La semana pasada, Edenor y Edesur, empresas privadas a cargo de prestar un servicio público esencial como la electricidad, le reclamaban al gobierno nacional el dinero para pagar los sueldos de sus trabajadores. A la vez, el propio ministro De Vido reconocía que el Estado tuvo que hacer obras de distribución eléctrica por 518 millones de pesos que debió hacer Edesur. Si el Estado debe hacerse cargo de los sueldos y las obras, ¿qué papel juegan Edenor y Edesur? ¿Y por qué hay que mantener privatizado el servicio?
Es que este gobierno no tiene la menor intención de modificar el modelo privatista iniciado en los ‘90 por Menem. Se sigue protegiendo la ganancia privada en desmedro de los usuarios. La “oposición” se limita a plantear que el problema es el atraso en la tarifa, o sea que sólo les preocupa proteger la renta empresarial. Ni gobierno ni oposición parecieran contemplar las ganancias que las empresas tuvieron durante más de 20 años ni reclamarles por las obras que no hicieron.
Hace ya más de un año y medio se creó un cargo adicional que pagamos los usuarios en nuestras facturas. Con ese fondo fiduciario, el Estado financia las obras que deberían haber hecho Edenor y Edesur. Desde fines de febrero, ante las protestas de vecinos por los cortes, se iniciaron más obras pero aún son insuficientes.
La estacionalidad -variación periódica y predecible de las temperaturas en el año- hace que la demanda de energía no sea mayor. Por lo tanto, los cortes de luz no llegan a situaciones como las del verano pasado. Pero en los últimos meses, el atraso en el pago de los sueldos al personal de Edenor y Edesur provocó paros, con los consiguientes cortes de suministro por largas horas. Como siempre, los perjudicados son los trabajadores y los usuarios.
La salida es estatizar Edenor y Edesur bajo el control de sus trabajadores y usuarios, volcando todos los recursos necesarios para revertir esta crisis en el menor tiempo posible.
Jorge Bunster, delegado general de ATE-ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad)
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