El 27 de abril, dos chicos de 7 y 10 años murieron a causa de un incendio en un taller clandestino en Flores. Así volvieron a salir a luz las condiciones inhumanas a las que son sometidos los trabajadores textiles precarizados y sus familias, en su mayoría de origen boliviano. En este caso vivían 9 personas en el mismo cuarto, sin ventilación, y los mayores trabajan 14 horas o más…
Esta industria clandestina funciona bajo la tutela de una estructura mafiosa ligada al gobierno macrista y protegida por los responsables de ejercer el poder de policía en la Ciudad. Nos referimos a Juan José Gómez Centurión1, director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) a cargo de las habilitaciones; el contador Ezequiel Sabor, subsecretario de Trabajo -bajo las órdenes del Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, a costa de la muerte de trabajadores y servidores públicos-, y Fernando Macchi, Director General de Protección del Trabajo.
Por ser los operadores prácticos del jefe de gobierno y sus políticas de amparo a la esclavitud laboral, todos ellos tienen su responsabilidad en la muerte de los chicos.

Negocios compartidos por empresarios y funcionarios

La existencia de estos talleres estaba en conocimiento del gobierno del PRO desde mucho tiempo atrás, pero fueron protegidos y ocultados para preservar a las marcas famosas de ropa, directas explotadoras de los trabajadores y socias o emparentadas con Mauricio. Los talleres clandestinos fueron potenciados por la administración macrista, que dio rienda suelta a la ilegalidad y la superexplotación en una asociación que le genera millones de pesos a las mafias.
Como parte de esta matriz la Subsecretaria de Trabajo, a través de la gerencia operativa de infracciones a la normativa laboral, recauda por “arreglos” unos 15 millones de pesos al mes. Otro tanto recauda la AGC por habilitaciones truchas. Con el prontuario de los funcionarios en cuestión no podemos esperar más resultado que la reducción de los trabajadores a la servidumbre e incluso la muerte, como pasó en Flores. Es necesario enfrentar esta barbarie capitalista.

Nuestras propuestas

Según la Constitución y las leyes laborales, las inspecciones deben estar dirigidas a proteger la seguridad de los trabajadores y de todo el pueblo, y no a apretar a la comunidad boliviana y a los talleres familiares para someterlos a la mafia organizada. La caza de brujas que lleva adelante Centurión es para someter a los trabajadores a las marcas de sus empresarios amigos.
Ante semejante situación el ministro de Trabajo nacional Carlos Tomada debería haber denunciado los convenios de su Ministerio con la Ciudad, retirado los recursos que le aporta o denunciarla ante el Consejo Federal del Trabajo. Pero parece que el pacto PRO-K pesa más que los muertos y las pruebas…
Hay que dejar de apretar a los trabajadores y echar a los corruptos: que se vayan Centurión, Sabor y Macchi!
Para parar la corrupción: control social de las inspecciones, con participación de los trabajadores y vecinos.
Para conservar el trabajo: procesar a los explotadores y dar la administración del taller al personal en cooperativa.
Para contener a las familias y los niños: que el gobierno mantenga los planes sociales que pretende desmantelar.
Para romper la cadena mafiosa: investigar a las marcas sin talleres propios, principales responsables de la superexplotación y a los aparatos y funcionarios que convalidan dichas estructuras ilegales.
Y también conformar una comisión investigadora integrada por legisladores, trabajadores del sector y vecinos para lograr el esclarecimiento de las muertes y el castigo a sus responsables.

Edgardo Castro, inspector del Trabajo de la Ciudad y delegado general de ATE

1. Ex carapintada. Ex mayor durante la Guerra de Malvinas, se autoadjudicó la muerte del Jefe de Comandos de Paracaidistas británico: una burda mentira ya que fue un soldado raso quien defendió la posición argentina y eliminó al invasor.