Uno de los temas de agenda de las últimas semanas es el nuevo proyecto para dar andamiaje legal a las llamadas nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La ley Argentina Digital que impulsa el oficialismo nacional habilita un nuevo negocio para otra corporación amiga. En este artículo analizamos sus implicancias y planteamos una posición independiente desde la izquierda.
Antes que nada es preciso sintetizar los aspectos clave del proyecto de ley para entender qué estamos analizando.
La Ley de Medios que el gobierno nacional impulsó con tanto ímpetu prohibía a las telefónicas ingresar al negocio de la TV por cable. Se decía así que era una especie de reaseguro antimonopólico esencialmente destinado a erosionar al grupo mediático Clarín. Este nuevo proyecto de ley exceptúa a las telefónicas de esa inhibición y por lo tanto le abre el negocio de la TV por cable. Telefónica y Telecom beneficiarios directos
Sin embargo las operadoras de cable no pueden con esta normativa dar telefonía digital, con lo cual se levanta un obstáculo al negocio de Cablevisión –del grupo Clarín
Se declaran las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones como servicios esenciales básicos y se habilita una mayor regulación estatal, sobre la base de habilitar a corporaciones amigas a ingresar en el mercado.
No se impone ninguna obligación de inversión en desarrollo logístico y de infraestructura a las multinacionales telefónicas que irán a explotar el servicio de cable, pese a su negro prontuario en materia de desinversión y decadencia en los servicios de telefonía cuya explotación comercial privada mantienen desde la década menemista
Resumiendo: la Ley “Argentina Digital” presentada como otra epopeya antimonopólica implica entregar el negocio de las telecomunicaciones a una corporación asociada políticamente al gobierno nacional. Es decir: reemplazar un monopolio –Clarín-, por otro –Telefónica. Nada nuevo bajo el sol del doble estándar discursivo del kirchnerismo.
Hacia una real democratización
Está clarísimo que las nuevas tecnologías de la comunicación son una necesidad social y popular en la actualidad. La información, los recursos de comunicación 2.0 son parte de derechos sociales como el transporte público, la salud o la educación. Por eso, categóricamente no pueden quedar bajo el control del mercado capitalista y su inexorable ley de maximización de beneficios. El estado con control social de trabajadores y usuarios debe asumir la propiedad, uso, planificación y control de dichos recursos. A la vez, es central para el fortalecimiento de una real intervención democrática de las mayorías sociales que en primer término, toda la población trabajadora pueda acceder de forma eficiente y barata a esos servicios: cable, internet, telefonía. Así y con otra ley real de democratización comunicacional garantizar espacios de intervención mediática a todas las corrientes de opinión políticas, sindicales, sociales, ambientales, estudiantiles y de género. Vale decir: medios de comunicación gráficos, radiales y de TV con espacio para todas las corrientes de ideas, y a la vez los recursos para acceder a los mismos al alcance de las mayorías sociales. La disyuntiva es precisa: monopolios capitalistas –oficialistas y opositores- dominando la comunicación, o democracia comunicacional real ahora. Nuestra opción es muy contundente. Impulsamos entonces en todo el país una campaña de carácter amplio #NoalaLeyTelefónica y alertar a la población que el 26/11 el oficialismo pretende darle sanción definitiva en diputados a esta nueva legislación de la entrega, ahora comunicacional, a las corporaciones de este negocio.
Mariano Rosa
