El jueves 22 de mayo, un día después de la jornada internacional contra Chevron, nuestro diputado y dirigente Alejandro Bodart visitó nuestra provincia para recorrer el yacimiento Vaca Muerta entregado a esa multinacional, con el objetivo de recabar elementos para ampliar su denuncia penal contra Cristina Fernández de Kirchner y presentar otra denuncia contra el gobernador Jorge Sapag.
El 21 participamos de un escrache ante las oficinas de Repsol en Neuquén, organizado por la Multisectorial contra la Hidro-fractura. Hubo más de 200 personas y se leyó un documento conjunto denunciando que Chevron significa saqueo, contaminación y muerte. Luego confluimos con una marcha de estatales, docentes y obreros de Cerámica Neuquén frente a la gobernación provincial.
Al día siguiente llegó el compañero Bodart, quien en julio del año pasado junto al abogado ambientalista Enrique Viale había presentado una denuncia penal contra Cristina. Es que pasando por arriba del Congreso y violando las leyes nacionales de hidrocarburos y de residuos peligrosos, su Decreto 929/13 habilitó el nefasto acuerdo Chevron-YPF para explotar Vaca Muerta mediante el fracking, una técnica altamente contaminante (ver nota a la izquierda).
Sapag y Galuccio, felpudos del yanqui Poneman
La visita de Bodart a Neuquén coincidió con la llegada del titular de YPF S.A. Miguel Galuccio y el subsecretario de Energía norteamericano Daniel Poneman. Como patrón de estancia, junto a Sapag y Galuccio el yanqui recorrió Vaca Muerta para supervisar las «inversiones» de Chevron. Pero lo que ellos festejan, es una verdadera tragedia para nuestro país y nuestro pueblo.
Aparte de la cuestión del frac-king contaminante, el pacto entre Chevron e YPF es saqueo y entrega. Chevron puede exportar hasta el 20 por ciento de lo que extraiga sin pagar retenciones y dejar todos esos dólares afuera del país. Si para cubrir el consumo interno no pudiera exportar, el Estado le paga a precio internacional. Le dan las áreas por 35 años. Las provincias y la Capital le pueden otorgar beneficios complementarios (como nuevas concesiones y subdividir un área para crear otras). Como si eso fuera poco, el contrato Chevron-YPF se rige de acuerdo a las leyes de Nueva York y cualquier diferendo o arbitraje se dirime en París. Y encima, hay otras cláusulas secretas.
Como bien lo reconoció el vocero de Chevron, Kurt Glaubitz, «Chevron proporciona el 50% de la financiación y recibirá una parte proporcional de las ganancias. Este acuerdo nos da tranquilidad para remitir ganancias por arriba de lo reinvertido»…
Por otra parte, el acuerdo Chevron-YPF significa corrupción: la «estatización» trucha de YPF no sólo incluye una indemnización millonaria a Repsol sino que a YPF se la convirtió en una Sociedad Anónima para eludir los controles del Estado.
La recorrida de Bodart y la denuncia a Sapag
El jueves 22, poco después de mediodía, llegamos a la zona de Loma Campana, en el territorio de la comunidad Campo Maripe. Guiados por Gilberto Wijipan, de la Confederación Mapuce, pudimos observar con claridad el avance indiscriminado de las perforaciones, los múltiples caminos que se abren por la meseta y terminan en torres y mas torres que día y noche extraen de lo profundo el valioso recurso. Bodart pudo conocer en directo la situación de la comunidad mapuche, que en el centro mismo de la explotación petrolera deben calefaccionarse a leña y buscar agua semanalmente en la localidad de Añelo, ya que no pueden obtenerla en su propio territorio.
Marta y Chela Maripe, que viven desde hace años en ese territorio, le contaron que jamás fueron consultados antes del acuerdo y como su principal actividad económica es el pastoreo de algunos chivos, ovejas y vacas, los perjudica el avance de Chevron, que asimismo pone en cuestión su pertenencia ancestral en esas tierras. Chela, Marta y otros miembros de la comunidad también nos contaron cómo resisten y defienden sus derechos.
El viernes a la mañana, con el patrocinio del doctor Pablo Vicente, Bodart y Ottón presentaron en la Fiscalía Nº 2 una denuncia penal contra Sapag, que ya antes del pacto Chevron-YPF había beneficiado a la multinacional prorrogándole antes de tiempo y por 20 años la concesión del yacimiento El Trapial, con privilegios inéditos.
Así como su denuncia contra la presidenta tuvo alta repercusión nacional e internacional, durante los dos días que estuvo en Neuquén nuestro compañero Bodart realizó numerosas notas en radios, teles y diarios locales, completando una fructífera visita.
El verso del gobierno
Desde Cristina para abajo, todos los funcionarios K repiten que para tener «soberanía energética» no hay otra salida más que aceptar a la corporación Chevron, sus condicionamientos y su fracking. No es cierto en abosluto. Lo mismo decía Carlos Menem para justificar las privatizaciones de las empresas estatales de servicios… y así nos fue. Sólo por dar un ejemplo, los nuevos pozos de exploración de petróleo y gas en 1980 fueron 103. En el 2012 hubo 106 pozos. Es decir, hoy tenemos el mismo bajísimo nivel de exploración que hace 30 años.
La salida es otra, como planteamos en nuestras propuestas (ver abajo). Por eso, junto a nuestro diputado Alejandro Bodart, ratificamos el compromiso de seguir luchando contra la entrega, el saqueo y la contaminación, para echar a Chevron y que no se lleve la vaca y nos deje la muerte.
Priscila Ottón y Martín Carcione, dirigentes del MST Neuquén
Nuestras propuestas para recuperar el petróleo nacional
- Anular todos los contratos de concesión de áreas hidro-carburíferas firmados por YPF Sociedad Anónima, el gobierno nacional, las provincias y/o sus empresas con la multinacional norteamericana Chevron Corporation y las demás compañías petroleras extranjeras.
- Reestatizar de verdad YPF y toda la cadena de exploración, producción, refina-ción, transporte y comercia-lización de petróleo y gas, sin pago de indemnización alguna y como empresa estatal bajo el control social de los trabajadores petroleros y los usuarios. Absorción de ENARSA por esa YPF Sociedad del Estado.
- No pagarle un peso a la multinacional española Repsol, que vació YPF gracias a la privatización menemista y a la que el gobierno nacional va a «indemnizar» con más de 10.000 millones de dólares. Demandar a Repsol la indemnización por los pasivos ambientales y la malversación de activos de YPF.
- Destinar dichos fondos a la reactivación de la producción petrolera nacional y también al resarcimiento de los trabajadores ex ypefianos perjudicados por la venta ilegal e inconsulta de sus acciones Clase C de YPF.
- Prohibir la metodología del fracking en todo el país. Reiniciar las tareas de prospección y exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos convencionales, como lo hacía antiguamente la YPF estatal, en áreas terrestres y marítimas.
- Invertir en el desarrollo de energías alternativas renovables y no contaminantes: solar, hidroeléctrica (represas), eólica (viento), geotérmica (termal), biomasa (desecho orgánico), undimotriz y mareomotriz (olas y mareas).
Cristina y Sapag, enojados
Ni la presidenta de la Nación ni el gobernador neuquino fueron inmunes a las denuncias penales presentadas por nuestro compañero Bodart.
El 20 de mayo, al inaugurar la nueva sede del Ministerio de Justicia, Cristina se refirió a la década del ‘90 como «los años en que se entregaba vergonzosamente el patrimonio nacional de todos los argentinos y de todas sus empresas públicas. No hubiéramos perdido YPF y Aerolíneas». Y agregó: «Ojalá hubiéramos tenido fiscales y jueces como los que tenemos ahora, que siempre están tan atentos para poder hacer las denuncias que debe corresponder hacer y que también deberán ser probadas absolutamente. Porque realmente si esto hubiera pasado cuántas cosas nos hubiéramos ahorrado los argentinos».
Desde ya, la última frase es cierta. Pero más que un lamento por la antigua YPF estatal, cuya privati-zación bajo el menemismo ella y su marido respaldaron fervorosamente, la presidenta se quejó por la actual investigación abierta en su contra a raíz de la denuncia de Bodart y por otras causas penales contra funcionarios K como la que afecta a su vice Amado Boudou.
Parecida reacción tuvo el gobernador de Neuquén Jorge Sapag, del MPN, ante la noticia de que Bodart también presentaba una denuncia penal contra él por otra entrega a la corporación Chevron. En la conferencia de prensa con Galuccio y Poneman dijo: «Para nosotros es absolutamente irrelevante. Creo que es una denuncia que busca tener espectacularidad mediática, pero tenemos tranquilidad de conciencia. Hemos actuado en forma tan trasparente, así que no nos preocupa que investigue la justicia lo que tenga que investigar. En el caso del gobierno nacional mediante un decreto y en el provincial con una ley de la Legislatura provincial. Así que estamos muy tranquilos, no hay observación que hacer y que el diputado siga buscando su espectacularidad, algún día quizás le salga bien y consiga votos».
No se trata de espectacularidad mediática, como dice el señor feudal Sapag, sino de enfrentar a los entregadores del patrimonio público con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance. Eso es lo que a Bodart y al MST-Nueva Izquierda nos da plena tranquilidad de conciencia.
