Con su inimitable estilo, Wolgang Schaüble, el ministro alemán de finanzas, declaraba a la conclusión del acuerdo entre Grecia y los demás miembros del Eurogrupo, el 20 de febrero pasado: “el gobierno griego tendrá dificultades para que su electorado acepte este acuerdo”. En realidad, el electorado parece mostrarse comprensivo con un gobierno sometido a un chantaje permanente, que ha intentado un ejercicio en el que ninguno de sus predecesores había soñado en serio: negociar lo más duramente posible en el marco del euro para sacar al país de la cura de austeridad que le ha hundido en una depresión sin fin.
Según un reciente sondeo, Syriza goza de un sólido apoyo popular. En caso de nuevas elecciones, obtendría el 41,3% de los sufragios, con 20 puntos de ventaja sobre Nueva Democracia. La misma encuesta señala una aparente paradoja: el acuerdo concluido con el Eurogrupo el 20 de febrero es juzgado por el 70% de las personas interrogadas como “mejor” o “más bien mejor” que el precedente, pero una mayoría relativa (39%) piensa igualmente que es “ciertamente” o “más bien”, la continuación de los Memorándum, contra el 31% que es de la opinión contraria y casi otros tantos que se declaran “sin opinión” sobre este tema.
Por tanto, parece claro que la opinión pública piensa que el gobierno ha hecho lo que ha podido en el contexto dado sin sumarse a pesar de ello a su retórica autojustificativa, que se esfuerza en presentar el resultado como un “éxito”. Razón por la cual las tasas de aprobación de cara a decisiones que endurezcan la estrategia seguida en las negociaciones son las más elevadas jamás registradas hasta hoy: un 44% se declara a favor de medidas de control de los capitales (52% contra) y un 38% en favor de una salida de la zona euro (60% en contra).
Un “golpe de estado blando”
En cualquier caso el acuerdo en cuestión representa un serio retroceso para el gobierno de Syriza que ha sido obligado a concesiones de envergadura: reconocimiento de la integridad de la deuda, compromiso de evitar cualquier “medida unilateral” susceptible de tener un impacto presupuestario o de amenazar la “estabilidad financiera”, reconducción finalmente de la tutela de la propia Troika, llamada en adelante “Instituciones”. La lista de las “reformas” enviadas por Yanis Varufakis el 25 de febrero a sus homólogos completa el cuadro: el gobierno griego se compromete a proseguir las privatizaciones, a introducir “flexseguridad” en un mercado de trabajo ya desregulado y a intentar mejorar la calidad de los servicios públicos con un gasto estrictamente constante. Los compromisos electorales de Syriza parecen bien lejos…
Es verdad que Alexis Tsipras ha obtenido un respiro de cuatro meses, que debía garantizar las necesidades de financiación del país y de su sistema bancario. Pero el discurso que ha mantenido después y que intentaba presentar el acuerdo como un “éxito” y una “demostración de las posibilidades de negociación en el seno del marco europeo” no ha tardado en sonar falso. El gobierno se encuentra con las manos atadas, incapaz de realizar la mayor parte de sus compromisos electorales y de sacar al país del corsé de los odiados “Memorándum”. El resultado ha sido una parálisis casi irreal para un gobierno de la izquierda radical, con un trabajo legislativo en punto muerto, y un montón de declaraciones contradictorias y/o dilatorias sobre la casi totalidad de las medidas emblemáticas anunciadas en los primeros días del gobierno, muy en particular sobre la subida de los salarios, la supresión de los impuestos sobre las propiedades, particularmente penalizadoras para las capas medias y populares, la subida del umbral de no imposición, etc.; en definitiva, lo esencial de lo que habría permitido dar un respiro a una sociedad exhausta.
Syriza se encuentra de hecho confrontada a lo que algunos califican de “golpe de estado europeo blando”, en el que las armas monetarias y las técnicas de manipulación de la comunicación han reemplazado (por el momento en cualquier caso) a los carros de asalto, y que le prohíbe poner en marcha el programa por el que ha recibido un mandato popular. Más grave aún: si este estado de cosas se perpetúa, el “tiempo ganado” de esos cuatro meses cubiertos por el acuerdo del 20 de febrero podría muy bien jugar contra el gobierno, conduciendo a la erosión del apoyo popular y permitiendo al adversario reorganizar sus fuerzas y contraatacar. Y, sobre todo, no hay ninguna razón para pensar que, si se mantiene el mismo planteamiento que ha seguido la delegación griega en Bruselas el mes pasado, el resultado en la nueva ronda de las negociaciones que se abrirá en junio podría ser diferente. Tanto más en la medida de que se tratará no sobre un acuerdo transitorio de algunos meses sino sobre compromisos a largo plazo.
¿Hacia una “desobediencia controlada”?
Las críticas no han tardado en llegar, y se han manifestado en el seno mismo de Syriza, a su más alto nivel. Tras una reunión maratoniana de doce horas, el 27 de febrero, alrededor de un tercio del grupo parlamentario manifestó su oposición al acuerdo en una votación indicativa. No menos de seis ministros señalaron su desaprobación mediante votos “en blanco”; a saber, los cuatro ministros provenientes de las filas de la Plataforma de Izquierdas (Panagiotis Lafazanis, Dimitris Stratoulis, Nikos Chountis y Costas Isyhos), a los que se han añadido Nadia Valavani (Viceministra de Finanzas) y Thodoris Dritsas (Viceministro de Desarrollo). Se les ha sumado también la presidenta de la Asamblea Nacional, Zoé Konstantopulu, que no ha dudado en votar contra. Este sector crítico ha obligado a Alexis Tsipras a retrasar sine die toda idea de someter el acuerdo del 20 de febrero a un voto parlamentario, que no haría más que revelar las fracturas en el seno de su propia mayoría.
Las resistencias han franqueado un nuevo umbral en la reunión del Comité Central de Syriza que se ha celebrado el pasado fin de semana. El ala izquierda del partido, dirigida por el actual Ministro de Recuperación Productiva Panagiotis Lafazanis, ha realizado una demostración de fuerzas logrando agrupar el 41% de los votos alrededor de una enmienda que rechazaba tanto el acuerdo del Euro como la “lista Varoufakis” de las reformas a realizar. Para la Plataforma de Izquierdas, el gobierno debe salir del marco de los acuerdos firmados y poner en marcha algunos de esos compromisos-faro, ignorando el acuerdo previo de las “Instituciones”. De cara a las negociaciones de junio, propone “un plan alternativo”, que no vacilaría ante medidas unilaterales, incluyendo, en caso de nuevo chantaje de liquidez, una ruptura con el euro. Y para “avanzar en este sentido”, la izquierda de Syriza propone “apoyarse en las luchas obreras y populares, contribuir a su revitalización y a la ampliación continua del apoyo popular”. Inmediatamente los medios han presentado un partido dividido sobre las opciones estratégicas y poco inclinado a aceptar los límites impuestos por las instancias de la UE.
Sin embargo, parece desprenderse un nuevo punto de equilibrio tanto del discurso de Alexis Tsipras ante el Comité Central como de los anuncios ministeriales que le han seguido. El gobierno se orienta ahora hacia una especie de “desobediencia controlada” respecto a la tutela europea. Tsipras ha anunciado la presentación inminente de cinco proyectos de ley, que tratarán sobre las medidas de urgencia para hacer frente a la crisis humanitaria, el arreglo de los atrasos con el fisco según modalidades favorables a los contribuyentes modestos, la prohibición de desahucios de la vivienda principal a causa de la hipoteca, la reconstitución del sector audiovisual público y la constitución de una comisión de investigación sobre las responsabilidades de los políticos que apoyaron los Memorándum.
El proyecto de ley para resolver la crisis humanitaria se presentó después en el Parlamento, pero hay que subrayar que no constituye más que una versión fuertemente revisada a la baja del “primer pilar” del programa de Salónica, debido en particular a las condiciones restrictivas fijadas para tener acceso a las ayudas ofrecidas. Su coste se evalúa en 200 millones de euros contra 1.800 millones para el correspondiente a los compromisos preelectorales, o incluso 1.300 millones si se quitan los 500 millones previstos para el restablecimiento de un treceavo mes para los beneficiarios de la pensión mínima. Sin embargo, este plan se completa con medidas anunciadas por el ministro de asuntos sociales, Dimitris Stratulis, que anulan los recortes a las pensiones que el precedente gobierno se había comprometido a efectuar durante 2015. Stratulis, una de las figuras más importantes de la Plataforma de Izquierdas, ha declarado también que no pensaba someter ninguno de sus proyectos al acuerdo previo de las “Instituciones”, quedando sólo para el Ministro de Finanzas el encargo de discutir con la Troika con nuevo look. En cuanto al salario mínimo, el proyecto de ley que pretendía llevarlo a su nivel de 2009, es decir 751 euros brutos, en dos etapas (una durante este año, la segunda en 2016), así como a restablecer los convenios colectivos, es esperado de aquí a dos semanas.
Para completar este cuadro de desobediencia selectiva, hay que mencionar las iniciativas del Ministro del Recuperación Productiva, y dirigente del ala izquierda de Syriza, Panagiotis Lafazanis que ha bloqueado la prosecución de los tres proyectos sin duda más emblemáticos de la política de “acumulación por desposesión” realizada a marchas forzadas por los gobiernos precedentes: la prosecución del despiece de la compañía de electricidad que intentaba privatizar su parte “rentable”, la explotación a cielo abierto de la mina de oro de Skuries en la Calcídica, cedida en condiciones escandalosas al mastodonte del extractivismo Eldorado Gold y la cesión del terreno del antiguo aeropuerto de Atenas a un precio irrisorio a un holding constituido por el multimillonario griego Latsis asociado a capitales qatarís.
Hacia una nueva ronda de enfrentamientos
Esta orientación no podría sino complicar aún más las relaciones con las “Instituciones”, precisamente cuando la situación económica se degrada con fuerza. Confrontado a un hundimiento de la recaudación fiscal que podría conducir a una suspensión de pagos desordenada, el gobierno ha anunciado su intención de retrasar el pago de las obligaciones del BCE, cuyo plazo vence, para poder pagar las del FMI.
Pero Wolgang Schäuble no lo ve así. En una entrevista concedida a la edición dominical del Bild Zeitung, ha advertido a los dirigentes griegos que cualquier retraso en el reembolso de la deuda sería automáticamente considerado como una falta de pago. Les ha conminado igualmente a poner inmediatamente en marcha las “reformas” a las que se han comprometido so pena de que se les negaría cualquier financiación. Una amenaza a tomar tanto más en serio en la medida que el BCE sigue sin levantar las restricciones al aprovisionamiento en liquidez de los bancos griegos, más que nunca en un estado crítico. Mario Draghi ha querido incluso precisar que estas restricciones no serían levantadas más que si el consejo del BCE “decidía que las condiciones para una finalización exitosa del programa están reunidas”, expresando a la vez fuertes “reservas” sobre las reformas contempladas por Atenas.
En suma, parece que lejos de resolver la crisis griega, el resultado de esta agitada primera vuelta de negociaciones no fue más que una primera etapa de un enfrentamiento prolongado entre el primer gobierno europeo de izquierda radical y una Unión Europea más que nunca atrincherada en la defensa de la “jaula de hierro” de las políticas neoliberales. Queda por ver si el gobierno Syriza, pero también el partido y los movimientos sociales, sabrán sacar provecho de estos cuatro meses para elaborar una estrategia alternativa capaz de romper este yugo y evitar la repetición de los sinsabores de febrero.
Stathis Kouvelakis* 5 de marzo de 2015
* Stathis Kouvelakis, miembro del comité Central, integrante de la plataforma de Izquierdas de Syriza y profesor de teoría política en el King´s College de Londres
