La reciente explosión de Química Raponi en el corazón de la barriada de Alta Córdoba, en la capital provincial, desnudó un complejo entretejido de corrupción, conductas delictivas y situaciones de desidia estatal y empresaria que pusieron en jaque la viabilidad de este tipo de emprendimientos productivos en el área urbana. Allí estallaron miles de litros de alcohol depositados en un galpón clandestino, al lado de la planta autorizada.
La punta de iceberg
A escasas 3 cuadras de la Química siniestrada se encuentra la planta de Dioxitek, una sociedad anónima estatal que se dedica a la producción de dióxido de Uranio, materia prima para la elaboración del combustible nuclear que usan las centrales atómicas de Atucha y Embalse. Las decenas de denuncias realizadas por vecinos durante años fueron desoídas por las tres esferas estatales. A partir de la explosión en Raponi, Dioxitex fue clausurada, aunque sin dar respuesta sobre la remediación ambiental del terreno que ocupa.
La conmoción social y política por la explosión en Alta Córdoba puso sobre el tapete que más de 200 industrias radicadas en la planta urbana de la ciudad no están en condiciones legales de funcionar. O porque violan la Ley de Uso de Suelo, o porque su actividad real no se corresponde con la actividad declarada
y autorizada o porque violan normas de seguridad elementales.
De Raponi a Porta
La alarma suena mucho más fuerte en el sur de la ciudad, en barrio San Antonio. Los vecinos de la fábrica de bioetanol Porta (conocida como “la alcoholera”, por su antigua producción) advierten sobre las consecuencias funestas de que el estallido de Química Raponi se repita allí.
Esta planta produce desde 2012 unos 100.000 litros diarios de bioetanol de maíz transgénico (Monsanto). Es a partir del comienzo de esa producción que los vecinos comenzaron a sentir una serie de síntomas en su salud que los llevaron a organizarse y pedir el traslado de la empresa.
Si la actividad productiva en pequeña y mediana escala sólo es económicamente viable en abierta violación de los estándares más elementales de seguridad e higiene (según se desprende de la generalidad de los empresarios), entonces estamos hablando de actividades condenadas a la clandestinidad. Las regulaciones estatales, inclusive cuando son respetadas (como en el caso Porta, aparentemente), no son suficientes para garantizar la salud de los vecinos. Y la presión de la ganancia empuja a los empresarios a reducir los presupuestos en seguridad e higiene.
Falta de controles, corrupción y negociados
Si bien la connivencia estatal es parte indispensable de la maquinaria corrupta del capitalismo, la misma se apoya en legislaciones incumplibles o fácilmente vulnerables. No olvidemos que, técnicamente, Química Raponi estaba habilitada, y lo que explotó fue un galpón clandestino. Porta también está “habilitada”, aunque enferme a sus trabajadores y vecinos.
Lo que decimos es que aún sin connivencia estatal (que no quita responsabilidad estatal) la norma de regulación falla, porque está inspirada en el espíritu de la iniciativa individual (del privado para declarar y del inspector para inspeccionar), sin tener en cuenta las implicancias socioambientales del caso ni las necesidades productivas de la sociedad.
Este paradigma es el que está en crisis y debe ser derribado definitivamente, toda vez que “las libertades individuales” de algunos emprendedores privados se llevan por delante a las mínimas condiciones de vida de comunidades enteras.
La necesidad de respuestas integrales a la debacle socioambiental
La realidad concreta dice que los vecinos (tanto de Química Raponi como de Porta) se organizan y presentan sus demandas. En el caso de Alta Córdoba, el pedido es la reconstrucción de lo destruido a cargo del estado, porque se lo pretenden cobrar a ellos mismos. En el caso de Porta, el reclamo es que la empresa se vaya inmediatamente del barrio. En el mejor de los casos, ambos reclamos podrían ser satisfechos, y sería un gran triunfo que fortalecería al conjunto de las luchas socioambientales, en particular a la lucha contra Monsanto. Y por supuesto nos dejaría en mejores condiciones para avanzar sobre el problema que está en el origen de este tipo de sucesos: la maquinaria del estado capitalista que es impotente para regular el funcionamiento del capitalismo, en el sentido de que
tiende a no contener el impulso capitalista a elevar la rentabilidad a cualquier costo. Cuando ocurre un siniestro, en el mejor de los casos se halla uno o varios culpables, pero aquí hablamos de prevenir las catástrofes, no de castigar a los responsables. Poco nos valdría encontrar al responsable penal de una potencial explosión de Porta.

Teniendo conciencia de que nos enfrentamos a un problema complejísimo, no podemos dejar de dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a las necesidades inmediatas de los vecinos afectados por la explosión.
Sabiendo que la única forma de prevenir estos siniestros es un plan de relevamiento y erradicación masivo del ejido urbano de todo establecimiento cuya actividad suponga riesgos serios para la comunidad, no debemos dejar de exigir al estado una mayor calidad y cantidad de controles e inspecciones. Este plan y estos controles deben ser llevados a cabo por una comisión independiente de los gobiernos, compuesta por representantes de organizaciones populares y técnicos idóneos.
A la vez que exigimos las indemnizaciones correspondientes para los vecinos que perdieron sus casas o partes de ella, también le exigimos al estado que cobre impuestos a los que más tienen para financiar el bienestar de toda la sociedad.
Y, finalmente, los ecosocialistas peleamos por construir una herramienta que nos permita acceder al control del Estado y empoderar al pueblo organizado para que sean sus intereses los que gocen de la protección y privilegio, en contra de los grandes capitalistas, cuyas riquezas debemos poner al servicio de las profundas transformaciones sociales y productivas que discutamos democráticamente.