Frente a la guerra narco, las muertes, robos y un intento de secuestro a dos chicas, la gente sintió que no podía quedarse a la espera de soluciones desde arriba. Así se preparó una marcha a la plaza frente a la Municipalidad el lunes 24 de febrero, con más de 3.000 vecinos en estado de asamblea. La presión popular obligó a presentarse al intendente, su gabinete y varios concejales. Los vecinos denunciaron la falta de seguridad, la complicidad policial y política con la delincuencia, y exigieron medidas urgentes. Entre gritos y abucheos, el intendente y los concejales no pudieron hablar.
Ante la fuerza de la movilización, los concejales tuvieron que llamar a una sesión extraordinaria el martes 25. La sesión fue abierta a los vecinos y se declaró la emergencia en seguridad pública. Vista la bronca hacia la policía provincial, la mayoría de los vecinos coinciden en que el patrullaje lo haga la Gendarmería. También se dispuso el control de las motos y se creó una dirección municipal de seguridad y un centro para denuncias con personal civil.
Villa Gobernador Gálvez es la tercera ciudad de Santa Fe. Allí viven muchos trabajadores, ocupados y desocupados. Es por donde se exporta el 80% de los granos del país a través de Cargill y están Swift, Paladini, Unilever, General Motors y otras fábricas. En Gálvez se refleja el contraste que impone el sistema capitalista, con patrones ricos defendidos por los gobiernos y trabajadores pobres que encima sufrimos la inseguridad.
En verdad, desde el MST, no creemos que la Gendarmería -usada para reprimir las luchas sociales- garantice seguridad. La solución de fondo sería depurar toda la policía, elegir los comisarios por voto popular, que haya control vecinal a las comisarías y permitir la sindicalización de los agentes, junto con medidas de inclusión social para revertir la marginalidad. No obstante, acompañamos esta lucha y esta experiencia de los vecinos de Gálvez en su legítima demanda por vivir tranquilos.
Lo de Gálvez sucede en toda Santa Fe y más en Rosario, donde todos los días algún laburante es atacado al ir o al volver de su trabajo para robarle la moto, la bicicleta, el celular o hasta la ropa. De noche y de madrugada, algunas calles son “territorio liberado”. Mientras este flagelo crece, el gobierno de Bonfatti (PS) mira para otro lado.
Delegados obreros exigen transporte a cargo de las empresas
El reclamo empezó en la empresa La Virginia, pero la patronal hace oídos sordos. Es que ellos tienen su seguridad privada y hasta gendarmes que los cuidan. Tampoco entran a las 6 de la madrugada o salen a las 11 de la noche, en bici, moto o colectivo, como nosotros. Para ellos somos un número y no personas que hoy arriesgamos nuestra seguridad personal para ir al trabajo.
Los delegados de Cristalería de Cuyo y Acindar Rosario tenemos el mismo problema. Por eso empezamos a coincidir entre nosotros y con compañeros de otras fábricas para exigir que las empresas pongan colectivos para viajar seguros. Nos apoyan organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos. Y vamos a ir al Concejo Deliberante de Rosario a presentar esta propuesta.
Estamos informando a todos los compañeros a través de volantes y reuniones sobre la marcha de nuestro pedido y, si no es aceptado, tendremos que movilizarnos para que sea aprobado.
Chelo Fernandez
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