El 18 de junio, en medio de una brutal represión policial que terminó con 26 detenidos y decenas de heridos, la legislatura cordobesa aprobó la nueva Ley de Ambiente.
Una ley para una provincia sin ambiente

La ley no parte de considerar la desastrosa situación socioambiental por la que atraviesa la provincia, a saber: a) expansión de la frontera agropecuaria a través del monocultivo de soja y maíz transgénico que ha reducido los bosques nativos al 3%; b) eliminación de los cursos de agua y napas contaminadas por la actividad agroindustrial; c) crecimiento exponencial de enfermedades y muertes producto de las fumigaciones con agrotóxicos en las zonas periurbanas lindantes con los centros “verdes” de producción sojera y maicera; d) multiplicación de los grandes negocios inmobiliarios en el Gran Córdoba y zonas turísticas, concomitantes con la escasez del servicio de agua potable para cientos de miles de pobladores; e) proliferación de basurales a cielo abierto y enterramientos.
En suma, la flamante ley de ambiente cordobesa no contempla la declaración de Emergencia Ambiental que permita poner freno a la devastación socioambiental y se constituya como punto de partida necesario para producir los urgentes y profundos cambios que la provincia necesita.

De la Sota intenta relegitimar la instalación de Monsanto

El fallo de la justicia que paralizó la construcción ilegal de la planta y el posterior rechazo de estudio de impacto ambiental fueron el resultado del enorme proceso de movilización que recorre la provincia y que tuvo epicentro en la lucha de la población de Malvinas Argentinas y en el bloqueo a la planta. Acorralado por la crisis política abierta, De la Sota se vio obligado a mandar un nuevo proyecto de Ley Ambiental, que le diera la posibilidad a Monsanto de iniciar nuevamente el camino de la instalación de la cuestionada planta otorgándole nuevos plazos. A través de esta argucia y en un intento de adaptar la legislación provincial a la nacional, nace esta nueva Ley que detrás de frases altisonantes, verbos en potencial y una gran concentración de poder en la autoridad de aplicación, distorsiona los legítimos reclamos populares e intenta por un lado relegitimar ante el conjunto de la población al alicaído Monsanto y, por otro, dividir y debilitar al movimiento socioambiental.

Unidad para echar a Monsanto y conseguir la Emergencia Ambiental

Los dos años de lucha llevada adelante contra Monsanto han mostrado con creces cual es el camino a seguir si queremos poner freno al enorme deterioro socioambiental en el que se encuentra sumida nuestra provincia. Nada positivo podemos esperar de un gobierno e instituciones que ni siquiera han respetado las insuficientes leyes de protección ambiental provinciales, como la Ley de uso del suelo y la Ley de bosques. Ha sido el proceso de movilización, unidad y amplitud los únicos recursos con los que contamos y que nos permitieron acorralar a la multinacional y sus gobiernos. Es ese el camino que estamos obligados a seguir hasta lograr de una vez por todas echar a Monsanto e iniciar las profundas transformaciones socioambientales que necesitamos.