El aberrante fallo de dos jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense que favoreció al violador de un chico de 6 años por considerar que éste último tenía “conductas homosexuales” y ya había sido violado por su padre indignó a toda la sociedad.
Ambos jueces, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, tienen una docena de antecedentes similares. Entre ellos, haber defendido a un cura abusador y haberle perdonado la prisión perpetua que le correspondía al policía bonaerense Oscar Benítez, asesino por “gatillo fácil” de nuestra querida compañera Sonia Colman.
La bronca fue tanta que Piombo se vio obligado a renunciar a su cargo como profesor universitario y luego como juez. Lo mismo tuvo que hacer Sal Llargués. Pero estos dos dinosaurios no son los únicos con accionar patriarcal: a diario vemos jueces y fiscales que en todo el país atenúan la responsabilidad de violadores y femicidas, mientras culpabilizan a las mujeres víctimas de violencia machista.
Es positivo que estos dos nefastos personajes hayan tenido que dejar sus cargos por la presión de la bronca social. Pero para cambiar de raíz todo este sistema judicial retrógrado y patriarcal hace falta una verdadera democratización:
Los jueces y fiscales deben ser electos por voto popular, no por las actuales transas del poder político.
Sus cargos no deben ser vitalicios, sino durar un mandato limitado y ser revocables si no cumplen.
Y deben funcionar los juicios por jurados populares, como dispone la Constitución Nacional desde 1853 pero no se cumple.
La participación y el control social son el único camino para lograr una justicia mínimamente digna de llamarse como tal.

María Damasseno