En marzo, como lo hacen todos los años y ante la ausencia de datos oficiales, la asociación civil La Casa del Encuentro dio a conocer su Informe 2014 de Investigación de Femicidios: 277 mujeres y niñas asesinadas en el año, más 29 femicidios vinculados de hombres y niños. Los gobernantes hablan y hablan, pero desde hace años en nuestro país el promedio se mantiene dolorosamente igual: un femicidio cada 30 horas.
El femicidio es la máxima expresión de la violencia de género: asesinar a una mujer o a una niña por su condición femenina, por ser lo que es. Pero obviamente, la violencia sexista tiene muchas otras formas previas: las amenazas, los insultos, los golpes, los abusos, las violaciones.
Una muestra fue la violación de una joven por parte de un taxista en la Capital. Otra fue el reciente caso en Pilar, en donde un hombre encerró a su mujer y a sus dos hijos durante cinco días y los tuvo sólo a pan y agua…
Como resultado de los femicidios cometidos en el año, donde el 80% de los asesinos es un conocido, 330 hijos e hijas quedaron huérfanos.
Los gobiernos y el Estado son cómplices
De los 277 femicidios ocurridos en 2014, al menos 40 mujeres habían realizado una o varias denuncias policiales y judiciales por violencia de género. Es decir, se podrían haber evitado si la justicia y/o la policía hubiesen actuado con medidas de prevención adecuadas.
Es más: días atrás la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema informó que sobre unos 1.500 casos de violencia denunciados, en un tercio de ellos los varones violaron la orden judicial de restricción perimetral. O sea, aunque había restricción dictada, los varones igualmente habían agredido a sus parejas o ex parejas.
Es que, como la violencia de género es un problema de fondo, que nace de la desigualdad que sufre la mujer en esta sociedad, hace falta mucho más que -en el mejor de los casos- un botón antipánico o una oficina donde poder denunciar.
Declarar la emergencia en violencia de género ya
Lo primero para parar los femicidios es que los gobiernos, por ley o como sea, reconozcan formalmente que estamos ante una emergencia. Desde hace seis años está vigente la Ley nacional 26.485 de «protección integral», pero como los gobernantes no le asignan presupuesto es mero cartón pintado.
Además de verdaderas campañas de concientización, y tal como lo plantea el proyecto de ley que el diputado Alejandro Bodart tiene presentado en la Legislatura porteña, hacen falta fondos para aplicar tres medidas imprescindibles:
· Brindar asesoramiento jurídico y psicológico gratuito a las mujeres víctimas de violencia de género.
· Abrir suficientes casas-refugio en todas las ciudades para que las mujeres y sus hijos no se vean obligados a convivir con el golpeador.
· Establecer un programa de subsidios para la reinserción habitacional y laboral, a fin de que dichas mujeres puedan rehacer sus vidas.
Junto con esto, es preciso avanzar en profundos cambios en la justicia y la policía, que reproducen la estructura machista del sistema. Los jueces, fiscales y comisarios deben ser elegidos mediante el voto popular, para que por sus acciones le rindan cuentas al pueblo trabajador -en especial a las mujeres- y no al poder político del cual hoy dependen.
Ni Cristina Kirchner, ni Gabriela Michetti ni Elisa Carrió y las demás referentes mujeres de los partidos tradicionales proponen nada de esto. Para luchar por estas soluciones concretas, y también para cambiar de raíz esta sociedad capitalista y patriarcal, te invitamos a organizarte en Juntas y a la izquierda y en el MST.
Pablo Vasco