Sin licencia social. Empantanada en el Congreso. Retrocediendo en Europa, recluída en España y Portugal. Con una cuadro de cuestionamiento creciente en EEUU. Todo eso viene ocurriendo con la Ley de Semillas y la agricultura transgénica en el mundo. Sin embargo, el relato “nac&pop” da para todo: el gobierno nacional anunció que habilitaría la Ley de Semillas hoy frenada en el país, por un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Se presenta la medida como una “política de intervención estatal para frenar la discrecionalidad de Monsanto”. El doble discurso ya limita con la caradurez. Expliquemos
Desde el año 1996 que bajo la gestión del entonces menemista ahora massista Felipe Solá hay transgénicos en el país. El modelo agrícola de la etapa actual del capitalismo de despojo incluye un paquete tecnológico con dos pilares: las semillas modificadas genéticamente y el agrotóxicos estrella, a saber, el glifosato. Esta lógica se fue imponiendo hasta llegar a la actualidad con el 65 o 70 % del territorio cultivable sembrado con soja transgénica y un uso de glifosato que supera los 350 millones de litros. Cabe recordar que ese agrotóxico fue recientemente denunciado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. A partir de ahí con la última década, toda la orientación del capitalismo extractivista se extendió y consolidó: la megaminería, la cementación urbana, el fracking reciente y por supuesto el agronegocio. Con ese avance en todos los terrenos pese a la resistencia socioambiental, las corporaciones redoblan la ofensiva y quieren más: andamiajes legales para sus negocios de rapiña.
Nueva Ley de Semillas o contrarreforma agraria de Monsanto
La característica dominante del capitalismo en el siglo XXI es que para garantizar en América Latina una nueva etapa de acumulación sostenida, privatiza la naturaleza. El capital se dirige a todo lo vivo para mercantilizar todo. Así para dominar el sistema alimentario presiona a “sus gobiernos” para que avalen con andamiaje legal la privatización de las semillas por la vía de patentamientos. De esta manera las corporaciones semilleras monopolizan el control de las semillas y por lo tanto solo se siembra lo patentado y lo decidido y ofertado por Monsanto y otras transnacionales. De esta forma quién controla las semillas controla la alimentación. El corrimiento de la frontera sojera en Argentina encarece los alimentos porque desplaza cultivos destinados al consumo local por soja, y obliga a importar lo que antes se producía en nuestro territorio. Por eso estamos frente a una contrarreforma agraria
Enfrentar el DNU e insistir con una alternativa al agronegocio
Presentar este decreto como una “necesidad urgente” sólo se explica por las presiones de Monsanto y los acuerdos con el gobierno nacional con el visto bueno de toda la oposición tradicional. Aníbal Fernández “prometió que a los pequeños productores no se les cobrarían regalías por el uso de semillas patentadas”. La realidad es que se legaliza de hecho y a escala de todo el país, lo que ya venía ocurriendo en contratos bilaterales entre semilleras y productores. Hay entonces una primera tarea para el movimiento socioambiental: denunciar y sumar masa crítica al cuestionamiento del DNU. Al mismo tiempo seguimos planteando con claridad: el agronegocio se puede reemplazar por una agricultura con agricultores, donde la tecnología auxilie y no reemplace mano de obra. A la vez proponemos prohibir transgénicos y glifosato. Y discutir una reforma agraria integral para repoblar el campo con apoyo estatal. Agroecología de proximidad para garantizar que la comide alcance, sea sana y no contaminante. Estos son los desafíos que tenemos trazados.
Mariano Rosa, Red Ecosocialista de Argentina
