El 26 de septiembre los transportes de los estudiantes de la escuela rural Normal de Ayotzinapa fueron interceptados por la policía en la localidad de Iguala del estado de Guerrero. Lo hicieron por orden del alcalde José Luis Abarca, hoy prófugo junto a su esposa María Pineda (vinculada a los cárteles de la droga) y al jefe de policía local. Temían que los estudiantes, en viaje para la ciudad capital del país para participar en la marcha que todos los años conmemora la masacre del 68 en Tlatelolco, desviaran su curso y le arruinaran la presentación que la esposa del alcalde iba a realizar.
La policía de Iguala con el apoyo de policías del municipio de Cocula los intercepta y mata a dos normalistas, y a otras tres personas al atacar un bus por equivocación; deja unos veinte estudiantes heridos (uno con muerte cerebral). Tres días después se encontró el cadáver de otro estudiante desollado. Aparentemente se habría negado a retirar su bufanda del rostro.
Hay 43 estudiantes desaparecidos que fueron entregados por la policía al cartel de narcotraficantes “Guerreros Unidos”, que tiene estrechos vínculos con la esposa del alcalde y controla la región en disputa con otros cárteles menores. Tres de los 22 policías y ocho sicarios detenidos confesaron haber asesinado a por lo menos 17 estudiantes por orden del director de Seguridad del Municipio y del jefe de los Guerreros Unidos (ahora detenido), a los que asesinaron a balazos. Luego los quemaron y enterraron.
En estos días se han descubierto 5 fosas en la zona con restos de 28 cadáveres desmembrados y calcinados. Pero los técnicos de antropología forense tardarán al menos 15 días en completar las tareas de identificación.
Enfrentando a los traficantes de la muerte
México es un país latinoamericano donde el aparato estatal está profundamente fundido con los negocios y sicarios del narcotráfico. En los últimos años 70 mil personas fueron asesinadas por las disputas territoriales y 27 mil fueron desaparecidas (aunque luego el gobierno rebajó a 19 mil la cifra).
Pero ahora les tocó el turno a estudiantes pobres, indígenas en su mayoría, los mejores promedios de sus comunidades y futuros maestros de las zonas rurales más postergadas, y un dolor profundo se extendió por toda la nación azteca.
Las movilizaciones del 8 y 22 de octubre, así como el paro estudiantil, han sido masivos tanto en el Estado de Guerrero, como en la capital mexicana y distintas ciudades del país. El 22/10 fue además una jornada mundial de protesta e importantes movilizaciones solidarias se realizaron en varias capitales. La furia de la movilización terminó con la quema de la alcaidía de Iguala y con la sede de Gobierno y el ayuntamiento municipal de la capital del Estado de Guerrero. Acaba de renunciar el Gobernador Ángel Aguirre Rivero del PRD, que hasta ahora venía siendo sostenido tanto por su partido que domina el Estado, como por el gobierno nacional de Peña Nieto del PRI.
Crisis del régimen político
La crisis política parece no detenerse. Las últimas medidas neo liberales de Peña Nieto se han visto opacadas por esta masacre. Entre ellas la enorme privatización de los recursos petroleros, que buscaba atraer nuevas inversiones. El régimen político mexicano sostenido por tres partidos: el histórico PRI en el gobierno (luego de un escandaloso fraude electoral), el derechista PAN y la variante centroizquierdista de recambio el PRD están seriamente cuestionados.
Es evidente que la especulación con la aparición de los cuerpos de los desaparecidos ya hace un mes, tiene que ver con los temores de la burguesía y la dirigencia política mexicana tradicional a la reacción de la juventud y el pueblo. Recientemente Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente Lázaro Cárdenas y fundador del PRD, fue expulsado de una movilización de protesta por la masacre.
La crisis desatada, ha sacado a luz como ninguna otra en el pasado, el grave estado de descomposición que tiene la estructura política del país azteca, tras largos años de planes neoliberales, de tratados de libre comercio con EEUU, que han dejado enormes ganancias para las multinacionales y sus socios locales y gran pobreza para la mayoría del pueblo hermano.
Las movilizaciones desatadas por la masacre de los estudiantes, enfrentan ese modelo y pueden convertirse en un punto de inflexión en la situación del enorme país latinoamericano. Por eso más que nunca debemos apoyar las luchas por el reclamo de Justicia por los normalistas de Ayotzinapa.
Gustavo Giménez
