APEMIA (Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA) es una de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado. Sus referentes son Laura Ginsberg y Pablo Gitter. APEMIA siempre mantuvo independencia de los sucesivos gobiernos nacionales y del Estado de Israel, denunciando la responsabilidad del Estado argentino en el atentado y en su posterior encubrimiento. En un proyecto de ley presentado al Congreso, plantea una comisión investigadora independiente con representantes de las víctimas, personalidades de los derechos humanos y la cultura, y una minoría de parlamentarios. Reproducimos opiniones de Laura antes de la muerte del fiscal Nisman y lo que nos decía Pablo después de ese hecho.
Laura Ginsberg: «Lo que prepondera en la acusación de Nisman es una intencionalidad y una mirada políticas, donde se tiran mutuamente la pelota con el gobierno. El papel de Stiusso fue determinante en la manipulación de la documentación secreta. Y sin dudas eso tiene un correlato de conducción política del gobierno de Kirchner. No es que la Secretaría de Inteligencia actúa sola, sin dirección ni control políticos.
«Para nosotros la salida no es una nueva instancia judicial que lleve otros 20 años. Mucho menos esperar que el gobierno resuelva este tema, cuando ya ha demostrado su absoluta incapacidad para hacerlo. Para nosotros la salida es exigir la apertura de los archivos y conformar una comisión investigadora. Ese es nuestro planteo desde hace muchos años y hace algunos meses lo plasmamos en un proyecto de ley.»
Pablo Gitter: «Una comisión independiente es la única alternativa para terminar con la impunidad. El Estado ya reconoció su condición de encubridor agravado: en 2005, el Poder Ejecutivo reconoce por el Decreto 812 su condición de encubridor. Así lo firmó en un documento que entregó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces reconocen haber fracasado en su investigación para acercar mínimamente una verdad jurídica. Y el Congreso terminó formando una comisión bicameral de seguimiento del juez Galeano, un delincuente que nunca investigó el atentado. Duró del ’96 al ’98, pero nunca tuvo como objetivo investigar sino facilitarle a ese juez sus acciones delictivas.
«Si el Estado reconoce su actividad criminal al menos en encubrir, ¿quién sino una comisión independiente podría encargase de estudiar los hechos documentados y sacar alguna conclusión? No hay ninguna posibilidad de luchar por la verdad si no se lucha por abrir los archivos y entregarlos a una comisión investigadora así para poder conocer la verdad, determinar eventuales responsabilidades e ir luego a una acción penal contra ellos. En julio de 2014 entregamos el proyecto de ley con la firma de varios bloques de Diputados. La comisión es de investigación porque tendría los archivos a su disposición por ley y es independiente porque la mayoría no va a estar en manos del control político del gobierno o de la oposición comprometidas en el encubrimiento durante estos 20 años.»