En febrero, los gobiernos de Macri y Cristina firmaron un convenio por el cual la Ciudad transfiere a la Nación los ex centros clandestinos de detención que funcionaron en Capital durante la dictadura militar.
Hasta hoy esos centros (Atlético, Olimpo, Virrey Cevallos, Automotores Orletti, ex Casino de Oficiales de la ESMA, Pabellón Coy, enfermería e imprenta) los administra el Instituto Espacio para la Memoria, un organismo autárquico porteño cuya conducción tiene carácter plural.
El convenio transfiere los centros, su gerenciamiento y se supone que también a los trabajadores del IEM. Son 127 compañeros (48 de planta permanente y 79 contratados), que reclaman la continuidad laboral para todos y la opción de quedar en la Ciudad o pasar a Nación como efectivos.
Este convenio, que reedita el pacto PRO-K, disuelve el IEM y así la Ciudad ya no tendría ninguna injerencia sobre los sitios de memoria: un tema clave en toda política de derechos humanos.
Según los K, el gobierno nacional «cuidará mejor» los centros. Pero es sabido cómo los utiliza políticamente y con descaro. Con la excusa de la «resignificación», en la ESMA hacen cursos de cocina, funciones de murga, actos partidarios y «asaditos»…
El martes 22 a las 18, en el Salón Montevideo, representantes del IEM expondrán la situación ante todos los bloques políticos. Participará el diputado Alejandro Bodart, quien apoya los reclamos de los trabajadores y ya adelantó su voto negativo para cuando la Legislatura debata este convenio PRO-K.
ESMA: una batalla ganada
El 10 de abril, fruto de la presentación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otros organismos de derechos humanos -entre ellos el CADHU-, la Cámara Criminal y Correccional Federal Nº 2 resolvió prohibir la reforma que el gobierno K proyectaba en el Casino de Oficiales de la ESMA.
Ese supuesto “proyecto museográfico” del kirchnerismo pretendía modificar la estructura del Casino, poner luces, sonido y agua en un sitio de memoria que debe ser preservado. La única finalidad de tales sitios, muchos de los cuales son prueba en juicios a los genocidas, es recordar el terrorismo de Estado y a los compañeros que fueron víctimas y sus historias de lucha.
El fallo es una victoria de la pelea conjunta de todos los que desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos oponemos a la manipulación de la memoria y al intento de reconciliación que solapadamente busca el gobierno nacional.
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