La explosión del gasoducto que alimenta a la central de Pilar sacudió todo en un radio de 5 kilómetros, hubo temperaturas de 1000 grados en zonas aledañas y llamas de más de 40 metros de altura. La falta de controles, impedidos por el corrupto triángulo integrado por empresarios, políticos y poder judicial son los responsables de esta nueva tragedia.

“La usina de Pilar es la mejor inversión que podríamos haber hecho los cordobeses”. Con esta cínica frase, el ex gobernador Schiaretti intentó hace 4 años, tapar el obsceno negociado que su gobierno, el de Cristina Kirchner y Electroingeniería consumaron durante la construcción de la usina de Pilar. Pero resultó ser la usina más cara – y corrupta – del mundo.
Los U$S 210 millones originales, que servirían para repotenciar la vieja usina de Pilar, rápidamente y con la colaboración de Julio De Vido, se transformaron en U$S 778 millones. El Ministro de Planificación propuso construir una nueva usina y para que todos pudieran embolsar las bondades de los sobreprecios de la obra pública, contrataron a un viejo amigo en común: Electroingeniería.
A la hora de resolver quién pagaría los gastos, fueron poco originales: terminaron cargándole a cada factura de electricidad un monto de entre $120 y $250 anuales. De esta forma EPEC (Empresa Provincial de Energía Eléctrica) cobra actualmente a los cordobeses la electricidad a un precio que duplica a la de Edenor, por ejemplo.
Al finalizar la obra, la estafa era evidente. La construcción de la usina arrojó un costo final que duplica los precios internacionales e incluso supera en un 70% a las construidas por la misma empresa en Timbués (Santa Fe) y Campana (Buenos Aires).

Profundizando el vaciamiento

La resistencia de trabajadores y usuarios, logró derrotar en 2001 el intento de privatización de EPEC que impulsó De la Sota. Desde ese momento el gobierno profundizó el desguace y vaciamiento de la empresa, llegando al punto de tomar un crédito en dólares por 565 millones a 12,5% anual para construir la central de Pilar. Debido a la escalada del dólar se generó un crecimiento exponencial del monto de la deuda, garantizando 4 años de balances negativos y la virtual quiebra de la empresa.
Todas las denuncias e investigaciones realizadas, como la de Javier y Lázaro Llorens, en relación a esta grosera estafa contra el pueblo y los trabajadores de Córdoba han sido oportunamente ignoradas por los funcionarios judiciales, adictos a los intereses del poder político provincial.

Monos con navajas a cargo de una usina

El marco de corrupción y vaciamiento es el telón de fondo de esta nueva tragedia que se cobró otra vida e hirió a 3 personas más.
Desde que se inauguró la central en 2010 han sido innumerables los hechos de negligencia y corrupción. La irresponsabilidad de los encargados de la usina generó la muerte de un operario en otra explosión y actualmente están siendo investigados por robo de combustible, que sólo durante 2013 ascendió a $17.500.000. La peligrosidad de estos funcionarios ha traspasado las puertas de la central y ha llegado a las poblaciones que viven en las márgenes del Río Segundo, afectándolos con los numerosos derrames de miles de litros de gasoil a su cauce.
A raíz de diversas fallas, la usina estuvo cerrada 8 de los últimos 12 meses y tras sólo 120 días de actividad una nueva tragedia cuestiona la viabilidad de un proyecto que desde el principio estuvo puesto al servicio del enriquecimiento de funcionarios, empresarios y jueces y no de resolver las necesidades de los miles de cordobeses que aún no cuentan con servicio de electricidad ni de gas natural.

Cárcel a los responsables de la tragedia

Los cruces de tinte electoral entre De la Sota y Cristina, viejos socios de este ruinoso negocio, confirman que no tienen nada para ofrecer ante esta crítica situación a la que nos han arrastrado.
La única manera de poner un freno al carnaval de corrupción e irresponsabilidad que se ha adueñado de la central de Pilar y evitar una nueva tragedia, es conformando una comisión investigadora independiente que llegue hasta el fondo de las responsabilidades políticas y técnicas. Es indispensable avanzar en la derogación de la ley -recientemente aprobada- que exime a los funcionarios y al Estado de responsabilidad en este tipo de tragedias y lograr que los responsables no sólo vayan presos, sino que respondan con sus bienes personales.

Marcelo Maceira