El martes 5 de agosto, cuando escribimos esta nota, hubo un derrumbe en una obra en el barrio porteño de Núñez: 4 obreros heridos. La semana pasada, el 25 de julio, se produjo otro similar en Constitución: dos trabajadores heridos. Y tres días antes, el 22 de julio, en una obra en Parque Patricios, un obrero murió aplastado por una excavadora…
“Tres derrumbes en menos de un mes es un record inaceptable. Como por la crisis económica las empresas constructoras buscan reducir sus costos, Mauricio Macri se los facilita al quitar controles de la Subsecretaría de Trabajo y de la Agencia Gubernamental de Control sobre las condiciones de seguridad en las obras. En consecuencia hay más muertos y heridos, lo que se va a agravar si no se revierte esa política irresponsable.”
Eso es lo que declaró nuestro diputado Alejandro Bodart ante el nuevo derrumbe. Es que el gobierno porteño tiene una evidente responsabilidad política en lo que ocurre. En los tres últimos años ya van 34 derrumbes con numerosos heridos y 47 muertos, incluidos los 10 de Iron Mountain. Si hubiera controles y prevención por parte del Estado, la enorme mayoría de estas desgracias podría evitarse.
La burocracia sindical de la UOCRA se limita a hacer una presentación formal cuando se inicia cada obra, pero a partir de ahí se desentiende de la inacción del gobierno y de hecho actúa de cómplice de las empresas. Total, las vidas las ponen siempre los obreros…
La cuestión de los boliches
A partir de la repudiable violación de una joven en un boliche en Congreso, el gobierno porteño salió a tapiar algunos bares y habló de “600 clausuras”. Pero tal como lo denunció la Cámara de Bares y Pubs, es puro operativo marketinero. La realidad es que las habilitaciones, inspecciones y clausuras que hace el Gobierno de la Ciudad son en su enorme mayoría discrecionales, según se trate o no de amigos del poder y paguen o no las coimas de rigor.
Desde ya, en la Ciudad Cromañón un local que no esté en condiciones no debe ser habilitado. Pero es ridículo que a un pequeño pub se le exija un máximo de una persona cada tres metros cuadrados, como si fuera un restaurant, y si hay alguna de más se lo clausure por “riesgo”, mientras los inspectores hacen la vista gorda ante los grandes boliches con exceso de público. Por eso Bodart hizo propio el proyecto de ley regulatoria que presentó la Cámara.
Dos nichos oscuros: Trabajo y la AGC
El contador Sabor ya demostró no tener idoneidad para ser subsecretario de Trabajo, desde que fue denunciado penalmente por su propio personal por incumplir las normas de seguridad e higiene en la Subsecretaría… que debe controlar el cumplimiento de esas mismas normas en toda la Ciudad. Sabor es quien se negó a clausurar los depósitos de Iron Mountain pese a las denuncias de irregularidades y quien el año pasado intentó, por orden de Macri, vaciar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo transfiriéndolos a la AGC. Hasta ahora, ese intento fue derrotado.
El otro lugar oscuro es la Agencia Gubernamental de Control, a cargo de la fiscalización, el control de obras, las habilitaciones y la seguridad alimentaria. Su titular es el ex militar Juan José Gómez Centurión, que tiene 6 causas penales abiertas. Su jefe de gabinete es Rodrigo Bonini, un ex agente de la SIDE. Y sus directores generales, que según la Ley 2.624 desde diciembre de 2009 debían ser nombrados por concurso público, siguen desde entonces nombrados a dedo. ¿Con qué cara pueden semejantes personajes garantizar transparencia y evitar la corrupción en las inspecciones y controles?
Amparo en defensa de la tarea de los verificadores
La tarea de los verificadores surgió en el año 2000 para combatir la corrupción. La arquitecta Rodríguez, titular de la asociación que los nuclea, explica cómo funcionan (ver recuadro). Por decreto, el 15 de julio Macri disolvió este control público de profesionales independientes. Es decir, habilita la corrupción y su secuela de inseguridad y muerte.
El jueves 7, los verificadores realizan una nueva protesta ante la jefatura de gobierno porteña. Luego, con nuestro diputado Alejandro Bodart presentan un amparo para reclamar la suspensión del decreto y la continuidad de su tarea.
Como dice Bodart, “en esta Ciudad lo urgente es fortalecer todos los controles públicos, y no debilitarlos o eliminarlos como están haciendo Macri, Sabor y Gómez Centurión.”
Pablo Vasco
Arq. Lilian Rodríguez, presidenta de la Asociación de Verificadores
“Los decretos aventureros como el 271/14 de Macri desmantelan el cuerpo más legítimo de la estructura de control edilicio porteño: el registro de Profesionales Verificadores. Desde su creación hace 14 años hemos demostrado una impecable actuación profesional, aportando transparencia al sistema público de control sobre un tema clave como la seguridad en las obras. Por eso el Consejo Profesional de Ingeniería Civil le cuestionó por nota formal a Macri su decreto que disuelve nuestra tarea y lo mismo, aunque más tibiamente, hizo el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.
“Los Verificadores somos profesionales independientes; vamos a las obras que nos asignan y constatamos si hay o no diferencias entre la construcción real y los planos registrados oficiales o también algún incumplimiento a las normativas que sea factor de riesgo. Esos informes los elevamos al Gobierno de la Ciudad, que tiene el poder de policía a través de sus inspectores, que son personal de planta. Nosotros somos como un semáforo que alerta, para que luego el gobierno actúe. El problema es si lo hace o no en tiempo y forma, y si clausura o no las obras cuando corresponde.”
