El lunes 12 de mayo, y como resultado de la denuncia penal que presentamos el año pasado, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó investigar a Cristina Fernández de Kirchner por el acuerdo entreguista entre la Chevron Corporation yanqui y la petrolera “estatal” argentina YPF.

La denuncia la presenté ante la justicia federal el 19 de julio de 2013 junto al compañero Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. En esa presentación denunciamos a la presidenta de la Nación por los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y contaminación ambiental en grado de tentativa. Bajo el Nº 6.842/13, la causa recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría.
¿Qué denunciamos? Que con su Decreto 929/13 que habilitó el pacto Chevron-YPF, Cristina violó las leyes nacionales 17.319 y 26.197 de hidrocarburos, así como la ley 24.051 de residuos peligrosos. Como dijimos con Viale en el escrito que presentamos, “si a la multinacional norteamericana Chevron le permiten exportar el 20% de su producción sin pagar derechos; le autorizan la libre disponibilidad del 100% de las divisas; le garantizan un precio interno igual al internacional; le conceden las áreas hidrocarburíferas por 25 años prorrogables por 10 años más; no paga ningún arancel por importar maquinaria; y además con el fracking daña en forma irreparable el ambiente y arrasa con los derechos de los pueblos originarios, estamos ante delitos escandalosos”.
El 5 de agosto presentamos una ampliación de la denuncia pidiendo que se hiciera público el acuerdo Chevron-YPF, hasta ese momento secreto. Es que Cristina tampoco había enviado su Decreto 929 a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.
El 29 de agosto, la Legislatura de Neuquén aprobó el pacto secreto. Hubo una importante movilización popular en rechazo, de la que participó nuestra compañera Vilma Ripoll. Impusieron esa ley vergonzosa a fuerza de represión policial. Contra el pacto Chevron-YPF también se realizaron movilizaciones unitarias en Buenos Aires -de las cuales participé junto a nuestro partido, el MST-Nueva Izquierda- y en otras ciudades del país.

Idas y venidas

En su momento, el fiscal Eduardo Taiano desestimó nuestra denuncia por considerar que no había delito alguno para investigar. Según él, que actuó al servicio de la impunidad presidencial y del pacto Chevron-YPF, no había ninguna “irregularidad o inobservancia legal”…
Superando ese freno, la jueza Servini de Cubría correctamente anuló el dictamen del fiscal. Y hoy, al cierre de este periódico, recibimos con satisfacción la noticia de que ayer la Sala II de la Cámara ratificó la decisión de la jueza y de ese modo ordenó iniciar la investigación. Ha sido un martes 13 para la presidenta.
El fallo de la Cámara no fue unánime, sino dividido. Mientras que el juez Eduardo Farah votó en contra, los jueces Martín Irurzun y Horacio Cattani lo hicieron a favor. “La conclusión a la que arribó el Sr. Fiscal no sólo estuvo anclada en una visión estrictamente formal de los hechos, sino también parcializada, pues ha soslayado otros aspectos que fueron incluidos en la ampliación de la denuncia… El dictamen cuestionado no está motivado en la ley ni en la totalidad de las constancias incorporadas…”, dijeron. En una palabra, encontraron en nuestra denuncia elementos consistentes como para investigar.

Un fallo trascendente

Considero que la resolución de la Cámara de Apelaciones es realmente trascendente. Si no me equivoco, es la primera vez que la justicia argentina ha resuelto abrirle una investigación de carácter penal a un presidente que está en el ejercicio del poder, en este caso Cristina Kirchner.
Mi expectativa es que esta investigación judicial abra el camino a otras denuncias presentadas y permita sumar fuerzas para frenar el acuerdo Chevron-YPF, que bajo el mentiroso nombre de “régimen de promoción de la explotación de hidrocarburos” significa entrega de nuestros bienes comunes y además contaminación ambiental. Esto último lo provoca el método “no convencional” del fracking, que consiste en inyectar agua y químicos a presión, lo que destruye el subsuelo y contamina las napas y las tierras. En Vaca Muerta, en la etapa inicial ya han perforado 161 pozos. En total, prevén perforar 1.500…
En 2011, por ejemplo, Chevron fue echada del Ecuador y multada por la justicia de ese país en 19.000 millones de dólares por contaminar áreas enteras de selva, afectando a las comunidades indígenas. La petrolera, que en nuestro caso perjudica a los hermanos mapuches, también tiene juicios abiertos en otros países.
El gobierno argumentó que para lograr soberanía energética “no hay otra” que entregar Vaca Muerta a Chevron. No es así. Es la misma excusa que con las megamineras, que depredan los recursos, no pagan impuestos y encima contaminan nuestras aguas y tierras de por vida. Es preciso rechazar el fracking, preservar la naturaleza, hacer un uso racional de los hidrocarburos y buscar fuentes de energía alternativa.

Profundizar la pelea

Por cierto, mucho más cuestionable que la obvia actitud imperial de Chevron es la del gobierno nacional, que le concedió a ese pulpo toda suerte de privilegios en abierta violación a las leyes vigentes. Pero no vivimos bajo una monarquía. Aparte de no contener cláusulas secretas, este tipo de decisiones estratégicas que afectan a varias generaciones deben ser debatidas en el Congreso y, sobre todo, ser resueltas democráticamente mediante una consulta popular. Si el pueblo decide, como pasó en Esquel y otras ciudades con la megaminería, estamos seguros de que Chevron se tendría que ir. Desde el MST-Nueva Izquierda sostenemos con coherencia las banderas verdes de la defensa ambiental.
El doble discurso K queda desenmascarado otra vez. La supuesta “argentinización” de YPF, en la que tantos compañeros confiaron de buena fe, no tenía otro objetivo más que beneficiar a las corporaciones que contaminan y saquean nuestro petróleo. Regalar los hidrocarburos es una verdadera afrenta a la soberanía nacional bien entendida, máxime en tiempos de crisis energética como los que nuestro país atraviesa desde hace varios años.
Por eso insistimos en la necesidad de reestatizar todo el petróleo y el gas bajo control social.
Espero que no haya presiones políticas para promover impunidad, como lamentablemente suele ocurrir en la Argentina cuando se trata de causas o investigaciones que cuestionan la conducta de los gobernantes. De existir, las vamos a enfrentar convocando a la movilización popular y con todas las demás herramientas que tengamos a nuestro alcance.
Así como en julio del 2013 presentamos la denuncia penal que permitió abrir esta investigación a la presidenta, ahora vamos a seguirla hasta el final.
Por todas estas razones, en estos próximos días, con el patrocinio de nuestros compañeros Carlos Lucero Paz y Pablo Vicente, del Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU), me voy a presentar en la causa en carácter de querellante. ¡Abajo el acuerdo Chevron-YPF!

Alejandro Bodart, diputado del MST