Menos control público es más corrupción y muerte

Mauricio Macri acaba de eliminar un control público clave en la Ciudad de Buenos Aires. Si antes ya intentó vaciar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo, ahora anula la tarea de los verificadores. El diputado Alejandro Bodart presentó un pedido de citación al titular de la Agencia Gubernamental de Control, organismo a cargo de las inspecciones. 

El proyecto de Bodart plantea: “Cítese con carácter de urgente a esta Legislatura al titular de la AGC, Juan José Gómez Centurión, a una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad, Planeamiento Urbano y Legislación del Trabajo a fin de explicitar las causas, alcances y consecuencias de la disolución de la tarea de los Profesionales Verificadores de Obras, Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones Sanitarias y Fachadas dispuesta por el reciente Decreto Nº 271/14 y otros aspectos vinculados a los controles públicos”.

Fundamentos (resumen)

Con el Decreto 271 y sin un solo argumento concreto, la gestión macrista disolvió de un plumazo las tareas de control público que en la Ciudad realizan los Profesionales Verificadores de Obras, Habilitaciones, Ascensores, Instalaciones Sanitarias y Fachadas, algunas de las cuales venían funcionando desde hace 14 años.
Nuestra ciudad es la de Cromañón, Once, Beara y los derrumbes en obras, tragedias todas ellas evitables y vinculadas a la falta del control por el Estado sobre las condiciones de seguridad. Por ende, cualquier medida que implique modificar tales controles debe ser cuidadosamente evaluada. No es éste el caso.
Los Verificadores surgieron en el 2000 como un mecanismo alternativo y externo a fin de combatir las prácticas de corrupción que por desgracia fueron y siguen siendo tan habituales. Son profesionales universitarios -arquitectos e ingenieros-, independientes del Estado, a quienes por sorteo el GCBA les adjudica los controles. Los Verificadores de Obras, por ejemplo, constatan si los planos registrados coinciden con la obra real o no y elevan un informe al gobierno. Como éste es el único que tiene el poder de policía, informe en mano debe resolver si autoriza a seguir la obra, la clausura u ordena otras medidas.
El mecanismo sirvió. Por eso en 2003 se creó el registro de Verificadores de Habilitaciones.
Desde fines de 2007, cuando la Ley 2.624 creó la AGC, el funcionamiento de los registros de Verificadores pasó a depender de ese organismo. En estos años, la gestión macrista ha venido debilitando los controles públicos: redujo las verificaciones, complicó los trámites para los Verificadores y les paga poco y tarde. Luego también desarticuló las verificaciones de habilitaciones y ascensores. Ahora disuelve todas.
Según el Clarín del 15 de julio, “en la Agencia explican que en los últimos tres años, a través de la línea para reclamos que tiene el gobierno porteño, con el número 147, recibieron 14.000 denuncias por obras que, pese a haber pasado la verificación, tenían irregularidades.”
“Los verificadores controlaban que la obra se correspondiera con el plano. Pero como no tenían poder de policía, si había diferencias no podían clausurarla y sólo podían elevar un informe. Cuando nuestro inspector concurría a efectivizar la clausura, muchas veces ya se encontraba, por ejemplo, con pisos de más hechos. Aún así, no hubo ni una demolición. Como los nuevos inspectores sí van a tener poder de policía, estarán facultados para clausurar en el momento”, explica Juan José Gómez Centurión, el titular de la AGC.
Cuando se dice media verdad, estamos ante una mentira completa. Lo que Gómez Centurión no explica es qué hizo el gobierno macrista con esas 14.000 denuncias. Tampoco explica por qué esos inspectores que “se encontraban con pisos de más hechos” no clausuraron esas obras. ¿No será porque hubo coimas? Tampoco explica por qué “no hubo ni una demolición”, si quien debe dar la orden de demoler es el propio gobierno. ¿No será porque hubo coimas?
Gómez Centurión tampoco explica cómo 20 inspectores propios -en reemplazo de los mil Verificadores, a quienes dejan sin trabajo- podrán controlar debidamente las 4.000 obras simultáneas que hay en la Ciudad, las que a su vez requieren cuatro inspecciones cada una. ¿Acaso con menos control no se facilita que haya coimas?
“Se van a designar por concurso público”, nos dirán. Pero los hechos despejan toda duda. La Ley 2.624 que en 2007 creó la AGC daba un plazo máximo de dos años para convocar los concursos públicos para designar a los Directores Generales, que son los jefes de los inspectores. Ese plazo legal venció en 2009. A casi cinco años, esos directores aún siguen a dedo y los concursos nunca se hicieron.
No se trata de trámites burocráticos y sobre cuestiones secundarias, sino de cómo se ejercen en forma efectiva los controles públicos sobre condiciones de seguridad que hacen a la vida o la muerte de personas.
Por estas razones solicitamos la citación urgente a la Legislatura del titular de la AGC, el varias veces procesado penalmente Gómez Centurión.

Pablo Vasco

Murió otro obrero

Desde que asumió Macri, en promedio hay 1.25 derrumbes en la Ciudad por mes. Incluidos los 10 muertos por el incendio y derrumbe del depósito de Iron Mountain, en estos 6 años y medio los muertos por inseguridad laboral son más de 30. Los heridos son muchos más.
El martes 22, en una obra en Parque Patricios, murió otro joven obrero al caerse encima suyo una parte de la retroexcavadora que manejaba.
En febrero, una inspectora de la Subsecretaría de Trabajo solicitó que se capacite a los maquinistas de esa obra. No sabemos si se hizo o no. Lo que sí sabemos es que a los pocos días dos inspectores funcionales al subgerente de Higiene y Seguridad porteño, Fernando Cohen, cerraron las actuaciones.

Arq. Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Verificadores

La arquitecta Rodríguez, titular de la APPV, afirmó: “Los verificadores de obra damos mayor transparencia a los controles, ya que somos profesionales idóneos e independientes asignados por sorteo. Nuestro registro nació en el 2000 ante la corrupción en las inspecciones y abarca a unos mil arquitectos e ingenieros. Eliminar la figura del verificador es debilitar todos los controles de obra necesarios para la prevención y la seguridad de las personas.”