El 10 de febrero, a poco de que se cumplan dos años de la brutal represión en el hospital Borda, la justicia dictó el sobreseimiento de Macri, Vidal, los ministros Montenegro y Reybaud y el jefe de la Metropolitana Giménez. Un nuevo guiño al macrismo de parte de un poder judicial totalmente dependiente del poder.
La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen dictó el sobreseimiento a los funcionarios macristas y el propio jefe de gobierno. Sólo siguen investigados en la causa el ministro de Desarrollo Urbano Chaín y Roth, comisionado de la Metropolitana. Eso sí, los que también siguen procesados por “atentado y resistencia a la autoridad” son cinco trabajadores del hospital.
Según los camaristas Carlos González y Alberto Seijas no se encontraron “elementos mínimos objetivos, concretos y directos que conlleven a atribuirles algún tipo de participación en el suceso”. Al parecer, para los jueces el que ordenó reprimir fue el Gran Bonete.
Ni errores, ni excesos: negocios
Según los camaristas “aún cuando estos funcionarios estuvieran al tanto de los acontecimientos, ello no los vincula o compromete con los excesos de un efectivo policial en el operativo, al punto de considerarlos ejecutores de órdenes abusivas…”. Ese discurso para justificar la represión suena conocido de épocas muy oscuras de nuestro país. La verdad es que no hubo ni errores ni excesos en la brutal represión contra los trabajadores y pacientes sino la decisión política de Macri de hacer pasar a como diera lugar un negociado. El proyecto de Centro Cívico del PRO buscaba “valorizar” la zona sur de la Ciudad y convertirlo también en un lugar apetecible para los pulpos de la especulación inmobiliaria. La propia resolución judicial tiene que admitir esto, al mantener el procesamiento de Chaín por ordenar la demolición del Taller Protegido 19, a pesar de que había una medida cautelar que obligaba a suspenderla. El gobierno iba a hacer lo que fuera necesario para avanzar con su proyecto. Por eso el 26 de abril de 2013 la policía reprimió duramente durante horas, ante la resistencia de decenas de trabajadores y varios diputados que se acercaron en solidaridad, entre ellos nuestro compañero Alejandro Bodart que estuvo en primera fila y fue gaseado y golpeado igual que varios trabajadores. Muchos pacientes tuvieron que ser atendidos de urgencia por semejante situación de estrés.
Nuestro diputado presentó una denuncia penal contra Macri por la represión, que luego amplió por el cargo de estrago doloso ya que el gobierno argumentó que derribó el taller por el peligro del asbesto, pero en realidad aumentó el peligro al esparcir este material cancerígeno por el aire. Y también solicitó que se iniciara juicio político al jefe de gobierno, pero su pedido fue cajoneado por la complicidad del FpV que una vez más fue funcional al macrismo.
Seguirla para terminar con la impunidad
Al conocerse la resolución judicial Bodart expresó en un comunicado de prensa: “Es una pésima señal de esta justicia, que siempre deja impunes a los gobernantes… Además de brutal, el operativo policial fue totalmente ilegal: la obra estaba suspendida por una cautelar, no se dio aviso previo al director del Borda y se incumplieron los protocolos de demolición esparciendo asbesto cancerígeno. Con mi equipo de abogados vamos a realizar una presentación ante el fallo, porque Macri y sus funcionarios atropellaron todo tipo de derechos.” Además de seguir exigiendo justicia para los trabajadores y pacientes del Borda, hace falta cambiar por completo este sistema judicial que favorece a los poderosos. Hacer efectivos los juicios por jurados, que están desde 1853 en la Constitución Nacional pero no se aplican y establecer la elección por voto popular de jueces y fiscales y que sus cargos sean revocables, serían primeros pasos en ese sentido.
Iván Amado
