La semana pasada, a pocos días de una nueva conmemoración del aniversario del golpe genocida, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó un increíble fallo dando autorización a Macri para comprar las pistolas «Taser» que funcionan disparando una descarga eléctrica que puede incluso matar a quien la reciba.
Al día siguiente, el Secretario de Seguridad Sergio Berni dijo a los medios que «no dudaría ni un segundo» en darle a sus policías esas pistolas.
El debate ha quedado un poco opacado por otros hechos de la realidad, pero es importante no dejar pasar la cuestión que, otra vez, encuentra unidos al máximo líder del PRO y a una de las espadas más importantes del kirchnerismo.

A pesar de que las Taser figuran entre las armas de tortura para la ONU, el argumento utilizado –con muchísimo cinismo- por quienes desde el poder defienden el uso de estas pistolas, es que no matan como las armas de fuego. Nos estarían diciendo que aplicarle una especie de picana a alguien debe ser aceptado por la sociedad, porque al menos no lo fusilaron. Una aberración absoluta.
Pero incluso ese «dato» es desmentido por la realidad. En Estados Unidos, país que gustan citar como modelo desde el establishment de nuestro país, se contabilizan 500 muertes a manos de la policía por utilizar estas pistolas.

El otro punto del debate que el propio fallo del TSJ no toma en cuenta es la institución concreta que va a portar esas armas en la ciudad. La justicia dice que no hay constancia del mal uso de las mismas. Una verdad a medias. Porque de lo que sí hay constancia es del accionar de la Policía Metropolitana en el Parque Indoamericano o durante la brutal represión en el Hospital Borda. Si además se considera que fue creada por un personaje como el «Fino» Palacios y tiene en sus mandos superiores a decenas de represores que actuaron en la última dictadura, lo que sobran son posibilidades de que estas pistolas de electrochoque sean utilizadas para reprimir la protesta social. Como dijo Alejandro Bodart «con esas pistolas Macri es como un mono con navaja».

Por nuestra parte, además de rechazar totalmente el uso de las Taser, tanto en la C.A.B.A. como en el país, volvemos a insistir con la necesidad de debatir la inseguridad tratando de encarar las causas de fondo que la generan y no sólo los resultados. Es necesario correrse del discurso facilista, que intenta aprovecharse de la lógica bronca de las víctimas de robos, asaltos, etc., para insistir con políticas represivas que ya han demostrado que no arreglaron nada.
Es urgente una política de inclusión real, que revierta la cruel realidad de cientos de miles de jóvenes llamados ni-ni (ni estudian – ni trabajan) que garantice trabajo genuino, derecho a la salud, educación, vivienda digna. Junto con eso, hay que terminar con la hipocresía y debatir medidas para combatir las bandas del crímen organizado. Esos sectores manejan la trata de personas, el narcotráfico, los desarmaderos, la piratería del asfalto, los secuestros express, etc. Y detrás de esas mafias, está siempre el triángulo de impunidad de jueces-policías-políticos. Así lo hemos visto con los casos de Luciano Arruga, Marita Verón, el doble crimen de la Dársena, y antes con José Luis Cabezas y María Soledad, por nombrar algunos.

Necesitamos medidas de fondo. Hay que producir un cambio rotundo en las fuerzas de seguridad. En primer lugar dejando fuera de servicio a los sectores ligados al terrorismo de Estado. En segundo término garantizando el derecho a la sindicalización de agentes. Por último promoviendo que los comisarios tengan mandato de 4 años y sean elegidos por el voto de la gente que vive donde ellos actúan. Los jueces también deben ser elegidos por el voto y tener mandatos como los de un diputado.
En ambos casos, si se demuestra que no cumplen sus funciones, debe poder revocarse el mandato y reemplazarlos rápidamente.
Hay que incluir los juicios por jurado. No como dato curioso, sino como una política para todos los fueros de la justicia.
Por supuesto, todo funcionario corrupto debe ser separado de su cargo, sin poder ampararse en fueros insultantes, que la mayoría no tiene. Y, sea diputado, senador, gobernante, juez o comisario, si ha robado dinero público tienen que embargarse sus bienes hasta pagar lo que falta, quedando inhabilitado de por vida para desempeñarse en cargos públicos.
Estas son las principales medidas que proponemos para atacar la inseguridad desde el MST Nueva Izquierda y la que vienen expresando Alejandro Bodart, Vilma Ripoll, Cacho Bidonde y demás referentes en el país.
Si las compartís, acompañanos con tu voto y sumate a pelear por un país distinto.