El 5 de febrero se cumplirá un año del incendio del depósito de la empresa yanqui Iron Mountain en Barracas. Allí murieron 8 bomberos de la Federal y dos rescatistas de Defensa Civil.
Cinco años antes, en 2008, el ingeniero Edgardo Castro, inspector del trabajo, delegado de ATE y militante del MST había pedido la clausura por incumplir las condiciones de seguridad. Pero el subsecretario de Trabajo macrista Ezequiel Sabor se negó. Es más: en 2009, el gobierno del PRO premió a IM entre las primeras empresas del llamado “distrito tecnológico”, donde las eximió de pagar todos los impuestos.
Ante el desastre, el diputado Bodart presentó en la Legislatura un proyecto de ley para crear una comisión investigadora independiente. Y a instancias de familiares de las víctimas y vecinos de Barracas, presentó otro proyecto para que la calle Jovellanos, donde está el depósito, pase a llamarse “Héroes de Barracas”.
Como Macri prioriza el negocio privado a la seguridad pública, debilitó los controles estatales: intentó desmantelar el Cuerpo de Inspectores del Trabajo y persigue a su Junta Interna de ATE, y disolvió la tarea de los profesionales verificadores de obras, siendo que en la Ciudad en promedio muere más de un obrero por mes en derrumbes. Incluso quiso designar como juez a Martín Farrell, funcionario responsable de la habilitación ilegal del boliche Beara donde un derrumbe causó dos muertes, aunque luego por el escándalo tuvo que retirar esa postulación.
A un año de Iron Mountain, seguimos exigiendo justicia por las víctimas.