Junto al PRO, los K y Unen, en la sesión del 11 de junio el diputado porteño Marcelo Ramal (PO-FIT) votó a favor la Ley 5.289 que propuso su par macrista Cristian Ritondo. Es una reforma puramente cosmética a la Ley 1.903 Orgánica del Ministerio Público: ésta ya dispone 40 fiscalías penales (Anexo I, punto B) y la nueva ley sólo agrega que “entre ellas, deben establecerse fiscalías especializadas en violencia de género”.
Consideramos que el voto de Ramal a favor de esta ley del PRO es un error oportunista importante por tres razones centrales:

1. No tiene ningún efecto positivo concreto. Ya 15 días antes de la sesión el fiscal general macrista Martín Ocampo había creado sus 5 “fiscalías especializadas” y las había publicitado junto a Ritondo. Además, al estar elegidas a dedo desde arriba y ser parte del mismo sistema judicial actual, que es patriarcal y totalmente dependiente del poder político, dichas fiscalías no aseguran la defensa integral que las mujeres víctimas de violencia de género necesitan.
2. Convalida la justicia patriarcal. Como toda reforma, la nueva ley reafirma la ley original. Y la Ley 1.903 es la que organiza todo el Ministerio Público, donde el jefe de gobierno designa al fiscal, al defensor y al asesor tutelar generales; estos tres a su vez nombran a sus adjuntos y los demás fiscales y funcionarios se nombran -como los jueces- por pactos del poder. Ese verticalismo y transas políticas son lo opuesto a elegir democráticamente los fiscales y jueces por voto popular, como plantea no sólo el MST sino también el PO al que representa Ramal.
3. Fue una trampa política del macrismo. Ante la marcha #NiUnaMenos quiso mostrar que hacían algo y así ocultar que el presupuesto porteño para atender la violencia de género es miserable y que hay una única casa-refugio para mujeres víctimas (¡la ONU recomienda 300!). Aunque Ramal habló de las “enormes limitaciones” de esta ley, igual equivocadamente la votó a favor junto al PRO cuando lo correcto hubiera sido abstenerse y desenmascarar la maniobra.

P. V.