Comenzó en el Congreso Nacional el debate sobre la nueva ley de hidrocarburos. Impulsada por el kirchnerismo y acompañada por los gobernadores de las provincias petroleras, esta nueva norma pretende establecer las bases legales para una nueva colonización de nuestro país por la vía del remate de nuestros bienes comunes.

Se cae el decorado y todo vuelve a ser lo que fue

A mediados de los 90`, un avión partió desde Río Gallegos llevando a un grupo de diputados, entre ellos a la actual presidenta de la Nación: Cristina Kirchner. El viaje tenía un objetivo: votar la privatización de nuestros recursos hidrocarburíferos, rematando a precio vil YPF, Gas del Estado y demás empresas pioneras de esta industria a nivel mundial.
Teniendo en cuenta ese triste antecedente, no llama la atención que sean hoy los mismos personajes, o casi los mismos, los que vuelvan a la carga y redoblen la apuesta, presentando una nueva ley de hidrocarburos que no es ni más ni menos que la legalización del saqueo de nuestros bienes comunes, la contaminación de nuestros territorios, la expulsión de los pobladores originarios y la transformación de amplias zonas de nuestro país en verdaderas “áreas de sacrificio” en post de las ganancias de un puñado de multinacionales.
¿Qué pasó en el medio? Cartón pintado, un decorado nacional y popular discursos altisonantes, algunas medidas que se van olvidando mientras salen a la luz los verdaderos contornos de este “modelo” a la medida de Chevron, Monsanto, Barrick Gold y todo el que pueda pagar su lugar en el banquete.

Soberanía energética para la tribuna

El borrador acordado, después de varios tironeos, entre el ejecutivo y los gobernadores “petroleros” señala como uno de los objetivos de este cambio en la ley la obtención de la tan mencionada “soberanía energética”, pero apenas unos renglones después propone iguales condiciones para las petroleras de “bandera” y las multinacionales, establece topes a las regalías (muy por debajo de las que se cobran en otros países), permite la libre disponibilidad de lo extraído en un 60% en el caso del off shore, extiende los plazos de concesión y quita el límite de 5 unidades de producción por empresa, lo que profundiza el oligopolio y así podríamos seguir enumerando punto por punto este verdadero festival de la entrega.
Pero sin dudas, el nudo del asunto, tiene que ver con poner en manos de las multinacionales que vienen saqueando desde hace años nuestros bienes comunes la posibilidad de recuperar la soberanía energética. Es una mentira descarada y una demostración clara de que mas allá de los discursos y las poses, el gobierno nacional y sus socios provinciales, son representantes de las empresas y son sus intereses los que defienden.

Basta de entrega: la estatización integral de nuestros recursos es causa nacional

Nuestro compañero el diputado Alejandro Bodart denunció ante la justicia las irregularidades del decreto 929/13 pionero de la entrega en 2013. Este decreto, firmado por Cristina días antes del acuerdo entre Chevron e YPF, fue la muestra de lo que se venia. Luego se vino la brutal represión en la legislatura de Neuquén, para evitar que el repudio popular se expresara ante la legalización de este acuerdo, que ya permite que hoy más de 500 torres de fracking invadan los territorios de la comunidad Mapuche Campo Maripe en Neuquén.
La aprobación de esta nueva Ley de Hidrocarburos representa un salto adelante en la depredación ambiental, la entrega y la violación sistemática de todos los derechos de los pueblos originarios.
El camino que proponen el gobierno y la “oposición” está claro. Lo que necesitamos es poner en pie una gran campaña por la nacionalización completa de nuestros bienes comunes, prohibiendo las técnicas nocivas como el fracking, poniéndolos bajo control estricto de los trabajadores, respetando la consulta a las comunidades originarias y destinando recursos cada vez mas significativos, a la transformación de la matriz energética, apuntando a las energías limpias y renovables.
Lejos de los discursos de los funcionarios, que hablan de “progreso” y un futuro atado a los hidrocarburos, desde el MST-Nueva Izquierda creemos que no hay desarrollo posible si es a costa de más dependencia neocolonial, depredación y saqueo. Por eso, convocamos a desplegar en todo el país una intensa movilización para denunciar este salto en la entrega patrimonial y sus funestas consecuencias. Vamos por una Argentina libre de corporaciones.

No a la provincialización de la política petrolera

Ante este proyecto, consultamos a Carlos Guanciarossa, Sec. Gral. de la Agrupación Mosconi (FeTERA-CTA), quien señaló: “La cuestión principal de esta ley de hidrocarburos es que la provincialización de la política petrolera está en el marco de la política neoliberal del menemismo que los Kirchner siguen aplicando. Se desconoce el artículo 40 de la Constitución de 1949 que fue el primero que derogó la constituyente del ’57 de la dictadura militar auto titulada como la “Libertadora”, cuando estaba proscripto el peronismo.
Ese artículo fue ponderado por Hugo Chavéz cuando dijo que ese punto -incorporado a la Constitución de Venezuela- era un artículo revolucionario. Por lo tanto, no hay salida a la crisis energética si no es el Estado nacional el que maneja una cuestión tan estratégica como los hidrocarburos y el petróleo. No va la provincialización, sino que las provincias deben velar por una distribución justa de esos ingresos para beneficio del pueblo”.

Carlos Guanciarossa