Al cierre de esta edición Diputados daba media sanción, con votos oficialistas y opositores, al proyecto denominado por la presidenta «estatización de los ferrocarriles»,
En realidad tendría que haberse llamado de anulación de las concesiones privadas del ferrocarril, ya que en lo formal este sigue siendo estatal. Sin embargo, lejos de anular las concesiones privadas que de Menem en adelante son las responsables (con la complicidad de todos los gobiernos de turno) de haber vaciado el ferrocarril y de llevarlo al estado calamitoso en el que se encuentra, el nuevo proyecto de ley permite mantenerlas y agrandarlas dado que contempla «la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios ferroviarios» y  se plantea «renegociar los contratos de concesión» .
La ley habla de la «modernización» del servicio, pero seguramente no será para que los pobres usuarios que viajan a Córdoba tarden menos horas en llegar que en 1930, o para que el Sarmiento no vuelva a dejar a miles de usuarios de a pie, porque no garantizan la mínima seguridad a sus trabajadores. La verdadera «modernización» estará al servicio de mejorar los costos de transporte de las materias primas de exportación a las multinacionales, que el destruido ferrocarril argentino encarece y que es un viejo reclamo del Banco Mundial.
Por eso la nueva Ferrocarriles Argentina S.E. no será una única empresa estatal, sino que mantendrá al Belgrano Cargas como empresa separada (de las otras dos: SOFSE y ADIF). Ya que en esta empresa que atraviesa 13 provincias esta el nudo del negocio ferroviario. Justamente en los últimos acuerdos con China, la inversión en el Belgrano Cargas es uno de los negocios principales. Con los chinos no se puede agregar ni un bulón argentino de repuesto. Los ferroviarios están denunciando que ya están desguazando los nuevos trenes chinos, para sacar repuestos para viejas formaciones, porque no se pueden reemplazar por partes nacionales y la importación tarde más de 6 meses. Por eso liquidaron EMFER y TATSA las fábricas argentinas que podían producir vagones y locomotoras.
La nueva ley tiene muchas «perlitas», entre ellas:
– las vías y la infraestructura pasan a ser «estatales»: en realidad siempre lo fueron y las empresas concesionarias pusieron muy poco, no hicieron inversiones y se robaron todo lo que pudieron. Pero ahora no tienen responsabilidad. O sea el Estado invierte, mantiene y los privados «operan» la parte rentable.
– Ahora varios operadores (empresas privadas) podrán tener servicios en los diferentes ramales.
– No se investiga para atrás que pasó con el enorme robo y desaguase del material ferroviario que hicieron todas las concesionarias. Miles de millones de pesos. No es para menos, muchos funcionarios K, o del PJ o la UCR, con Jaime y De Vido a la cabeza irían presos con Cirigliano, Tasselli o Roggio.
Como serán los intereses que hay en juego que en el medio de la campaña electoral tanto el PRO, como la UCR o Massa firme el despacho de comisión de este proyecto K. No es casual, más allá de teatros de la campaña, todos han sido cómplices del desaguase del ferrocarril y comparten un proyecto de país al servicio de los negocios de las multinacionales.
Desde el MST Nueva Izquierda sostenemos, junto a los trabajadores ferroviarios, que hace falta una verdadera estatización del servicio ferroviario, anulando todas las concesiones privadas, investigando y metiendo presos a los funcionarios y empresarios responsables de su desguace y que bajo el control de sus trabajadores y usuarios, se reorganice el ferrocarril y la industria nacional ferroviaria, al servicio del transporte seguro y barato de millones de argentinos y de un modelo de país independiente de los negocios de las grandes corporaciones.

                             Gustavo Giménez