Pasó el 18F. La legítima búsqueda de Justicia por la muerte de Nisman, de terminar con 21 años de impunidad y encubrimiento en el atentando a la AMIA, fue traicionada por jueces, fiscales y políticos de derecha, que levantaron como gran propuesta de esa importante marcha, la defensa de esta Justicia corrupta y cómplice.
Muchos de los que encabezaron la marcha del 18F han sido artífices del encubrimiento de estas dos décadas. Fiscales, jueces y gran parte de los dirigentes que concurrieron fueron corresponsables del encubrimiento y usaron y abusaron de servicios de inteligencia heredados de la Dictadura, de los que ahora intentan despegarse. Massa, los radicales, Macri han tenido durante sus gobiernos, vínculos estrechos con el aparato de inteligencia y sus «escuchas» y maniobras ilegales. Por eso, frente a la maniobra kirchnerista de votar la AFI, una nueva SIDE con el nombre maquillado y controlada por hombres de Milani, no tuvieron ninguna propuesta alternativa.
Desde el gobierno aprovecharon la oportunidad. Luego de acusar el golpe, al ver tanta gente en la calle indignada por su accionar, pasaron a la ofensiva: «se fundó el partido judicial», «ésta justicia no es independiente», se la escuchó a Cristina maldecir. Como si el gobierno no hubiera utilizado de esta Justicia durante 12 años de gobierno K. Como si no hubiera designado a Nisman y Stiusso, a los que hoy critica con tanta fuerza, y utilizado los distintos aparatos de inteligencia (SIDE, Proyecto X, Milani, Batallón 601, etc.) para espiar a los trabajadores y luchadores populares que cuestionaban sus planes, a toda la oposición y manejar jueces y fiscales a su antojo.
Al llamar a confiar en esta Justicia, la llamada «oposición» le terminó haciendo un favor a Cristina para descomprimir la crisis. Por eso el Juez Rafecas pudo desestimar la denuncia de Nisman, elevada por el fiscal Pollicita, en tiempo récord. Ya qué más allá de si el recurso carecía, como sostiene el juez K Eugenio Zaffaroni, de una sólida consistencia jurídica, ningún juez independiente hubiera desestimado tan rápido la denuncia hecha por un fiscal, cuya muerte dudosa desató una de las crisis políticas más grandes de los últimos tiempos. La apelación del fiscal Pollicita puede demorar varios meses en ser respondida, y esto le está sirviendo al gobierno para tomar un poco de aire después de tantas palizas.
El discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, intentó colocar el tratamiento de la crisis, adonde le resulta más cómodo al gobierno y la oposición tradicional: en el debate electoral. Ningún sector de las clases dominantes está detrás de un golpe de estado destituyente, ni duro ni blando. Todos apuestan a la gobernabilidad y a dirimir sus diferencias en las urnas o en todo caso en los tribunales. Ni el gobierno, ni la oposición de derecha, tienen interés en cambiar de raíz ni la justicia, ni nada esencial del actual régimen político al servicio de un modelo de hambre, saqueo y entrega del país a las multinacionales, del cual se benefician.
Pese a estas intenciones, la declaración de la ex mujer de Nisman, la jueza Arroyo Salgado, contradiciendo el resultado de las pericias oficiales habló de «magnicidio» en torno a la muerte del fiscal. Otros nuevos hechos menores, como el allanamiento a la casa de Lagomarsino, o las declaraciones de las «amigas» de Nisman, continúan echando fuego a la brazas de una crisis, que no terminan de controlar y cerrar ni el gobierno, ni la oposición. Y que día tras día, confirma la gravedad de la crisis del régimen político tradicional de la Argentina.
En la base de esta crisis, están los millones de argentinos, que ya no le creen nada, ni al gobierno, ni a la oposición de derecha, ni a la justicia… Que han descubierto cómo todos los gobiernos han utilizado a espías y jueces a su antojo para sus negocios más sucios. Que ya intuyen que con estos actores va pasar con Nisman lo mismo que con el atentado a la AMIA, va a triunfar la impunidad. Y que no se resignan… Junto a ellos seguiremos peleando por que se sepa toda la verdad.
Una nueva CONADEP
Con esta consigna nuestro diputado porteño Alejandro Bodart, pre-candidato a Presidente por la alianza MST-Nueva Izquierda, popularizó la necesidad de conformar una Comisión Investigadora Independiente integrada en forma mayoritaria por familiares de las víctimas de la AMIA, personalidades de trayectoria incuestionable, organismos de derechos humanos independientes, como recoge el proyecto de ley que APEMIA presentó en el Congreso.
De la misma manera que en la época en que se creó la CONADEP, la crisis actual plantea la necesidad de crear mecanismos excepcionales, justamente para dar respuesta a una situación excepcional. Y a diferencia de aquella CONADEP, esta nueva Comisión Investigadora deberá tener plenos poderes para investigar y llegar a la verdad. Bodart, invitó a todos los presi-denciables a suscribir esta iniciativa, sin obtener hasta ahora respuesta favorable. Al contrario, dirigentes K como Gustavo López, uno de los precandidatos a Jefe de Gobierno, a intentado sin suerte descalificar esta propuesta, en polémica con nuestro compañero Alejandro Bodart, en el reciente programa Intratables de este lunes 9.
El reclamo de la creación de una Comisión Investigadora Independiente, que hicimos en conjunto con otras organizaciones y personalidades, como APEMIA, la CTA, Pérez Esquivel, entre otros, nos permitió tener una política alternativa, tanto del gobierno K, como de la justicia y la derecha cómplices del encubrimiento durante estos 21 años.
Desde el MST-Nueva Izquierda seguimos insistiendo en la necesidad de movilizarse e impulsar una nueva CONADEP. Y así lo hicimos desde un primer momento junto a otras organizaciones. Ahora, frente a la nueva convocatoria a la marcha del 24 de Marzo, levantamos junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia este reclamo, entre las consignas centrales de la movilización.
Hace falta una justicia realmente independiente. Ni justicia K, ni justicia de la derecha
Cristina, en su discurso del 1º de marzo, señaló la falta de independencia de la Corte Suprema y de la justicia. Sin embargo, el kirchnerismo se ha negado a tomar el reclamo de una nueva CONADEP para investigar la causa AMIA y la muerte de Nisman. Es que más allá de tal o cual declaración electoral, nunca van a cambiar a una de las instituciones fundamentales del régimen en que se apoyan.
Ni hablar de los jueces, fiscales y presidenciables de la oposición. Ellos, tras una supuesta defensa de la «independencia del poder judicial», lo único que quieren es que siga como hasta ahora la casta de Jueces vitalicios, nombrados o removidos por el poder político de turno a su antojo, y por ello totalmente funcionales al mismo.
Por eso esta justicia ha sido uno de los encubridores fundamentales del atentado a la AMIA durante estos 21 años, en complicidad con Menem, De la Rúa, Duhalde o los K. Por eso, ha sido un poder totalmente funcional a un modelo de país totalmente desigual, y brazo ejecutor de persecuciones y condenas contra los trabajadores y sectores populares que lo cuestionamos.
La demagogia K de reforma del «poder judicial» no pasó de una maniobra fallida, por la cual pretendían mayor control del gobierno de turno sobre el Consejo de la Magistratura (que es el órgano que designa o remueve los jueces). Y reforzar su control sobre el aparato judicial, utilizando la SIDE, como han hecho todos los gobiernos, o echando directamente a jueces y fiscales incómodos, como ocurrió con el procurador del riñon K, Esteban Righi, cuando intentó procesar al delincuente Boudou en el año 2012.
Hace falta otra justicia, una realmente independiente. Y para lograrla hay que poder elegir por voto popular directo a los jueces, con mandatos acotados en el tiempo, con la posibilidad de que sea el pueblo (y no el gobierno de turno) el que pueda removerlos de inmediato si no cumplen con sus funciones. Es necesario limpiar el poder judicial de jueces y funcionarios provenientes de la dictadura, responsables de fallos represivos contra los trabajadores o implicados en hechos de corrupción a favor de funcionarios y de las corporaciones. Y debe implementarse de inmediato los juicios por jurado popular, previstos en la Constitución y nunca aplicados por falta de presupuesto.
Gustavo Giménez
