No en vano, Capitanich, cuando expuso su teoría conspirativa para desacreditar la rebelión, fue claro: “la estrategia es la sindicalización”, presentándola como el cáncer para el aparato represivo. Una gran verdad, sin dudas.

5 medidas de emergencia frente a la rebelión policial y la crisis social

1. Depuración total de la policía. No puede quedar ni un solo integrante que haya sido parte de la última dictadura, quienes estén ligados a hechos de corrupción, de gatillo fácil. narcotráfico y trata de personas. Junto con ello, elección de los comisarios por voto popular y la posibilidad de revocatoria de los mismos, y el control de todo el accionar policial por comisiones vecinales y organismos de derechos humanos.
2. Que sea ley el derecho de los policías a sindicalizarse, organizarse y poder defender sus derechos salariales, laborales y elegir sus representantes. Que puedan negarse a la represión de las protestas sociales. Para facilitar la unidad en los reclamos con los trabajadores y sectores populares, para romper con el concepto de la verticalidad y la obediencia debida, avanzando en la democratización.
3. Apoyo a los reclamos salariales. Ese reclamo de la base policial es el mismo que vienen teniendo trabajadores de todos los gremios. . Por eso planteamos el otorgamiento de aumento de emergencia, un mínimo de $9000 al básico para todos los trabajadores del país.
4. Otorgamiento urgente de ayuda social. Para paliar la otra cara de la crisis social, con sectores marginados y una gran cantidad de personas sin trabajo ni estudio. Y una indemnización a los pequeños comerciantes que hayan perdido todo durante estos días.
5. Ninguna medida represiva y de criminalización de la pobreza contra los sectores que reclaman en los barrios. Proponemos la implementación de un plan de emergencia; para que la crisis la paguen los de arriba.