El informe de la Procuración General de la Corte anunció el crecimiento de los delitos en la Provincia de Buenos Aires, ya que en 2013 se presentaron más de 700 mil denuncias penales, un 5% más que el año anterior. Según el organismo, los homicidios dolosos habrían crecido un 8% y los robos a mano armada un 21%.
Días antes asaltaron y le robaron el BMW al senador y dirigente kirchnerista Aníbal Fernández, quien por estos días salió a decir que «fue un error hablar de ‘sensación’ de inseguridad»…
Antes de ambos hechos, el 5 de abril, el gobernador Daniel Scioli había decretado la «emergencia en seguridad» en la Provincia de Buenos Aires por un año, definiendo un paquete de medidas. Entre ellas, convocar a comisarios y policías retirados para ponerlos de nuevo en funciones. «La convocatoria es inmediata, con un potencial de 5.000 hombres. Es obligatorio, con un incentivo económico», detalló. También anunció destinar 600 millones de pesos del Banco Provincia para «sumar el equipamiento necesario para móviles» y construir ocho alcaldías «con capacidad para alojar a mil detenidos».
Luego agregó -con un cinismo a toda prueba- que «ha llegado la hora de dar un debate serio y profundo para los menores en conflicto con la ley. Las soluciones de fondo vienen de la mano de la inclusión social. Por eso estamos convencidos que sin más y mejor educación no podemos pensar en ganar esta batalla».
Un final hipócrita y para la tribuna, mientras se gastan millones en la policía y cárceles actuales que no resuelven nada. Tampoco sería solución la locura del ministro sciolista Granados de que, si retorna el servicio militar, se use a los conscriptos para la «seguridad interior», lo que además de reaccionario sería ilegal.
Mientras la inseguridad ocupa las tapas de los diarios -oficialistas u opositores-, los problemas estructurales del modelo no paran de crecer. El Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica, publicó un estudio en el que se anuncia un aumento de la pobreza, que hoy alcanzaría al 27.5% de la población y más del 17% de los hogares. Kicillof salió con los tapones de punta y dijo que era «ridículo» afirmar que había más pobres, porque había crecido el PBI y se multiplicó el empleo…
No vamos a defender desde estas páginas los intereses ni las intenciones de la UCA al publicar esos datos. Lo que sí podemos decir es que la realidad indica que a los trabajadores y sectores populares nos cuesta cada vez más afrontar los gastos cotidianos; que utilizamos todos los ingresos para sobrevivir y que, los que pueden, están recargándose de trabajo a costa de su salud para no seguir cayendo. No hablemos del 40% de los que trabajan en negro o de los desocupados… Entretanto, los trabajadores del INDEC denunciaron que el nuevo informe del Índice de Precios al Consumidor no dio cifras de pobreza e indigencia.
«Hubo algunos problemas de empalme con los estudios anteriores», justificó Capitanich. En realidad, debería haber dicho: «no había forma de dibujar números tan malos». Y junto a la pobreza viene la marginalidad, que nos ha dejado casi un millón de jóvenes «ni ni», que no estudian ni trabajan.
Nada de esto es gratuito para un país, pero las políticas de los gobiernos profundizan esta desigualdad, garantizando las ganancias de los grandes empresarios, bancos y terratenientes. La acción corrupta o cómplice de tres sectores clave, como las fuerzas de seguridad, la justicia y el poder político, hace que sólo caiga algún pez gordo cuando la presión de la movilización social obliga a los de arriba a cambiar de planes. Pero el grueso de los delitos «pesados» crece a la sombra del poder y es parte estructural del modelo capitalista en el que vivimos.
Así las cosas, no tenemos dudas en anunciar que las expresiones de la inseguridad van a seguir en aumento. Hay que agregar que ni Massa, ni Macri, ni la nueva alianza FA-UNEN tienen propuestas de fondo, ya que están integradas por partidos que gobernaron y gobiernan y nunca desarrollaron cambios de raíz, más bien han sido cómplices. Así se ve en Buenos Aires, la Capital y en Santa Fe, por nombrar unos ejemplos. Es precisamente por los problemas de sguridad que los médicos de la CICOP del Hospital Posadas pararon en repudio al ataque a una médica y que los obreros de Rosario se organizan para exigir a sus patronales micros para entrar y salir de las fábricas.
Lo que hace falta para resolver el problema son propuestas de fondo y concretas. En este sentido, como lo venimos proponiendo y lo han reafirmado en distintos debates Alejandro Bodart y Vilma Ripoll, para combatir la inseguridad lo primero es atacar las causas económico-sociales y dejar de verlo como una mera cuestión policial.
Hay que dejar de pagarles millones de dólares a Repsol, el Club de Paris y la fraudulenta deuda externa; y terminar con los privilegios impositivos para los capitalistas, y con todos esos recursos generar trabajo genuino, planes de vivienda y mejorar la salud y educación pública. y garantizar el acceso de la juventud a su primer empleo.
En segundo lugar, hay que atacar de raíz el triángulo de impunidad entre la justicia, las fuerzas de seguridad y los gobiernos, que amparan el delito organizado: bandas de narcotráfico, redes de trata, desarmaderos, etc. Para lograrlo, se impone hacer una profunda depuración y posterior democratización de la justicia y las fuerzas de seguridad. Eso arranca por separar, enjuiciar y encarcelar a todos los funcionarios judiciales y policiales vinculados al genocidio, a la corrupción y el delito. Hay que implementar los juicios por jurados populares y la elección de los jueces y fiscales por voto popular directo, para que no sean vitalicios sino con mandato limitado como un diputado y revocables en caso de corrupción o inoperancia.
Lo mismo con los comisarios: elegirlos por voto para que le rindan cuentas a los vecinos y no al poder político. Además, se debe otorgar el derecho a la sindicalización de los agentes policiales y de las fuerzas de seguridad, así como y establecer el control social sobre las comisarías.
Estamos convencidos de que hay que aplicar este tipo de medidas, firmes pero las únicas para cortar de raíz con las causas de tantos padecimientos de nuestro pueblo. Las entendemos como parte de una transformación global del modelo de país, cada vez más necesaria y por la cual peleamos desde el MST.
