El martes 26, con Vilma Ripoll, candidata a vicepresidente por el MST Nueva Izquierda y las dirigentes de «Juntas y a la Izquierda» y el MST, Yamila Almeida y Patricia Ríos, encabezamos una concentración en la Legislatura bonaerense en apoyo a la presentación del proyecto de Ley de Emergencia en violencia de género en la provincia.
«Las leyes sin plata no evitan muertes…»
Así lo dijimos al entrevistarnos con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en octubre de 2013; con propuestas y metas que no fueron tenidas en cuenta. Pese a la aprobación de la ley nacional y de la ‘emergencia’ por 2 años en la provincia, que venció en 2014, los datos de la Casa del Encuentro muestran un dramático crecimiento de los femicidios en estos 7 años.
A su vez, el último informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo constata 278.734 denuncias en las Comisarías de la Mujer entre 2011 y 2012. Lo que implica más de 11.600 denuncias por mes y 380 mujeres víctimas de violencia machista cada día.
Por eso presentamos este Proyecto que plantea el presupuesto necesario, las metas precisas y los plazos de obligatorio cumplimiento para dar un shock en las campañas de prevención (art. 4); brindar atención psicológica, asesoramiento jurídico y asistencia social a las víctimas en forma gratuita con la apertura de un Centro Integral de la Mujer (CIM) en cada uno de los 135 municipios (art. 5).
Junto al progresivo plan para abrir 405 casas-refugios y/o hogares de tránsito en un plazo máximo de 1 año y 8 meses (art. 6); hasta llegar a lo que recomienda la ONU de 1 cada 10 mil habitantes. Señalando que hay sólo 4 refugios en la provincia para 16 millones de habitantes. También otorgar subsidios de reinserción laborar y habitacional a las víctimas (art. 7) y crear un Registro Provincial de Datos (art. 8) que permita formular políticas públicas ante este drama social.
Junto a fijar la plata que hace falta para hacer realidad todas estas metas y plazos (art 9), cuyo monto no debe ser inferior al 0,5% del Presupuesto General (implicaría más de $ 1.200 millones).

Para que se cumpla, participación y control social

El proyecto hace también una sólida denuncia del entramado judicial y policial que impide garantizar el acceso a la justicia a las víctimas. Por ello promueve una normativa que completaría la profunda reforma, depuración, democratización y capacitación de la justicia y policía. Junto a esto y como la sola existencia de normativa específica no asegura nada, planteamos la participación y el control social para que se cumpla la ley (art. 10).
Al asistir numerosos medios pudimos difundir con éxito el proyecto. Y recoger la firma y apoyo de mujeres y hombres frente a la Legislatura. A todos convocamos a movilizar el 3 de junio.

Francisco Torres Candidato a Intendente MST La Plata