El Estado como unidad de negocios

Hace algunos días, en una de sus sorpresivas apariciones por cadena nacional, la presidenta CFK desafió a los presidenciables de la “oposición” a hacer públicas sus declaraciones juradas de bienes. Por supuesto: ni Macri, ni Massa, ni los candidatos de la UCR, ni Scioli respondieron a la provocación. El único que recogió el guante fue Alejandro Bodart. CFK sabe que ni ella, ni sus funcionarios, ni ninguno de los políticos de la oposición tradicional “está libre de pecado”. Son todos privilegiados. ¿Es posible trastocar ese estado de cosas?

Para empezar este artículo es fundamental cuantificar ejemplos de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la situación patrimonial millonaria –no metafóricamente- de la primera línea del funcionariado en el poder político y su evolución desde que ejercen cargos públicos. Veamos.

CFK: La familia presidencial acumuló en activos más de $ 89.300.000, si se contabilizan los 12 departamentos, 6 casas, 6 terrenos, 4 locales, la camioneta, las acciones, las acreencias y los depósitos en efectivo que declaró Cristina Kirchner el último diciembre. Si tomamos la declaración de bienes en 2003 el aumento de la fortuna presidencial fue de casi el 1172%, alrededor de $75 millones. Es decir, se multiplicó más de 11 veces. Un dato de color: la riqueza de CFK supera en dólares a la de Barack Obama e integra el selecto grupo de los jefes de estado más ricos del mundo junto a Putin y Cameron, entre otros.
Randazzo: duplicó su fortuna desde el 2008 hasta acá; el ex – secretario Moreno cuadruplicó su fortuna en un solo año -2011- y el inefable Berni –carapintada “mano dura” con los sectores pobres- cuando ingresó a su cargo casi no tenía patrimonio, pero ese mismo año tuvo una ganancia de 9 millones de pesos en 2010, que luego bajan hasta los 6 millones al año siguiente. ¿cómo pudo Berni incrementar sus bienes en un 4.000 % en apenas 5 años?
Manzur: el ministro de salud nacional incrementó su patrimonio 20 veces desde que es funcionario público. Este mismo personaje anti-abortista militante es un fanático defensor de la salud privada cuyos subsidios públicos incrementa año a año.
Los mismo ejemplos podríamos dar para los casos de Macri y su funcionariado PRO en CABA o Scioli –que obstaculizó el acceso a su patrimonio últimamente- donde posiblemente existan algunas diferencias de grado, pero en esencia la conclusión es la misma: se enriquecen como funcionarios públicos.

Privilegiados S.A.

La lógica de funcionamiento del poder político bajo el capitalismo funciona y consolida un circuito muy simple. Los dueños de los resortes fundamentales de la economía, los propietarios privados que controlan todas las áreas clave de la vida social, ejercen el gobierno a través de mediadores que gerencian sus intereses desde ahí e intentan controlar al 99 % de la población que vive trabajando para sobrevivir y la mayor parte de cuyo esfuerzo es confiscado por ese 1 % propietarios privados. Los funcionarios políticos de los partidos tradicionales se han transformado en CEO´s –es decir, directores ejecutivos- del estado a distinta escala concebido como empresa capitalista por las grandes corporaciones. Así decretan, gestionan y legislan a favor de los intereses empresarios. La ecuación fiscal es una prueba: exenciones a los capitalistas, impuesto al salario; zonas liberadas llamadas “polos industriales” e impuesto del 21 % al consumo masivo de la población. Por eso, como premio, comisión y salario “adicional”, las corporaciones participan de sus negocios a los funcionarios en el poder y éstos, además, se autoasignan dietas millonarias que multiplican por 15 o 20 veces el salario promedio de la mayoría social. Esta ubicación económica los transforma en una élite separada del conjunto, en una casta de rasgos semifeudales que los disocia totalmente de la vida cotidiana del pueblo. Es la burbuja de insensibilidad del funcionariado que decide sobre lo público, pero no vive como la mayoría –que usa lo público. Esta contradicción tiene que ser superada para transformar la cultura política.

Políticos como la gente: controlar el bolsillo, controlar todo

Volviendo al principio entonces:¿es posible transformar esta cultura política de corrupción y privilegios estructurales de políticos/capitalistas?.
Nuestra categórica respuesta es sí y tenemos un programa en esa dirección. Para empezar el problema es concreto, material y de intereses sociales determinados. Un eje de la propuesta política de Alejandro Bodart como pre-candidato a presidente es una plataforma de medidas anti-privilegios:

Que todos los funcionarios electos ganen igual que una directora de escuela. La primera condición para que cambie la cultura política es condicionar materialmente la realidad de todos los funcionarios. Por eso, tiene que estar legislado que ganen igual que una directora. Esto implica un ingreso suficiente para vivir, pero sin cambiar las condiciones materiales de existencia cotidiana de ese funcionario. Así su realidad tiene un primer anclaje con la vida real de la mayoría de la población
Que tengan que usar lo público por ley. Hay una contradicción hoy en día. Los funcionarios que deciden sobre la escuela pública o el hospital público, por su realidad privilegiado en términos de ingresos, mandan a sus hijos a las mejores escuelas pagas y se atienden ellos y sus familias en clínicas carísimas. Son los mismos que consolidan una orientación presupuestaria que va transfiriendo gradualmente recursos de lo público a lo privado a través de subsidios. Esto tiene que cambiar. Por eso ellos y sus familias tienen que usar obligatoriamente lo público. Ser funcionario supone una opción libre, por lo tanto tiene que implicar obligaciones de compromiso social y ético elementales.
Rendición de cuentas y control social. Un privilegiado asociado a lo material que tienen todos los funcionarios de este régimen actual es que nadie los controla. No existen mecanismos de fiscalización social sobre la actuación de los funcionarios. Eso también hay que darlo vuelta. Todo funcionario tiene que rendir públicamente cuentas de su gestión, contrastar compromisos electorales y evolución de su gestión, y tiene que haber mecanismos de revocatoria de mandato ágil y democrático, para que la intervención social mayoritaria y democrática sea de verdad la depositaria de la soberanía y el empoderamiento político real.

Estas condiciones de acceso a la representación pública se transformaría en un “casting” que desincentivaría a los arribistas a ingresar en la política. Finalmente alentaría un sentido de la representación política dominado por la vocación de servicio y así efectivamente ese lugar común que suelen repetir con hipocresía políticos y opinólogos de que “los funcionarios son la imagen de la sociedad”, sería una verdad concreta.
Por supuesto, para plasmar desde el poder político esta serie de decisiones se necesita masa crítica social movilizada y una fuerza política que sea vehículo de este programa antiprivilegios. El instrumento que estamos construyendo con Alejandro Bodart como portavoz nacional de esta experiencia de renovación en el campo de la izquierda defiende como carta de presentación estas propuestas.

Mariano Rosa