El 1º de marzo la presidenta Cristina Kirchner ya había adelantado su intención de «reglamentar» la protesta social. Con su tramposa apelación a la «convivencia», Cristina se tiró brutalmente contra todas las protestas. Como recordamos, le pegó duramente a los docentes y avaló el brutal fallo que condena a inocentes trabajadores de Las Heras a cadena perpetua. El brutal ajuste que está descargando el gobierno sobre los trabajadores no pasa sin represión. Por eso la nueva ley anti-piquetes no sale de un repollo. Ya cocechó un enorme repudio. No nació todavía y ya la tuvieron que cambiar bajo un nuevo formato más tramposo pero igualmente represivo.

El primer proyecto

El pasado 16 de abril el diputado K oriundo del Chaco Juan Manuel Pedrini, siguiendo las órdenes de su jefe Jorge Capitanich elevó un proyecto, que cuenta además con la firma de los diputados K Kunkel, Conti, Diaz Bancalari y Mendoza (la esposa de Capitanich) llamado «ley de convivencia en manifestaciones públicas».
El proyecto era una primera y apurada respuesta a los exitosos cortes protagonizados por la izquierda en el enorme paro general del 10 de abril.
Esta primera versión exigía que las protestas pidieran permiso con 48 horas. de anticipación y era el gobierno a través del Ministerio de Seguridad el que determinaba que protestas eran legítimas o ilegítimas. Designaban un mediador y al mejor estilo del proyecto de protestódromo de Menem prometían la televisión. Y todos felices…
Eso sí: si su protesta era declarada ilegítima, la policía la podía dispersar «sin usar armas letales». O sea, le podían romper la cabeza pero no matarlo. De inmediato gran parte de la «oposición» se entusiasmó y más allá de tal o cual matiz, el Frente Renovador de Massa, el PRO de Macri, o De la Sota en Córdoba sumaron sus granitos de arena a la iniciativa.
Duró poco. Su forma era abiertamente inconstitucional, violaba todos los pactos internacionales de derechos humanos firmados por este gobierno. La izquierda, los trabajadores en lucha, distintos referentes y organismos de derechos humanos salieron a cuestionarlo. Nuestro partido a través de nuestro dipudado porteño Alejandro Bodart, salió a cuestionar la medida, llamando a rodear el Congreso para evitar que se apruebe semejante aberración. Hasta sectores del propio kirchnerismo como D’Elia o el CELS salieron a despegarse.
Por eso este primer intento cayó y ahora salió una versión más tramposa con la autoría de la propia diputada K Diana Conti (firmante del primer proyecto) y de la diputada Alicia Comelli del MPN (aliado K).

El nuevo intento contra las luchas

El nuevo proyecto, elimina el tema de las protestas legítimas o ilegitimas y mantiene la figura del mediador (antes se iba a encargar Berni a traves del Ministerio de Seguridad ahora será a traves del Ministerio de Justicia). Si el mediador dictamina que la protesta es correcta te mandan la televisión, si no les gusta … la policía te puede romper la cabeza, estés sobre una ruta, una avenida u ocupando una fábrica. Antes de romperte la cabeza te ofrecen unos minutos de televisión, para ver si con eso te conformás y te vas tranquilo a tu casa. Quizás con el mismo hambre y desesperación con que saliste a protestar, quizás con muchos compañeros despedidos que seguirán en la calle, o sin luz o inundados, pero eso sí: ¡pudiste salir en la tele!
El proyecto de Conti trata de confundir a la gente, ya que incluye una amnistía para los procesados o condenados por «delitos» originados en la protesta social desde el 2001, dejando afuera a los procesados o condenados por «delitos graves» como es el caso de los compañeros de Las Heras.
Más allá de que la figura de la «amnistía» ha sido rechazada por los luchadores, los organismos no oficialistas y la izquierda, que nos negamos a que se considere «delincuentes» a los compañeros y exigimos en cambio el cese de toda acción penal, el cierre de las causas y la anulación de las condenas, el nuevo intento K intenta posar de progresivo tomando en forma engañosa una de los principales reclamos democráticos de estos años.

El PRO no quiere ser menos que Cristina

Entre felices y preocupados porque Cristina les robe su discurso, los diputados macristas con Helio Rebot a la cabeza salieron a competir y han lanzado un proyecto para que los desocupados que por protestar realicen una contravención pierdan sus planes sociales.
Como señaló Bodart, quien enfrentó a Rebot en varios debates públicos: «Sacarle el plan social -o sea el pan- a un beneficiario que pida aumento, vivienda u otro reclamo justo es casi fascista. Da vergüenza ajena que este atropello a los derechos básicos provenga del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña. Nos oponemos de plano a esta versión fascistoide del proyecto K anti-piquetes».

Unidad para derrotar este intento represivo

Con nuevas versiones edul-coradas, el gobierno pretende lograr el «consenso» necesario para sumar una herramienta legal más a su arsenal represivo. Ya cuenta con la ley antiterrorista. Necesita ante su debilidad actual que importantes sectores de la «oposición» lo acompañen y tratar de confundir a algún sector de la población.
Por eso, es fundamental la unidad de todos los luchadores, la izquierda y de todos los sectores que se reivindiquen democráticos y ayuden a enfrentar este proyecto represor. En ese sentido la iniciativa del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (del cual somos parte), que realizó el martes 29 una Audiencia Pùblica con un arco muy amplio de diputados, luchadores sociales y dirigentes de izquierda, con el objetivo de apoyar la nueva presentación del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta, y del cual participó la compañera Vilma Ripoll en representación del MST, es un importante paso adelante.
La presencia de dirigentes radicales, como Alfonsín, más allá de algún cálculo electoral, muestra cómo el curso de la movilización y de la crisis, obliga a dirigentes que en otras oportunidades se han pronunciado contra los piquetes, a tener que sumarse al repudio a esta ley represiva.
Es fundamental entonces, con el espiritú más unitario posible, seguir enpujando las más amplia movilización para derrotar este proyecto. La acción programada por la CTA para el 8 de mayo será una nueva oportunidad para pegar juntos y si finalmente se llegara a tratar en el recinto del Congreso, el llamado de Bodart a rodearlo e impedir semejante atropello, va ha estar al orden del día.

Vilma Ripoll y Gustavo Giménez

Un amplio arco de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, acompañó la audiencia pública por la presentación del proyecto de ley contra la judicialización de la protesta social en el Congreso. Vilma Ripoll planteó la posición del MST.