La lucha que lideró la regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH) en el segundo semestre del año pasado, fue histórica por numerosas razones: la altísima adhesión y participación activa de los docentes de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly durante más de setenta días, la democracia en la toma de decisiones debido al funcionamiento de las Asambleas por escuelas y los cuerpos de delegados, el acompañamiento de otros trabajador@s, de padres y madres organizad@s y de la población en general.
Ahora bien, ¿cuál fue el factor que provocó la reacción de los gobiernos provincial, nacional (que envió a Comodoro Rivadavia a “Súper Berni” y sus gendarmes) y de la Justicia Federal? Que la Asamblea, luego de plantear numerosas alternativas, llegó a manifestarse en las rutas y en los accesos a los Yacimientos Petroleros, mayoritariamente de Pan American Energy (PAE) y que cuando en este marco se esperaba el enfrentamiento con trabajadores petroleros, llegó la solidaridad de éstos con la lucha docente. La población debatió abiertamente sobre quién se lleva la renta petrolera y las consecuencias sobre la educación pública, la salud, la falta de saneamiento básico y de servicios adecuados de provisión de agua entre otras. Así, ante las denuncias de empresas petroleras tercerizadas y de PAE , el fiscal federal Bellver (el mismo que no encontró motivos para impulsar una causa contra Lázaro Báez) y la jueza federal Eva Parcio, iniciaron la causa por la que hoy Carlos Magno, Daniel Murphy y Eduardo Humeres, todos ellos dirigentes de la regional Sur de ATECH, fueron procesados y embargados sus sueldos en un claro mensaje a l@s luchador@s que en las provincias petroleras y en todo el país se aprestan a enfrentar el ajuste que se profundizará durante el 2014.
En ese marco, en la concentración frente a los Tribunales Federales convocada por la regional Sur de la ATECH y la CTA sureste, a la que desde el MST en el Frente Unidad Sur adherimos, Carlos Magno explicaba que debe darse el sobreseimiento y convocó a la unidad en la lucha entre los trabajadores, partidos políticos y población en general para responder al amedrentamiento del poder político, económico y judicial. Hace falta la más amplia unidad para enfrentar la criminalización de la protesta y evitar que la justicia sea una escribanía al servicio del gobierno y las petroleras.
Susana Muñoz
Deja una respuesta