El 28 mayo, en el Boletín Oficial de la Nación, se publicó la Ley 27133 que trata sobre una indemnización que recibirían los ex trabajadores Ypefianos. Esta pretendida ley vendría a reparar -solo en parte- la falta de pago de las acciones de Propiedad Participada de la ex YPF hasta completar el 10% del total de las mismas y correspondían a los ex trabajadores como parte de su indemnización, la que debía hacerse en tiempo y en forma como lo mandata la ley de Reforma del Estado 23696/89. Pero esta ley contiene irregularidades y se constituye, en sí misma, en una estafa `para los trabajadores.
La Ley 27133 es aprobada por la Cámara de Diputados y luego, en el Senado, se le introducen modificaciones, devolviéndola a Diputados que los aceptan. Pero se la publica en el Boletín Oficial sin haber pasado por el Consejo de Ministros.
En consecuencia, esta ley no tiene vigencia ya que su promulgación no es jurídicamente válida y, obviamente, no se la reglamentará. Y radica ahí una de las trampas. Porque ya es tramposo su contenido: En su art. 5 dice expresamente que, para cobrar, hay que desistir de los juicios, los ex trabajadores deben revocar el poder de los abogados patrocinantes y desistir del juicio homologado por el juez interviniente. Y luego, ceder los derechos del Programa de Propiedad Participada (PPP) al Estado nacional.

Pitrola-PO… lo que es «histórico» es la estafa

Lamentablemente y como si todo esto fuera poco, el diputado Néstor Pitrola del PO calificó a esta ley como una «reparación histórica» y la acompañó con su voto, luego de dejar en el camino el proyecto original para consensuar con el oficialismo. Todo esto se hace desde un total desconocimiento de la Causa Penal 8568/99 que llevamos propiciando hace más de 15 años junto a la abogada Dibo.
Pitrola se convierte así en cómplice de la estafa. Pero no sólo eso, el PO puso abogados para facilitar la revocatoria de esos poderes y que los ex ypefianos desistiéramos del juicio. Todo esto sin tener en claro cuál es el decreto reglamentario de esta pretendida ley y desconociendo que los ex trabajadores Ypefeanos ya pasamos por esta misma situación con la ley 25471/02 que nos reconocía nuestros derechos, pero que luego, con el decreto reglamentario 1077/03, se consumó la estafa ya que viola el espíritu y la instrumentación de la Ley.
Aparte de ser una verdadera estafa para los trabajadores, perpetúa la impunidad, ya que blanquea el delito de la venta fraudulenta de las acciones de YPF, la empresa más importante y emblemática del país, cuestión que denunciamos en la Causa Penal 8568/99 que sostenemos desde 1999.
Me cuesta escribir por aquellos compañeros esperanzados en cobrar sus acciones, pero si no lo hiciera me sentiría cómplice de tamaña estafa. Cabe preguntarse por qué están haciendo lo imposible para que se revoquen los poderes y por qué están haciendo lo imposible para que los compañeros cedan sus derechos sobre las acciones.
Luego de años de reclamo y espera, de tanta mentira y engaños, no nos regalamos. Seguimos la lucha, defendiendo nuestros derechos.

Carlos Guanciarossa Sec. Gral. Agrupación Mosconi (FeTERA-CTA) Candidato a diputado nacional, Pcia. Bs. As.