Estos días hemos visto una seguidilla de episodios en los que vecinos de distintos barrios perseguían, golpeaban y en algunos casos asesinaban a quienes habían cometido un robo consideraban sospechosos. En los últimos días ya suman 12 los casos conocidos, en Córdoba, Rosario, Mendoza, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario hubo dos casos crudos, que marcan hasta dónde se puede llegar. En uno, unas 50 personas mataron a golpes a un joven de 18 años por haber robado una cartera. En el otro, dos jóvenes que venían en moto fueron perseguidos, tiroteados y apaleados por personas que creyeron que eran ladrones.

La gravedad de la cuestión abrió un debate en la sociedad y entre los dirigentes políticos, periodistas, actores. La presidenta habló y pidió a la gente no escuchar a los políticos que piden venganza; también dijo que para frenar la inseguridad lo central es la inclusión. Pero luego el máximo responsable de seguridad, Sergio Berni, afirmó: “La sociedad está cansada de ver cómo los delincuentes entran y salen de la comisaría porque la justicia no puede o no quiere hacer su papel… el 80 por ciento de las detenciones no llegan a juicio, son liberados en la comisaría. La sociedad está cansada de estos hechos.”

Massa había dicho unos días antes que la gente actúa porque el Estado está ausente. Según Macri, el país “se está yendo de madre en el tema seguridad”. La jerarquía católica también opinó sobre el tema. Los medios, oficialistas y opositores, repiten los discursos de los políticos del régimen. Todos estos sectores hablan y se pasan la pelota, pensando más en las elecciones que en resolver el problema.

Entretanto estos hechos, que probablemente seguirán en los próximos días, expresan una acumulación de problemas estructurales no resueltos. Por el contrario, se agravan. Y para proponer las soluciones efectivas es imprescindible señalar las causas reales de lo que sucede.

Para hacer un análisis serio, lo primero a decir es que la llamada inseguridad, o sea la posibilidad de sufrir asaltos, robos y ataques que hasta pueden terminar en muerte no es una sensación, sino la realidad de cada día para cualquiera que vuelve de su trabajo, lleva sus hijos a la escuela, va a cobrar la jubilación o sale a realizar alguna actividad. Esta situación empeora y los gobernantes no dan soluciones. En este marco aparecen los episodios de intentar “hacer justicia por mano propia”.

Esas acciones violentas de linchamiento, individuales o grupales, al no atacar las razones de fondo que generan el crecimiento de los asaltos y otros delitos, lejos de resolver la cuestión terminan cayendo en la lógica del “ojo por ojo, diente por diente” que regía hace más de 3000 años. Si para castigar un delito se comete otro delito estamos ante un retroceso evidente.

En vez de atacar las raíces se utiliza la bronca de la gente para engañarla y avanzar en medidas represivas. Así, se llenan de gendarmes y policías los barrios humildes, se endurecen las penas y se baja la edad de imputabilidad. Hace 10 años que rigen las leyes Blumberg de “mano dura”, pero el delito no baja. Por eso, lejos de hacer discursos demagógicos o justificatorios de los fracasos de los sucesivos gobiernos, si de verdad se quiere combatir el delito hay que ir a las causas de fondo. Desde ya, hay que revertir la desigualdad. El problema es que la brecha social sigue creciendo, junto con la marginación de grandes sectores. Según reconoció el propio gobierno, en el país hay más de un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan. Para cambiar eso hay que terminar con este modelo capitalista de saqueo, ajuste y contaminación e implementar un plan económico de emergencia, que en lugar de favorecer los negocios de los capitalistas ponga todos los recursos para generar trabajo genuino, planes de vivienda y aumentar los presupuestos para salud y educación. Si no, el delito va a seguir creciendo.

También hay que combatir la corrupción y la impunidad en el Estado, incluida la justicia y la policía. Indigna ver a Boudou, a Lázaro Baez, a Menem absuelto por la explosión de Río Tercero y lo mismo De La Rúa por las coimas en el Senado; ver a los jueces corruptos, jefes policiales, gendarmes o miembros de otras fuerzas involucrados o al mando de bandas de delito pesado. Las redes de narcotráfico, trata, piratería del asfalto y venta de armas no podrían funcionar ni un día sin el amparo de comisarios, jueces y punteros políticos. Y eso pasa en la Nación y las provincias, gobiernen oficialistas como en la de Buenos Aires u opositores como en Córdoba, Santa Fe o la Capital. Es urgente entonces reformar toda la justicia y la policía, incorporando medidas de fuerte control social. Los jueces y fiscales no deben ser electos por pactos políticos en los Consejos de la Magistratura sino por el voto directo del pueblo. Y hay que establecer los juicios por jurados populares, que hace 160 años figuran en la Constitución pero no se aplican. Asimismo hace falta una depuración total de las policías, eligiendo los comisarios por voto de los vecinos y con mandato revocable, control vecinal a las comisarías y derecho de los agentes a sindicalizarse.

Este paquete de medidas no lo va a implementar Cristina, ni tampoco los dirigentes de la oposición de derecha. Es preciso movilizarse y también construir una fuerte alternativa política de izquierda que pelee por ellas en todo el país. Invitamos a los luchadores obreros y populares, de la juventud y del movimiento de mujeres, a los vecinos que las compartan, a organizarse con el MST-Nueva Izquierda y pelear juntos por ellas. Esta es la batalla que sí tenemos que ganar por mano propia.